La comisión de investigación de la EMT constata lagunas en los protocolos de control

VALÈNCIA. Cuatro directivos, un banco, cuatro millones de euros robados y un plan de control que no funcionó. Así empezaba este diario la explicación sobre las lagunas existentes en los protocolos de control de los gastos elaborado por la propia EMT a raiz del fraude multimillonario sufrido por la empresa en septiembre. Unas sombras que la comisión de investigación de este miércoles corroboró y que se sustentan en un único pilar: varias funciones recayeron en la misma directiva, lo que imposibilitó que los 'cortafuegos' funcionaran en la empresa que dirige Giuseppe Grezzi.

La única empleada señalada en el caso es la jefa de Administración, Celia Zafra, ahora despedida, que presumiblemente habría sido engañada por los estafadores para dar las firmas de sus superiores y ordenar pagos para la falsa compra de una empresa en China. Zafra se habría saltado uno de los tres pasos fijados en el protocolo de control, pero restan otros dos que, de no haberse concentrado únicamente en ella, podrían haber evitado la mayoría de las ocho transferencias que llegaron a realizarse en dirección a Asia.

Siguiendo el protocolo, Zafra era la encargada habitual de preparar las facturas. Ese paso se cumplió con rigurosidad. A continuación, los responsables de ejecutar los pagos eran sus superiores, el gerente, Josep Enric García, y la jefa de Gestión, María Rayón, mediante firma mancomunada digital. Un proceder que Zafra vulneró al enviar al banco unos PDF con las rúbricas manuales falsificadas por los estafadores y que la entidad bancaria aceptó.

No obstante, había un tercer paso: el de la conciliación bancaria, que consiste en comparar el saldo bancario con los datos de tesorería con los registros que lleva la empresa. Esto, según la EMT, se hacía de forma diaria y recaía en un subalterno de Zafra. Pero en septiembre se vivió un período excepcional: este empleado no estaba operativo -de baja o de vacaciones, se desconoce-. Y en este caso, el protocolo fija que debía ser Zafra quien asumiera esta función.

De este modo, en el mes de septiembre, era ella la encargada de preparar los pagos -que no de ejecutarlos-, pero también de realizar las comprobaciones. Y consecuentemente, al ser la misma persona la que llevó a cabo los tres pasos -dos que le atribuía el protocolo y uno que no- nadie reparó en los ocho gastos irregulares que se hicieron entre el 3 y el 20 de septiembre y que ascendieron a una media de 500.000 euros.

Máxime teniendo en cuenta otra circunstancia añadida: había una directiva 'fantasma' que, siempre a juzgar por los protocolos examinados de la EMT, no tenía ninguna función en el control de los pagos, pese a ser la jefa de Finanzas, Esmeralda Aparisi, situada justo por encima de la mencionada Zafra.

No había un documento marco de los protocolos

A la salida de la comisión de trabajo, tanto los concejales de la oposición como los del PSPV coincidieron en el fallo de los protocolos de control. Tanto es así que la edil socialista y presidenta de la comisión, Elisa Valía, criticó precisamente esto, la acumulación de funciones en una única empleada que hizo imposible que fueran eficaces los 'cortafuegos'. Asimismo, señalaron que hasta el fraude no había ningún documento marco donde se reflejara negro sobre blanco cuál era el procedimiento a seguir para la realización de los pagos y cómo se modificaban las funciones en casos de baja o vacaciones.

"Protocolo como tal no hay, sólo tenemos el informe sobre los procedimientos", explicaba Valía, en referencia al documento mencionado y que se elaboró ad hoc tras conocerse el fraude. Por su parte, el edil de Ciudadanos, Narciso Estellés, aseguró que "el gerente ha dicho que el procedimiento era conocido por los empleados, aunque no documentado con esta precisión". En ese sentido anunció que incidirá en conocer si los empleados conocían estos procedimientos.

Por su parte, el concejal del PP, Carlos Mundina, subrayó al respecto que "había una falta de coordinación y de previsión", por lo que pidió que alguien asuma responsabilidades políticas. Y el edil de Vox, Vicente Montáñez, apuntó que la empresa "carece de cualquier rigor y cualquier mecanismo de contro, se vulneran los procedimientos y no dispone de los recursos necesarios, y lo que es peor: no ha pedido ayuda y no ha balanceado los riesgos".