Beatriz Simón acusa a la UCO de retrasar "deliberadamente" la investigación de Taula

VALÈNCIA. La petición de una prórroga de 18 meses por parte del fiscal Anticorrupción para poder terminar la instrucción del presunto blanqueo de capitales y la financiación irregular cometidos, supuestamente, el blanqueo por casi todo el grupo municipal del PP de València y la financiación irregular sus máximos dirigentes, ha levantado ampollas entre los presuntos autores de los delitos. En tromba han enviado escritos de oposición a la petición del fiscal.

De los escritos a los que ha tenido acceso Valencia Plaza, llama la atención el de la concejala del PP Beatriz Simón, cuyo letrado ha redactado el escrito más duro. En él, vierte una serie de acusaciones más que serias sobre los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y sobre el mismísimo fiscal Anticorrupción Pablo Ponce.

Para el simple hecho de oponerse a la prórroga, el abogado de Simón escribe frases como: "el Ministerio Fiscal es perfectamente conocedor del curso de las investigaciones encomendadas a la UCO, es decir, es conocedor de que la UCO o bien no informa oficialmente, o bien retrasa deliberadamente el resultado de la investigación". Y añade: "Debe ser que esa información está teniendo lugar fuera de los cauces del proceso".

Pero no solo contra los agentes de la Guardia Civil apuntan Simón y su abogado. El fiscal Anticorrupción Pablo Ponce recibe un dardo de un calibre pocas veces visto dentro de un escrito de parte. El letrado llega a deslizar que el representante del Ministerio Público tiene una actitud que rayaría en la prevaricación, uno de los delitos más graves que puede cometer un miembro de la judicatura. En el escrito se puede leer literalmente: "El Ministerio Fiscal incumpliendo sus obligaciones constitucionales de ser la institución garante de la legalidad, solicita, a sabiendas de su inadecuación a derecho, la prórroga del tiempo de instrucción".

Pero el dardo alcanza a todos, pues al magistrado instructor del caso, Víctor Gómez Saval, famoso en el mundo judicial por ser uno de los jueces más garantistas, hecho que quedó sobradamente demostrado cuando en los pases a disposición judicial no decretó ni una sola prisión pese a que el fiscal las pidiera, le lanza también una serie de acusaciones bastante serias. 

La que más llama la atención es la que dice: "El presente procedimiento dejó de ser garantista en el momento en que se abdicó de las funciones instructoras a favor del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial". Y apostilla: "Pero todo esto es de sobra conocido por el Ministerio Fiscal. De ahí su mala fe en la petición, y de ahí que tengamos que invocar el artículo 11.1 de la LOPJ a fin de que el instructor frene las actuaciones procesales y extraprocesales del Ministerio Fiscal contrarias a la buena fe, en sin perjuicio de la responsabilidad que en otros ámbitos pueda generar y que dejamos apuntada a los efectos oportunos". Esta última frase haría referencia a poder denunciar a Ponce si lo creen oportuno.

Y concluye: "Entiendo que esta instrucción en la sombra que lleva la policía judicial, entorpece la verdadera instrucción y ello es lo que 'obliga' al Ministerio Fiscal a pedir prórrogas. Solo el fiscal parece conocer la verdadera marcha de la instrucción, y por ello es quien se encarga de 'blanquear' la instrucción a la sombra de la policía judicial, introduciendo en el proceso pertinentemente los escritos procesales que permitan prorrogar esta investigación prospectiva. De ahí que, nuevamente, queda muy lejos de toda justificación la prórroga de una instrucción anquilosada en la búsqueda a la desesperada del Ministerio Fiscal del más mínimo indicio que permita justificar los medios desplegados para conseguir un quimérico Eldorado de la corrupción".

El blanqueo

En esta causa, conocida como caso Taula, destacó mediática y políticamente la pieza A o pieza del pitufeo. En ella se investiga si todo el grupo del PP del Consistorio salvo cuatro personas blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de 2015 y cometió un delito electoral. Pero además se investiga si desde el 2007 el PP de Rita Barberá pagó sus campañas electorales con dinero B procedente de contratas y hasta de entidades públicas municipales, y si ese tipo de entrada ilícita de dinero fue la que terminó con la forma más burda de blanqueo, el pitufeo.

La magnitud de la operación policial desbordó al PP y la presión sobre los investigados fue tal que el partido de Isabel Bonig se vio obligado a crear una gestora que dirigiera al PP de la ciudad de València, presidida por Luis Santamaría. Desde Génova se abrió un expediente a los implicados que, más un año después, sigue durmiendo el sueño de los justos mientras los concejales y asesores investigados siguen en el Ayuntamiento cobrando un sueldo público, ya que no se puede tomar ninguna decisión hasta la apertura de juicio oral más allá de la suspensión temporal de militancia.