La conexión belga de la financiación del PP de València partió de la fundación municipal CEyD

VALÈNCIA. Las declaraciones previstas por el juzgado instructor del caso Taula para tratar de esclarecer la presunta financiación irregular de la campaña electoral del PP de Rita Barberá en 2007 han tenido una testigo de excepción, la exconcejala y actual diputada socialista Ana Botella. Ella fue la primera persona que denunció públicamente las supuestas irregularidades que han terminado con toda una generación de políticos populares al borde del banquillo. Además de Botella, este viernes también fue el turno de Telesforo Julve, el representante de la empresa CMC, con sede en Bruselas y que recibió cientos de miles de euros municipales procedentes de fundaciones.

En el caso de Julve, explicó que la empresa se creó para acceder a clientes internacionales. Pero al ser preguntado por el contrato de 200.000 euros que firmó CMC con la fundación municipal Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), dijo que quien lo gestionó y firmó fue Vicente Sáez Tormo -ya fallecido-, dueño de la presunta empresa pantalla que llevó la campaña electoral de Barberá en el año 2007 y que está siendo investigada como supuesto epicentro del 'dopaje' electoral de los populares.

Preguntado por la transferencia de 200.000 euros a Fortis, aseguró "que ese dinero vino a España porque habían pedido un préstamo a la CAM. Que se transfirieron 180.000 euros y los 20.000 restantes fueron para abonar los gastos que tuvieron en Bruselas: oficina, etc...". El fiscal quiso que explicara los contratos con el CEyD que firmó con el exvicealcalde Alfonso Grau y, respecto de ellos, explicó que "los trabajos que justificaron el pago de esa cantidad se subcontrataron con LPC", que él veía trabajar a los empleados de Laterne, y que vio diversas presentaciones de los trabajos "sin poder valorar si estos eran buenos o malos".

Ana Botella

Pero si hubo una declaración que se esperaba por parte de los investigadores fue la de la exconcejala socialista Ana Botella. Botella fue la persona que inició la denuncia pública sobre las presuntas ilegalidades entre el grupo municipal popular y la empresa Laterne Product Council, y por ello sufrió la ira y el cerrojazo informativo del rodillo del PP de Barberá, que evitaron hasta en dos ocasiones que se creara una comisión de investigación. Lo que no pudieron evitar es que, siete años después, la Justicia investigara y accediera a los papeles que en su día le negaron a Botella.

En su declaración de este viernes, la diputada explicó que "las preguntas que formulaban (PSPV) no les eran contestadas, que en ocasiones el acta no reflejaba lo ocurrido". Y agregó que en la fundación FIVEC "pidieron el plan de innovación y les dieron unos documentos infumables, que era un plagio de otras cosas. Que cuando preguntó sobre quien había realizado el plan, que según los informes de su grupo los había realizado el propio ayuntamiento, dice que le contestaron con frivolidades y evasivas".

Con respecto a los plagios de informes y documentos pagados a la empresa pantalla del PP de Valencia, aseguró que "el documento que le entregaron se lo pudo llevar físicamente, que era el Plan de Innovación que había hecho FIVEC, que buscó en Google y vio que era plagio de otros trabajos". Botella narró durante más de una hora la batalla que emprendió contra el PP municipal.