VALÈNCIA. (EP). La Coordinadora Valenciana de ONGD ha emitido un comunicado este martes para insistir en su negativa a firmar "ningún acuerdo de conformidad que no garantice la devolución de lo defraudado y la justicia efectiva", además de "la asunción de unas condenas razonables" con el exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco. La Coordinadora representa a la acusación particular en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto de un hospital en Haití que no llegó a construirse.
En la sesión de este lunes, el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco presentó pactos de conformidad o preacuerdos todavía por concretar con un total de 16 acusados de los 24 que se sientan en el banquillo. Entre ellos se encuentran Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, los dos principales acusados.
Para la Coordinadora, cualquier acuerdo que no contemple dichas condiciones es "inaceptable", dado que "estaría lanzando a la ciudadanía un mensaje de impunidad frente a la corrupción y lo estaría haciendo en el caso más inmoral que ha sacudido la Comunitat Valenciana", ha declarado la presidenta de la Coordinadora, Lourdes Mirón.
Este caso supuso el presunto desvío de, al menos, 4,5 millones de euros destinados a la cooperación internacional con once países empobrecidos, incluida la ayuda de emergencia a Haití tras el terremoto que asoló ese país en 2010, causando más de 300.000 muertes y dejando sin hogar a un millón y medio de personas.
En un comunicado, la Coordinadora ha explicado que, en la sesión de cuestiones previas de este lunes, el letrado de Blasco aportó a la Sala el título de propiedad de un local situado en València --con un "valor comercial" de 600.000 euros y una tasación de alrededor de 400.000, según el abogado-- del que "ni siquiera es propietario", según esta entidad que agrupa a numerosas ONG. Además de esta propiedad, la defensa del exconseller presentó un poder otorgado a la Generalitat para la venta y/o disposición del inmueble "y ello como forma pago de las responsabilidades civiles que se le reclaman en este procedimiento".
La Coordinadora Valenciana de ONGD entiende que dicho ofrecimiento "no es serio" y "en modo alguno garantiza el resarcimiento de la responsabilidad civil y los daños morales que se le reclaman". Además, pide a la Abogacía de la Generalitat que no se sume a ningún acuerdo que pueda "lanzar hacía la ciudadanía un mensaje de impunidad ante la corrupción".
La Coordinadora de ONGD también ha destacado que en este juicio se tiene que dirimir la presunta comisión por parte de Blasco, Tauroni y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, de un delito de asociación ilícita, del que no se les acusó en la primera pieza de la causa.
Según ha recordado esta entidad que consta en las actuaciones judiciales, desde la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía dirigida por Blasco, y desde la trama empresarial encabezada por su amigo y empresario Tauroni, se manipularon presuntamente los exhaustivos procedimientos de control de la concesión y justificación de fondos para proyectos de cooperación que se aplican a las ONGD, para "favorecer a fundaciones creadas expresamente por el empresario para apropiarse de esos fondos, y a pequeñas entidades que manipularon para su lucro personal".
Todas las acusaciones personadas, tanto la Fiscalía como las acusaciones particular (la Coordinadora) y popular (Abogacía de la Generalitat) mantienen que desde la Conselleria, siguiendo las órdenes de Blasco, se eligieron empresas evaluadoras afines que presuntamente falsearon y manipularon las calificaciones de los proyectos que presentaban las entidades de la trama supuestamente dirigida por Tauroni, presionaron a funcionarios para que aprobaran proyectos que no cumplían los mínimos requisitos, o directamente los cesaban cuando se negaban a participar en la trama.
Según ha resaltado la Coordinadora, la Conselleria creó listas blancas y listas negras para determinar las entidades que recibían fondos públicos (las de la trama) y las que no podían recibirlos, y también validó justificaciones de proyectos que no cumplían el marco normativo.
De este modo, desde las ONGD han señalado que "es imprescindible que se celebre el juicio para aclarar si, tal y como creemos desde la acusación popular, Blasco y sus acólitos actuaron con un sistema perfectamente diseñado y que fueron perfeccionando a lo largo del tiempo para saquear los fondos destinados a la cooperación".
Así, la Coordinadora Valenciana de ONGD ha indicado que "continuará su labor como acusación popular con la finalidad de lograr una justicia efectiva en un caso de corrupción tan grave como este".
"Queremos que se haga justicia sin impunidad para los responsables, no creemos que sea mucho pedir. Llevamos años luchando por ella, y lo seguiremos intentando hasta el final. Sostener los gastos judiciales que supone este juicio no es fácil, y por eso hemos pedido el apoyo de la ciudadanía a través de microdonaciones. Tenemos sólo hasta el sábado para recibir las donaciones y cualquier aportación, por pequeña que sea, contribuirá a esta causa", ha puesto de relieve Lourdes Mirón.
La Coordinadora también ha apuntado que está dispuesta a firmar un acuerdo de conformidad, junto con Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, con aquellos acusados para los que solicitaba penas de prisión de entre dos y tres años, quienes han ingresado parte de la responsabilidad civil que se les reclamaba y han asumido los hechos delictivos por los que se les acusaba.
Esta entidad sí está dispuesta a firmar este acuerdo de conformidad con los acusados Alberto Pampín, Rosa Castelo, Carlos Andrés Chust, y Luis Freire y existe también la posibilidad de firmar dicho acuerdo de conformidad con José Bollaín, con quien faltan únicamente "algunos flecos" por cerrar para poder firmarlo.
