La defensa de la Infanta Cristina y el fiscal Horrach piden el archivo de su imputación

MADRID, (EP). La Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, han llegado este lunes a las 8:10 horas, con semblante serio, a la sede de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), donde tiene lugar la primera sesión del caso Nóos, en el que la hermana del Rey Felipe VI se sienta en el banquillo como presunta cooperadora de su marido, Iñaki Urdangarin, en dos delitos fiscales.

La vista oral que sienta por primera vez en un banquillo a un miembro de la familia real española ha generado la mayor expectación mediática de la historia judicial de Baleares, con 84 medios nacionales e internacionales acreditados para dar cobertura a un juicio en el que está previsto que declaren hasta 352 testigos.

La defensa de la infanta sostiene que se vulneran sus derechos fundamentales
El abogado Jesús María Silva, defensor de la Infanta, ha solicitado, durante el trámite de cuestiones previas que este lunes ha marcado el inicio del juicio del caso Nóos, que le sea aplicada a su patrocinada la "jurisprudencia consolidada" del Tribunal Supremo en torno a la denominada doctrina Botín, al considerar que la hermana del Rey Felipe VI no debe ser juzgada con la sola acusación del sindicato Manos Limpias, puesto que ni la Fiscalía Anticorrupción ni Hacienda presentan cargos contra ella.

Durante su intervención en la vista oral ha solicitado la nulidad de la apertura del juicio oral contra la Infanta: "¿Qué tenemos aquí? Una acusación popular que sostiene en solitario que Cristina de Borbón fue cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, sin acusación por parte de Fiscalía y la Agencia Tributaria", ha espetado.

"Para evitar que se vulnere la Ley, no pedimos que se aplique la doctrina Botín, sino la jurisprudencia consolidada del TS", ha aseverado, recalcando que "claro que hubo una sentencia inicial (relativa al que fuera presidente de Banco Santander, Emilio Botín, que no fue sometido a juicio en el llamado caso 'cesiones de crédito' por solicitarlo únicamente la acusación popular), pero luego otra, que sin contradecir la primera, la complementó, y otra más".

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, durante su intervención, ha subrayado que "la única respuesta judicial posible" para la Infanta Cristina es el archivo de su imputación. El representante del Ministerio Público avala así el sobreseimiento del caso para Cristina de Borbón al aseverar que "la Fiscalía, que representa al Estado, ni Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen". Asimismo, ha subrayado que "no es posible orillar" la aplicación de la Ley en este sentido "amparándonos en la manida frase 'Hacienda somos todos'".

"No es posible que Manos Limpias supla el conocimiento ni la voluntad del perjudicado", ha remarcado Horrach, quien ha aseverado tajante que el Derecho penal "no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes" puesto que "las apariencias sólo son poses y espejismos".

Se juzgará la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, que percibieron unos 3,5 millones de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid, así como fraude a Hacienda.

Ellos son los principales acusados, pero la presunta red artificial de los dos socios arrastra como responsables civiles a título lucrativo a la infanta Cristina y a Ana María Tejeiro, esposa de Torres, por haberse beneficiado y destinado los ingresos a gastos personales y familiares.

Además, doña Cristina está acusada por Manos Limpias de cooperar en los delitos fiscales y Tejeiro de blanquear capitales. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidieron que la causa fuera sobreseída para la infanta, aunque la consideran responsable civil a título lucrativo: por haberse beneficiado de 587.413 euros en el primer caso y de 168.571 euros según los representantes legales de Hacienda.

También son objeto de distintas acusaciones los cuñados de Torres, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, como secretario y gestor jurídico, y contable, respectivamente, y también está acusado el asesor fiscal Salvador Trinxet. Marco Antonio ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para confesar a cambio de una rebaja en la petición de pena. Los demás acusados son los cargos públicos que, según las acusaciones, de una u otra manera hicieron posible que el entramado de Nóos obtuviera beneficios.

De Baleares, están acusados el expresidente autonómico Jaume Matas; el exdirector general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester, amigo de los duques de Palma; y los antiguos altos cargos de la administración regional Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet. En la "rama valenciana" serán juzgados el exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón, el exdirector del Instituto de Finanzas Jorge Vela, y los antiguos gestores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Elisa Maldonado.

Por los pagos a Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, sucesora de Nóos, para que Urdangarin trabajara en pro de la candidatura Madrid 2016, está acusada la consejera delegada de la entidad que promovía el proyecto olímpico, Mercedes Coghen. Una vez planteadas las cuestiones previas, el tribunal formado por las juezas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín dispone de cuatro semanas de plazo para decidir al respecto antes de la continuación del juicio, prevista el próximo 9 de febrero.

Las juezas resolverán si se aplica a la infanta la doctrina Botín y si sigue o no la acusación contra ella. Posteriormente, los acusados comparecerán para declarar entre el 9 y el 26 de febrero, según el orden propuesto por el Ministerio Fiscal, empezando por el ex director general de Deportes del Govern balear José Luis "Pepote" Ballester. Luego lo harán los 352 testigos, del 8 de marzo al 17 de mayo.