La dirección de Antifraude se suma a la negociación de los órganos estatutarios entre PP y oposición

VALÈNCIA. La jugada va tomando forma, aunque con el resultado muy en el aire. La renovación de la dirección de la Agencia Antifraude se sumará al pack de negociación de los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana que se encuentran en funciones. Para todo ello resultan necesarios los votos de los partidos que conforman el Consell (PP y Vox), pero también alguno de los de la oposición (PSPV o Compromís) por las mayorías necesarias que establece la ley. Así que todos ellos se tienen que sentar a hablar. Pero el riesgo de bloqueo existe. 

Los próximos meses se plantean movidos en Les Corts con estos asuntos encima de la mesa. El punto de partida de las posiciones de los grupos se encuentra alejado. Cada una tiene una estrategia y acercar posturas no parece que vaya a resultar sencillo tras los movimientos de los últimos días. 

El más reciente es el de Antifraude. Este miércoles finalizó el plazo para presentar candidatos que releven a Joan Llinares, cuyo mandato acaba, según la ley, el próximo junio, justo cuando se cumplen siete años al frente de este puesto que no se puede renovar.

Dos nombres son los que quedan como opciones. Uno es el de Gustavo Segura, número dos de Antifraude. El otro es el de Eduardo Beut, exdelegado de la Agencia Tributaria con una larga trayectoria profesional y una conocida vinculación al expresident y exministro Eduardo Zaplana. 

Al primero lo han presentado como candidato único, cada una por separado y tras pactarlo, Acción Cívica contra la Corrupción –presidida por el historiador, periodista y abogado Antonio Penadés–, la Fundación por la Justicia –al frente de la cual se encuentra el magistrado José María Tomás y Tío– y Observatori Ciutadà Contra la Corrupció –constituida por colectivos de izquierda como Acció Cultural del País Valencià, Acicom, Atelier, Ca Revolta, Societat Coral El Micalet o Escola Valenciana–.

Al segundo lo ha propuesto la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública, cuya presidenta formó parte de las listas del PP en El Palomar y en Riola en las elecciones municipales de 2023 y 2019. 

Ni los grupos de la izquierda ni los de la derecha han registrado oficialmente a aspirantes. Tampoco admiten que estén detrás de los de las "organizaciones cívicas". Pero lo cierto es que los perfiles representan a ambas sensibilidades. 

Gustavo Segura es director de Análisis e Investigación de la agencia y alguien conocedor de su funcionamiento que sería continuista. Se trata de una persona de la confianza de Llinares, de cuyo equipo más cercano ha formado parte desde que entró en este cargo en 2020. 

Las organizaciones que lo proponen también participaron en el proceso que culminó con Llinares como director de Antifraude en 2018. En aquel momento nacía la agencia, una iniciativa que lideró especialmente Podem. De hecho, a Llinares se le llegó a vincular inicialmente como un perfil próximo a los morados, aunque con el paso del tiempo Antifraude ha llegado a recibir críticas –públicas y en privado– de todos los partidos por las investigaciones llevadas a cabo y que han salpicado a la totalidad de formaciones.  

El PP se desvincula de Beut

Eduardo Beut, por su parte, es inspector de Hacienda y cuenta con un perfil profesional de prestigio en este ámbito. Y aunque el PP se desvincula de la candidatura, su trayectoria también ha ido ligada de una manera u otra a los populares. Especialmente al que fuera presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. 

Tras dejar de ser delegado de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana en 2002 –cargo que ocupó durante tres años en sustitución de Vicente Rambla, a posteriori vicepresidente de la Generalitat con Francisco Camps–, Beut fue designado por el PP consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales. Esta sociedad participada al 50% por Bancaja y la CAM auspiciada por Zaplana, fracasó y fue disuelta en 2005. Beut había sido designado, en realidad, como hombre fuerte, aunque acabó denunciando la inactividad de la citada sociedad y las dificultades para desarrollar sus objetivos. 

Ya entonces se le atribuía una amistad personal con el que fuera jefe del Consell. A su vera llegó de la mano de Juan Francisco García, jefe de Gabinete de Zaplana en aquel momento. De hecho, de Beut se recuerda que fue el gran consejero y hombre de confianza del expresidente de la Generalitat en materia tributaria cuando ostentaba este cargo. 

Un año después de dejar Cartera de Participaciones Empesariales, en 2006, Beut fue fichado por la patronal de los constructores Fecoval (Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración). Primero fue gerente y luego secretario general hasta 2011, cuando fue nombrado presidente. Ocupó este puesto hasta 2012. 

Beut también fue liquidador de la mercantil Fecoval Jaume II El Just y consejero delegado de Madrid Arte y Cultura (Macsa), empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Ana Botella. Allí llegó vía Fernando Villalonga, conseller de Cultura en el primer Gobierno de Zaplana y exdiputado del PP.  

Si los populares y Vox apoyan a Beut y el PSPV y Compromís a Segura se dará una situación de bloqueo que podría extenderse en el tiempo. Desde la oposición acusan al PP de provocar conscientemente esta situación debido a que ven su mano en la presentación de la candidatura de Beut. Algo que ellos, lógicamente, niegan. De hecho, fuentes populares indican que han evitado presentar a alguien pese a tener nombres en la recámara porque habría sido rechazados sistemáticamente por la izquierda. 

Ahora, los dos candidatos deberán comparecer ante la comisión parlamentaria de Hacienda en Les Corts para ser evaluados con relación a las condiciones requeridas para el cargo. Mientras, tendrán que abrirse las negociaciones. Al PSPV ni le entusiasma la agencia en sí misma –siempre la vieron como una cesión a Podem que se tuvieron que tragar– ni el perfil de su actual director, por lo que una opción continuista de Segura no les convence demasiado. Ahora bien, lo que sí tienen claro es que no apoyarán a Beut. Compromís, directamente, sí está dispuesto a votar al número dos de Antifraude. 

En el ala derecha, a los populares tampoco agrada en absoluto la agencia y es probable que acaben tomando alguna decisión sobre ella de mayor calado más adelante –se especula con una reforma de la ley–. Pero mientras, deberán abordar la renovación de la dirección. 

El secretario general del PPCV y portavoz adjunto en Les Corts Juanfran Pérez Llorca apela al diálogo y al consenso con la oposición. Algo que deja entrever la posibilidad de explorar un acuerdo que desbloquee la situación y en el que se incluyan cesiones por parte de los populares si la izquierda hace lo propio. Es decir, que pudieran dar sus votos para la renovación de Antifraude si existiera contrapartida del PSPV y Compromís en los órganos estatutarios. 

En este momento, se encuentran en funciones la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura. Algunos de estos órganos resultan clave para el correcto funcionamiento de la administración valenciana, pero los partidos han sido incapaces de desbloquearlos en los últimos años.

Un cambio de cromos complicado 

Por el momento, la izquierda mantiene sus condiciones inamovibles. Como informó Valencia Plaza, los portavoces del PSPV y de Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví respectivamente, mantuvieron una reunión en Les Corts el martes en la que abordaron la manera de encarrilar una estrategia conjunta en asuntos como el de los órganos estatutarios. 

La conclusión fue que solo negociarán con el PP si Vox se mantiene fuera de todo. No significa únicamente que no obtengan ningún puesto en los órganos estatutarios que han de renovarse, sino que ni siquiera sean tenidos en cuenta en las mismas negociaciones ni en la toma de decisiones sobre perfiles. 

Esto se traduciría en que los populares apartaran a sus socios completamente de un asunto que les concierne como partido de Gobierno y con representación en Les Corts. Una condición que, de entrada, se antoja inasumible para el PP. 

Mientras se aborda todo lo relacionado con estas renovaciones, y a la espera de si la situación de Antifraude se encamina al bloqueo, cabe recordar que la ley de la agencia contempla que cuando finalice el mandato del director y no se haya logrado nombrar a uno nuevo se pueda designar una dirección en funciones que, de acuerdo con el organigrama actual, recaería en Teresa Clemente, directora de asuntos jurídicos de la entidad.