La empresa pública de emergencias defiende que ya ha hecho fijos a la mitad de bomberos con contratos temporales

VALÈNCIA. Más de año y medio ha pasado desde el nacimiento de la empresa pública de emergencias de la Generalitat Valenciana, la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios y Emergencias (SGISE) y muchas eran las cosas por construir desde entonces en materia laboral: la necesidad de refundir en un convenio hasta cuatro reglamentos laborales para abarcar a todo el personal subrogado, la equiparación salarial de los diferentes cuerpos que se incorporaban a la firma, la fijeza de una gran parte de los trabajadores temporales y la convocatoria de las ofertas públicas de empleo.

Múltiples cuestiones que no han estado ni están exentas de dificultades y que no se pudieron consumar durante los nueve meses de vida de la empresa en 2019, tal y como ha constatado la Sindicatura de Comptes en un informe publicado esta misma semana. Sin embargo, desde la empresa autonómica que gerencia María Duart, que cuenta con unos 900 empleados, aseguran que muchos de los apartados laborales referenciados por el organismo fiscalizador ya se han cumplido en 2020 o están en vías de resolución.

Por ejemplo, una de las cuestiones que arrastraba la SGISE desde su creación era una diferencia salarial que sufrían especialmente un centenar de empleados, miembros de la sección helitransportada del cuerpo de emergencias, respecto al resto del personal, y que los sindicatos cifraban en unos 2.000 euros anuales por trabajador. Un desajuste que, según explicaron esta semana fuentes de la firma, ya se ha solucionado durante este ejercicio.

Por otro lado, según el informe de la Sindicatura, la relación de puestos de trabajo de la nueva empresa autonómica cuenta con 948 plazas, de los cuales apenas la mitad (487) era de personal fijo en 2019. La otra mitad se repartía casi a partes iguales entre plazas de personal temporales (226) y otras de obras o servicios (235). De ahí que el organismo fiscalizador instara a regularizar la situación de todos aquellos empleados con contrato temporal o de obras y servicios.

Estas dos formas de contratación constituían la práctica habitual en Tragsa, la empresa estatal de donde procede buena parte de la plantilla. Los tribunales ya habían empezado a fallar a favor de la fijeza en la firma estatal, por lo que la SGISE heredaba esta situación y tenía que ponerle solución. Y es, según lo expuesto por la empresa, lo que se está haciendo.

"La única manera de acceder a la fijeza en una empresa pública es a través de una OPE o mediante una sentencia judicial", explican dichas fuentes en este sentido. Por ello, la actitud que ha adoptado la mercantil pública es, dicen, esperar a que vayan llegando los fallos judiciales para ir aplicándolos ipso facto. Tanto es así que "no se ha recurrido ni una sola sentencia", subrayan en la misma línea. Así, dicen que a estas alturas "más de la mitad de contratos de Tragsa que estaban en una situación jurídicamente interpretable ya son contratos fijos", y que "en 2021 se seguirá haciendo así".

Y además, otra de las cuestiones en el punto de mira era la temporalidad de los equipos de refuerzo que se contrataban en verano. "Este año ha sido la primera vez que les hemos ampliado el contrato hasta diciembre debido a la covid", sostienen sobre este aspecto.

El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la situación de la empresa en 2019 señalaba, asimismo, que esta no había podido "llevar a cabo procesos selectivos definitivos debido a que la la limitada estructura administrativa [...] ha impedido poner en marcha algunos aspectos de la nueva sociedad mercantil". Sobre esto, la SGISE incide en que en el verano de este año se aprobó la Oferta Pública de Empleo para los puestos de estructura y que "a principios de 2021 se prevé empezar con los procesos selectivos".

Negociaciones del convenio

Al crearse la SGISE en 2019, el personal que se subrogaba estaba regido por tres convenios colectivos diferentes, y además otra pequeña porción de la plantilla se regía únicamente por el Estatuto del Trabajador. Al 82% de la plantilla se le aplicaba el convenio de brigadas forestales de Tragsa; al 5%, otro convenio de la misma firma; y al 10%, el de Foresma. 

La dirección se comprometió a sustituir este cóctel de textos reglamentarios por un único convenio para todos los empleados de la SGISE, y acabar así no sólo con la inseguridad jurídica, sino con la inestabilidad que generan las diferencias retributivas que todavía se mantienen en el seno de la organización. Año y medio después todavía no se ha alumbrado un texto pero en la firma dirigida por Duart aseguran que las negociaciones están avanzadas tras más de 500 horas de conversaciones.

"La empresa ha presentado una plataforma y la pelota ahora está en el tejado de los sindicatos", explican. El nuevo texto mantiene todos los derechos adquiridos en los convenios previos a la subrogación y equipara "al alza" las condiciones de los diferentes grupos, y además, inciden, "es un convenio ambicioso porque también se ocupa de planificar el servicio". Con todo, cuando se alcance un acuerdo, el convenio requerirá todavía el visto bueno del departamento de Sector Público.