La agricultura está en el punto de mira del Pacto Verde de la Unión Europea. Dos estrategias comunitarias pretenden decir adiós a los fitosanitarios para plantar cara a la emergencia climática, haciendo de la producción ecológica el estandarte del continente en la próxima década. Pero las buenas intenciones sobre el papel tienen un alto precio
VALÈNCIA.- Mayor sostenibilidad ambiental, económica y social para conseguir un sistema alimentario europeo resiliente. Este es el objetivo de la Unión Europea para afrontar la crisis alimentaria que podría derivarse de la emergencia climática, y que ha recobrado nueva fuerza en la pandemia ante la urgencia de garantizar los suministros propios en una situación forzosa de fronteras cerradas. Para alcanzarlo, la Europa del Green Deal aspira a transformar el sistema de producción de alimentos con una receta que afecta al campo y al paisaje europeo.
Entre otras medidas, Bruselas se propone disminuir para el conjunto de la Unión un 50% el uso de productos fitosanitarios, reducir al menos un 20% el de fertilizantes, recortar un 50% las ventas de los antimicrobianos empleados en la ganadería y la acuicultura, y alcanzar un 25% de tierras dedicadas a la agricultura ecológica, además de transformar, como mínimo, el 30% de las tierras y mares de Europa en zonas protegidas y retornar la biodiversidad al menos en el 10% de la superficie agrícola. Pero otra cosa es cómo materializar que la buena voluntad de la receta planteada por Europa compatibilice la agricultura de cero emisiones y sin fitosanitarios con la productividad y rentabilidad de los cultivos frente a la competencia exterior, libre de las exigencias ambientales del continente.
En noviembre de 2020, los servicios de prospección económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) emitieron un informe nada halagüeño sobre los efectos en la economía y en la seguridad alimentaria a raíz de la reducción de los insumos agrícolas en el marco de las estrategias De la granja a la mesa y Biodiversidad 2030, las bases del plan decenal del Pacto Verde Europeo dado a conocer en mayo. En el escenario que traza la USDA alarman tanto del aumento de los precios, que repercutiría en los bolsillos de los consumidores, como la reducción del comercio y del producto interno bruto (PIB) de la UE, con una pérdida de cerca de sesenta millones de euros.
Las conclusiones prevén que, de aplicarse las restricciones, para 2030 la producción agrícola europea caerá un 12%, y los ingresos de las explotaciones agropecuarias un 16%. Y con ello no solo debilitará su competitividad en los mercados nacionales y de exportación, también mermará el bienestar y la inseguridad alimentaria mundial en caso de adoptarse fuera de la UE.
Agrupaciones como la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han reprochado a las autoridades europeas que el Departamento de Estados Unidos haya sido el primero en publicar un análisis de impacto. También ha sido diana de críticas debido a que las estrategias europeas no se hayan acompañado de estudios técnicos de la Comisión que avalasen la idoneidad y viabilidad de los objetivos propuestos.
Los retos que plantea Europa no son nuevos. Pocos agricultores olvidan que en 2009 se aprobó el Paquete Fitosanitario Europeo, el reglamento de uso y comercialización de estos productos que el sector agrícola ha ido aplicando hasta hacer de la agricultura europea la más sostenible, ética y segura del planeta con la salud humana y el medio ambiente, acorde también a las normas más estrictas del mundo. Por eso, las nuevas estrategias no gustan a ninguna de las mayores organizaciones agrarias valencianas, incluso entre quienes habían apostado por la producción ecológica.
«La UE está muy por delante en sostenibilidad, pero el resto del mundo no lo ha hecho. Producimos en condiciones anticompetitivas con lo que viene de Egipto, Turquía, Marruecos, Perú, Chile, Brasil o China. Nuestros costes son cada vez mayores, los suyos no varían. De la granja a la mesa dice que el resto de los países seguirán a la UE. Es una ingenuidad. Todo se ve desde un punto de vista muy demagógico y maximalista del ecologismo radical», lamenta Juan Salvador Torres, secretario general de AVA-ASAJA, que valora como «buena» la finalidad de las estrategias, pese al horizonte frágil que se atisba para el sector valenciano. «Si las medidas son buenas para el planeta, hay que pactarlas con todos los países. Como mínimo, lo que importamos en la UE debe cumplir las condiciones para los productores europeos», añade Torres.
Juan Salvador Torres (ava-asaja) / «Como mínimo, lo que importamos en la UE debe cumplir las condiciones para los productores europeos»
El escenario para la agricultura valenciana puede intuirse, según Torres, a través del ejemplo del caqui y la plaga de la cochinilla algodonosa, el cotonet. «Desde hace dos o tres años, diversos cultivos no pueden luchar contra ciertas plagas y enfermedades porque ya no tenemos materias activas fitosanitarias eficaces autorizadas. Por ejemplo, no hay un producto alternativo eficaz contra el cotonet. Los agricultores se pasan toda la temporada pulverizando y al final de la campaña el destrío mínimo de cada campo es de un 30%, o incluso hasta el 100%», explica el representante de AVA-ASAJA.
El concepto de proximidad, aparejado a la producción ecológica como objetivo climático de la Europa verde, también despierta dudas. «El 90% de lo que producimos en la Comunitat lo enviamos sobre todo a la UE; por ejemplo, cuatro o cinco millones de toneladas de cítricos cada año. ¿Eso es proximidad? Además, se pone en el mismo saco nuestra agricultura de proximidad con la que viene del hemisferio sur, y esa no llegará en el catamarán de Greta», señala Torres.
El abandono de las tierras de cultivo —en el que la Comunitat Valenciana es líder— constituye lo peor que le puede ocurrir al medio ambiente, lamenta Torres: «Supone desertificación, incendios forestales, pérdida de biodiversidad y de paisaje. Es una pérdida brutal. La Comisión Europea está empeñada en unos planteamientos de sustitución que reduzcan la agricultura europea a mínimos simbólicos. El sector agrario es responsable del 10% de los gases de efecto invernadero, ¿por qué no se habla del otro 90%? La UE focaliza el problema en el campo, cuando no lo es».
La mitigación del cambio climático exige agricultura de precisión y digitalización. Pero que todo el peso recaiga en la agricultura cuando España es cada vez menos agrícola supone una contradicción a ojos de J.M. Mulet, catedrático de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia e investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), del CSIC y UPV. «Si cambia el patrón de temperaturas y precipitaciones, el primer efecto es la falta de productividad. En lugar de ofrecerle herramientas para mantener la producción, se la culpa. En la emergencia climática, los agricultores son víctimas», recalca el autor del recién publicado Ecologismo real (Ed. Destino), quien añade que la estrategia es «especialmente mala» para los países del sur de Europa y que sería «apocalíptica» en caso de cumplirse al pie de la letra.
J.M. Mulet (catedrático de biotecnología) / «En la estrategia de la UE no se habla ni de ciencia ni de biotecnología. Aquí queremos hacer de la agronomía una artesanía»
«Una estrategia de agricultura a largo plazo que se dedique solo a lo ecológico no es sostenible. Sin fertilizantes sintéticos no se produce cereal, la base de la cadena alimentaria. Sin nitrógeno, la planta crece con una producción de risa. La UE puede prohibirlo todo, pero puede significar que aquí lo tengamos muy complicado. El norte de Europa continuará importando huerta, da igual si es de España, Marruecos o Sudáfrica», subraya este bioquímico.
Con la política de incentivación, el porcentaje de consumo ecológico en Europa se sitúa por debajo del 10%, una cifra que la estrategia europea pretende multiplicar hasta el 50% en 2030. «El problema es de producción. En Valencia, cuando Carolina Punset intentó embotellar zumo de naranja ecológica no había suficiente producción. En la estrategia no se habla ni de ciencia ni de biotecnología. Aquí queremos hacer de la agronomía una artesanía. Cuando ves la política agraria, no sabes si piensan en una actividad económica para que los agricultores se ganen la vida y den de comer a toda la sociedad, o si es una parte más del turismo. Mantener el modo de vida y el paisaje es más propio de tener un parque temático», sentencia Mulet.
Aunque el informe prospectivo de Estados Unidos ha tenido buena acogida entre las organizaciones agrarias, también llegan algunas críticas desde la universidad. Para José María García Álvarez-Coque, catedrático de Economía Aplicada y director de la Cátedra Tierra Ciudadana en la UPV, el hecho de que el informe lo firme el USDA es «como decir que Monsanto fuera a hablar bien de los productos orgánicos».
«El USDA ha hecho un estudio pagado para hacer lobby a favor de los intereses americanos, diseñado desde el punto de vista macroeconómico para demostrar que van a bajar los rendimientos en Europa y que va a resultar fatal para la demanda mundial creciente. Habría que ver si faltan alimentos o si los mecanismos para su distribución no son los adecuados, y las preferencias nutricionales de la población, si la gente quiere comer carne o cambiar sus hábitos. La demanda juega en la ecuación; no es solo un problema de oferta», señala este experto en políticas agrarias, autor de un informe para la Cátedra Prospect, de la Univesitat de València, sobre la necesidad de una visión holística del sistema agroalimentario.
La investigación es primordial, observa este catedrático, lo que exige ser «provisionalmente sensibles a una transición». «Transición no significa que el cambio sea automático, y cuando hablamos de agricultura orgánica hay que distinguir en un modelo de consumidor y una figura de acreditación de calidad. Puede haber muchos modelos de reducción de residuos, pero el mercado de productos orgánicos en Alemania está creciendo como una moto, y aunque me pueda dedicar mucho tiempo a decir que se equivocan, hay que adaptarse, porque van por ahí los tiros», destaca Álvarez-Coque.
Aunque la estrategia requiera una escala de cambio para la que los pequeños productores no están preparados, la agricultura, según este experto, debe «evitar el complejo de víctima continuo». «Ni el Pacto Verde es una forma de machacarnos, ni se nos puede culpar de ser los causantes del daño ambiental. Hay un sector marginado, y no sirven las cifras triunfalistas de ‘el sector agroalimentario exporta no sé cuántas toneladas’ o ‘hemos batido el récord de exportaciones’. A lo mejor tampoco es conveniente regarlo con subvenciones sin más. Hay que explicar bien las políticas; el sector cooperativo debe cambiar la mentalidad: hay que hacer lobby para que Bruselas aplique las medidas en procesos de transición adecuados».
Comunicativamente, los agricultores no pueden posicionarse como el freno a la estrategia, sino como los líderes de la transición climática, recalca Álvarez-Coque. «A partir de ahí hay que ver cómo estimular el cambio, y no decir que los cambios son obligaciones de Bruselas. Si vamos de obligados, no vamos a sacar lo mejor de nuestra agricultura. Lo que podemos sacar ahora mejor de nosotros está en lo ecológico, en reducir emisiones, residuo cero, en la calidad y la cercanía de los mercados. Vamos a diferenciarnos y a decirlo con alegría, no por obligación», apuesta este catedrático.
El productor europeo y valenciano debe asimilar la agricultura ecológica como una ventaja, comparte Carles Peris, secretario general de La Unió de Llauradors i Ramaders, como una diferenciación dentro del mercado. «Si la estrategia se hiciera de forma más progresiva, la tendríamos que aprovechar como especialistas. Hay que vender lo que sabemos hacer bien», resalta Peris, para quien todo lo que implica una mayor sostenibilidad es positivo a largo plazo, siempre que el sector agrario soporte el nivel de exigencia propuesto.
«Los objetivos son muy difíciles de cumplir. La transición ecológica implica un mayor coste en mano de obra o menor producción. Nadie puede producir las mismas toneladas por hectárea aplicando un fitosanitario que si no lo aplica. Llevamos muchos años en la línea ecológica y zonas productoras como la Comunitat Valenciana o Andalucía no llegan al 18% de superficie. Tampoco la venta de ‘kilómetro 0’ deja de ser un hueco de mercado reducido ante el modelo de la gran superficie. Las estrategias lo deberían tener en cuenta. Hace tiempo que trabajamos en esa línea, pero ahora tenemos dudas de si vamos a poder soportar esas medidas tan estrictas», recalca Peris, cabeza visible de los productores del sector.
La clave de las estrategias está en la velocidad de su aplicación. Según Peris, el plan previsto anda falto de un sistema progresivo y equilibrado. «Dudo que la estrategia tenga un desarrollo normal y cumpla los plazos. La CE debe entender que nuestro modelo es de pequeños y medianos productores. Si solo quieren beneficiar a los grandes, nuestro modelo lo tiene más complicado para que sea rentable», observa el líder de La Unió, quien defiende que debe darse un paso claro en igualdad en las formas de producción para una competitividad sana entre mercados.
«Tampoco se pueden eliminar de forma tan agresiva los fitosanitarios —en el sector que menos los usa— sin una solución biológica o un producto evolucionado respetuoso con la naturaleza, útil en la aplicación y muy seguro para el consumidor. Están dejando al productor sin herramientas y hay miedo de no poder seguir con este modelo», añade Peris, cuya organización, reconoce su portavoz, ha sido más abierta a la línea ecológica. «Mucha gente no entiende ese mensaje, hay rechazo. Europa debe corregir esas estrategias para que sean más cómodas de aplicar y que no se vean como una agresión, porque a la larga no nos traerá nada bueno».
* Este artículo se publicó originalmente en el número 79 (mayo 2021) de la revista Plaza