VALÈNCIA. La solución de la Conselleria de Hacienda para evitar que Feria Valencia entre en causa de disolución este mismo año, que implica la cesión a la Generalitat de la concesión y los edificios que forman el recinto ferial, incluye una compensación para el Ayuntamiento de València en forma de permuta.
De esa manera, a cambio de hacerse cargo de la millonaria deuda que se generó con la ampliación de Feria Valencia, la Generalitat Valenciana pasaría a ser la titular de los edificios pero la ciudad podría incorporar al patrimonio municipal alguno de los inmuebles de titularidad autonómica.
Entre las opciones que se plantean incluso está que el Ayuntamiento de València pueda quedarse alguno de los edificios que forman parte del conjunto de Feria Valencia para poder utilizarlos a su conveniencia.
Este intercambio de inmuebles entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat permite al Consistorio amortiguar la despatrimonialización que supone la transmisión a la Generalitat de la titularidad de la concesión para la explotación de Feria Valencia y la titularidad de los inmuebles.
Si no se realizara esa transmisión, la Generalitat puede acabar pagando hasta 1.014 millones de euros entre el principal y los intereses de los créditos para financiar la ampliación del recinto ferial, pero en el momento en el que expire la concesión a favor de Feria Valencia, el propietario de los edificios pasaría a a ser el Ayuntamiento.
Según explican fuentes conocedoras de la negociación, la Conselleria de Hacienda ha encargado a la Dirección General de Patrimonio que indague en el inventario de activos disponibles en busca de algún inmueble en la ciudad que pudiera interesar al Ayuntamiento y sobre el que pudiera hacerse una valoración que permitiera realizar una permuta.
Sin embargo, la Generalitat no dispone de demasiados activos inmobiliarios que cumplan esos requisitos. Por ello, una de las opciones que están encima de la mesa es que el Ayuntamiento pueda conservar la propiedad sobre algunas partes de Feria Valencia en lo que sería una suerte de reparto del recinto entre las dos administraciones.
Entre las opciones que se manejan están las partes del complejo que son menos interesantes para uso expositivo, las más antiguas. Es el caso, por ejemplo, del nivel 1 del complejo, que actualmente se utiliza como aparcamiento porque no reúne las condiciones de altura libre necesaria para acoger certámenes.
También se valora la opción de que el Consistorio pueda adscribir como patrimonio municipal los pabellones 7 u 8. En el caso del primero, de hecho, se trata de un pabellón del que Feria Valencia ya se desprendió de forma temporal cuando se lo alquiló por cinco años a una empresa externa para que abriera Teyoland, una tienda de muebles valenciana inspirada en Ikea que cerró a los pocos meses.
En las conversaciones también se ha barajado la opción de dejar para el Consistorio la parte del recinto en la que se encuentran las oficinas del personal que trabaja en la Feria y los despachos del presidente –cargo aún vacante– o el director general. Se trata de un edificio acristalado en forma de cubo de color negro que da la bienvenida a los visitantes que acceden al Foro Centro, el principal acceso al recinto ferial, desde el lado opuesto al centro de eventos.
La propuesta de la permuta se abordó durante la reunión del comité ejecutivo del recinto ferial que se celebró el pasado jueves. Como publicó este periódico, la representante de la Generalitat en ese órgano, María José Mira, expuso que la realidad financiera y patrimonial de Feria Valencia, agravada por la crisis de la Covid-19, obliga a la Generalitat y al Ayuntamiento de València a ponerse de acuerdo para resolver el desequilibrio patrimonial que se va a generar cuando se haga efectiva la subrogación de la deuda por parte de la Generalitat.
De lo contrario, ambos estarían obligados a aportar su parte correspondiente de recursos como patronos para salvar a la entidad de entrar en causa de disolución y ser posteriormente liquidada.
El motivo es que, cuando el patronato apruebe próximamente esaa subrogación, aprobada por Les Corts a principios del año pasado, el recinto ferial dejará de anotar en sus cuentas la subvención que cada año le ha venido dando la Generalitat para que pueda pagar los créditos del plan de financiación de esa ampliación.
Al desaparecer esa ayuda aflorará la verdadera situación patrimonial del recinto, que presenta fondos propios negativos desde 2015 por las pérdidas de años anteriores. Con los ingresos propios de la actividad ferial, el recinto no puede cubrir sus gastos operativos y la amortización de sus pabellones.
Por parte del Ayuntamiento, en la última reunión del comité ejecutivo de Feria Valencia estuvo la edil socialista Pilar Bernabé, concejal delegada de Emprendimiento e Innovación Económica y Formación y Empleo, entre otras áreas.
El alcalde de Valencia y presidente del patronato del recinto ferial y uno de los frenos para que la transmisión de los edificios de Feria Valencia no se haya realizado hasta ahora, Joan Ribó, no estuvo en la reunión al no formar parte del comité ejecutivo. En realidad, el acuerdo que se reactiva ahora ya se puso sobre la mesa en abril del año pasado en forma de dación en pago para que la administración autonómica se resarciera del coste público asumido con la deuda, pero el alcalde se descolgó posteriormente del mismo alegando problemas "jurídicos".