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la nueva ola de contagios y la campaña de vacunación retrasa la retirada

La Generalitat Valenciana aplaza un mes el desmontaje de los hospitales de campaña

Foto: KIKE TABERNER
4/01/2022 - 

VALÈNCIA. Al menos un mes más permanecerán en pie los tres hospitales de campaña de la Generalitat Valenciana. La administración valenciana preveía poner en marcha el desmontaje de las instalaciones ubicadas en València, Alicante y Castellón, pero la nueva ola de contagios por coronavirus y la campaña de vacunación ha motivado que la Conselleria de Sanidad, dirigida por Ana Barceló, haya decidido esperar un poco más.

Las infraestructuras sanitarias temporales iban a empezar a desmantelarse el 30 de diciembre de 2021. Al menos ese era el plazo que había marcado el departamento de Barceló una vez superado el verano, con la vacunación avanzada y la remisión de los contagios entre la población. De hecho, ya se había preparado la operación de desmontaje desde la Conselleria de Justicia de Gabriela Bravo, promotora en la práctica de los tres hospitales de campaña.

Sin embargo, los sindicatos sanitarios tuvieron conocimiento la pasada semana de la posibilidad de que la Conselleria de Sanidad los mantuviera más tiempo debido al incremento -todavía no preocupante pero sí constante- de las hospitalizaciones a causa de la nueva ola de contagios por coronavirus, con cepas de mayor transmisión. Una circunstancia que, además, se suma a la limitada duración de la protección por las vacunas para aquellos que fueron los primeros en vacunarse.

Así pues, fuentes de la administración autonómica confirman que la Conselleria de Sanidad ha dado la orden para frenar el desmantelamiento de las instalaciones y postergar la operación al menos un mes, a la espera de ver cómo evoluciona la situación epidemiológica en la Comunitat Valenciana. Explican dichas fuentes que actualmente, en algunos casos, las instalaciones se estaban empleando para avanzar en la campaña de vacunación.

Las conselleras Bravo y Barceló visitando uno de los hospitales de campaña. Foto: KIKE TABERNER

La Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), de la que se encarga José María Ángel, había encargado a la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, poner fin a estas infraestructuras sanitarias por más de un millón de euros. Pero la orden de Sanidad retrasará los trabajos, al menos, treinta días más allá de lo inicialmente previsto. Un aplazamiento que no tendrá coste adicional.

Así pues, la firma pública es la que debe elaborar un proyecto de desmontaje y posible reconfiguración por si es necesario volver a emplear las instalaciones en un futuro por el 112, ya se para atención sanitaria por la pandemia o para hacer frente a otro tipo de catástrofes. Y cuando llegue el momento, también deberá, además de llevar a cabo el desmantelamiento efectivo, realizar la limpieza y desinfección de las carpas y los elementos interiores.

Al final del todo, se procederá al almacenamiento. Un último paso que se dará en sendos almacenes propiedad de la Generalitat Valenciana, uno en cada provincia. En el caso del hospital de campaña de la ciudad de València, la administración autonómica ha decidido guardar la instalación en una nave ubicada en Quart de Poblet, como publicó este diario.

16 millones y poco uso

Inicialmente, el coste de las instalaciones era de ocho millones incluyendo el equipamiento, si bien posteriormente distintas necesidades de acondicionamiento acabaron elevando el coste a más de 16 millones de euros según cifró en su día la propia empresa adjudicataria,  Ingeniería Desarrollos de Alta Tecnología (IDAT), filial de Hispano Vema.

Foto: KIKE TABERNER

Cuando se proceda al desmontaje, se pondrá fin así a los pocos servicios prestados por estas instalaciones en los 20 meses que habrán estado operativos. Hay que recordar que la Generalitat Valenciana las levantó como una medida anticipatoria ante un posible colapso sanitario que, en ese momento, ya estaban sufriendo otras comunidades autónomas. Pero finalmente su uso ha sido secundario, sobre todo en lo que se refiere a ingreso de enfermos por covid.

En ese sentido, el Gobierno valenciano ha insistido en que no haber tenido que utilizar de forma constante y generalizada los hospitales de campaña ha sido una "buena noticia" al significar esto que no se ha alcanzado una presión hospitalaria extrema que obligara a ello. Y ahora, apuntan a otros países, como Gran Bretaña, que están instalando hospitales de campaña para hacer frente a la actual ola de contagios. En ese sentido, recuerdan que las instalaciones son ya propiedad de la Generalitat Valenciana para cualquier eventualidad.

El hospital de campaña de València, en el aire

La situación del hospital de campaña erigido en València, al lado de La Fe, es especialmente reseñable toda vez se ha superado la Nochevieja. El centro se construyó careciendo de licencia ambiental y de la correspondiente autorización administrativa para la ejecución de las obras. El Gobierno valenciano se acogió a la exención que permite la normativa siempre y cuando la construcción de infraestructuras responde a "razones de urgencia o excepcional interés público declarado por el Consell".

Foto: KIKE TABERNER

Sin embargo, el proyecto del hospital de campaña, visado por el Colegio de Arquitectos en junio de 2020, explicitaba que la actividad de estas carpas estaba "sometida a régimen de licencia ambiental". Un proyecto que, hay que resaltar, no se presentó al Ayuntamiento de València, tal y como ha reconocido ante el Síndic de Greuges el departamento de Urbanismo consistorial, que dirige la socialista Sandra Gómez.

Sólo cuando el grupo municipal del PP preguntó reiteradamente por esta cuestión a la concejalía e hizo mención al proyecto, Urbanismo abrió una inspección para aclarar si hubo irregularidad, 17 meses después de ponerse en marcha las instalaciones sin licencia. Y la inspección, llevada a cabo el pasado septiembre confirmó la falta de permisos.

Así pues, ante ello, la concejalía requirió el 28 de octubre a Sanidad regularizar las obras ejecutadas sin licencia con la "expresa advertencia" de que si no lo hacía en un plazo máximo de dos meses se acordarían "las medidas de restauración de la legalidad [...] incluida, en su caso, la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente". Pasado ese plazo, se desconoce por el momento si Sanidad ha legalizado las obras. Aunque, eso sí, las mantendrá en pie un mes más.

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