VALENCIA, (EFE). La Generalitat ha recuperado otros 290.00 euros del "caso Cooperación", al quedarse los pisos que la trama compró en Valencia con la ayuda que la Generalitat había destinado a Nicaragua, que se suman a los 260.000 euros del dinero incautado a los dos empresarios condenados en la causa.
Así lo han indicado a EFE fuentes de la Generalitat, que han recordado que, tras ingresar la Generalitat el dinero incautado a los dos empresarios condenados en la primera pieza del caso -Augusto César Tauroni y Marcial López-, salieron a subasta judicial los cuatro inmuebles que compró la fundación Cyes, por 900.000 euros.
En concreto, se trata de tres pisos que ocupan 600 metros cuadrados en una planta diáfana, en la avenida Ausiàs March de Valencia, y de una plaza de aparcamiento, que salieron a subasta por un valor total de 580.000 euros, equivalente al valor de la tasación, pero se presentó un única puja, por 84.200 euros en total.
Dado que el Consell busca recuperar los 1,6 millones de euros que según la sentencia confirmada por el Supremo la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) desvió del dinero recibido por la Generalitat para dos proyectos en Nicaragua, tras la subasta podía aceptar los 84.200 euros, o quedarse los pisos.
Según las mismas fuentes, la ley permite que la parte ejecutante de la sentencia se pueda quedar los inmuebles por la mitad de la valoración, y es lo que se ha hecho en este caso, si bien la Generalitat no tiene que abonar nada, porque esos 290.000 euros se descuentan de la cantidad que la Generalitat tiene que recuperar.
Además, la Generalitat visitó los pisos, que están en buen estado y se podrían utilizar ya, con un tasador propio, que estableció que el metro cuadrado de los pisos de la zona está en 1.500 euros el metro cuadrado, mientras que los 290.000 euros suponen un coste de 500 euros el metro cuadrado.
Una vez que la Generalitat dispone de esos activos, tiene tres opciones: venderlos en un futuro a precio de mercado, alquilarlos, o bien ocuparlos y dejar el alquiler de otros inmuebles, aunque hasta el momento no se ha adoptado una decisión.
La Generalitat ha recordado que quedan pendientes de subastar propiedades de Tauroni en Miami (varios apartamentos y un barco), y un apartamento turístico de Marcial López en la costa valenciana.
Por lo que respecta a los condenados que han sido funcionarios o cargos públicos de la Generalitat, la vía para recuperar el dinero es través de los procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas, que ya ha dictado una sentencia condenatoria, pero no es firme todavía.
No obstante, la Generalitat ha pedido al Tribunal de Cuentas que ejecute los bienes del exconseller Rafael Blasco, que están pendientes de identificar y valorar, para asegurar que el exconseller participa también en el pago de la condena
Las mismas fuentes han añadido que, dado que la sentencia fija una responsabilidad solidaria, se corre el riesgo de que si al ejecutar los bienes de los empresarios y de la fundación condenados se cubre el importe total de la condena, el que fuera el máximo responsable de la Conselleria de Solidaridad no participaría en el pago, lo que quieren evitar.