La Inspección de Trabajo amonesta a la UPV por el veto a las embarazadas

VALENCIA. Haber descartado a dos mujeres embarazadas para ser monitoras en su Escola d’Estiu podría salirle caro a la Universitat Politècnica de València (UPV). La denuncia realizada desde el sindicato Stepv-Iv ha tenido como resultado un informe a cargo de la Inspección de Trabajo, en el cual se indica que la evaluación laboral de la última afectada no fue “adecuada” y presenta “distintas deficiencias”. En concreto, se insiste en que no se puede negar la contratación porque existan riesgos laborales, ya que dichos riesgos no fueron correctamente evaluados ni atendieron al procedimiento ordinario.

Al estar hablando de personal interino y no de funcionarios contratados, la propuesta de requerimiento de la Inspección de Trabajo no es determinante ni tiene un efecto directo. Sin embargo, puede recrudecer el procedimiento contencioso-administrativo que el sindicato mantiene abierto contra la Universidad y está pendiente de resolverse en un juicio futuro. “Quizá ahora la UPV se piense lo de llegar a un acuerdo extrajudicial puesto que los informes no le son favorables”, valora Sergi Panella, coordinador de Stepv-Iv.

Las fuentes oficiales de la UPV, no obstante, se enrocan en su postura. Descartan llegar a un acuerdo y van a esperar a que exista una sentencia judicial para actuar en un sentido u otro. “Nosotros separamos las dos cuestiones. La Inspección de Trabajo nos dice que hay cosas que debemos mejorar, y así lo haremos. Pero en el caso de esta trabajadora, creemos que nuestra actuación fue correcta y esperaremos a que el juez lo determine”, argumentan.

De hecho, ya han presentado varias alegaciones al informe de la Inspección, que deberán ser resueltas en el plazo estimado de un mes. Hasta que no se complete este trámite, el texto tendrá carácter provisional, y solo se convertirá en definitivo al final.

Deficiencias al evaluar los riesgos

En concreto, a lo largo de su informe, la Inspección de Trabajo determina que pese a existir “una evaluación específica de la situación de embarazo de la trabajadora” afectada, no consta “una evaluación inicial del puesto de monitor de l’Escola d’Estiu”. Por tanto, no se pueden comparar ambos extremos. Se requiere que la UPV realice dicha prevención inicial en un plazo de tres meses, adaptándola “en particular a la situación de las trabajadoras durante la situación de embarazo o lactancia”. En ella se deben señalar las condiciones de trabajo que puedan “influir negativamente en la salud” de las empleadas en dicho estado.

Además, se recuerda que desde 2012 se viene impartiendo una formación teórica en materia preventiva a los monitores, pero en este caso “no se acredita que se haya cumplido con esta obligación”. Este es el único punto en el que difiere la UPV, que afirma que dicha formación “sí ha sido acreditada” y ha recurrido el punto. En el resto de caso, no solo se muestra de acuerdo, sino que está dispuesta a "rectificar todo aquello que sea necesario". 

El último punto del informe hace referencia a la propia evaluación de la trabajadora embarazada, en la que se observan “distintas deficiencias”. En concreto, se determina que el documento ha sido elaborado “teniendo en cuenta la información de los responsables de l’Escola d’Estiu, pero sin participación de la embarazada”. También se indica que en el proceso no han participado los delegados de prevención, como se establece en la normativa, y, sobre todo, que se evalúan aspectos “de manera genérica” sin concretar los riesgos.

Así, por ejemplo, se identifica el riesgo por manipular cargas o someterse a ruidos, pero no se especifica el momento ni la duración de la trabajadora para someterse a ellas. Por tanto, se insta a rectificar inmediatamente esta situación con las trabajadoras embarazadas, pero aquí la UPV se muestra en contra. Recuerdan que su resolución se basó “en unos informes médicos”, y estos a su vez “en las recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia”. “Para nosotros la trabajadora no estaba apta para desempeñar dicho puesto, y vamos a insistir en ello”, indican las mismas fuentes de la Universidad. 

Dos casos en menos de un año

Cabe recordar que la trabajadora que ha desencadenado este conflicto todavía no estaba vinculada laboralmente a la UPV. Tras recibir una llamada para ocupar una plaza en la Escola d’Estiu de este último verano, le indicaron que acudiera a un reconocimiento médico perceptivo. Afirma que detectó “un cambio de actitud” por parte del doctor al descubrir el embarazo, hasta el punto de decirle que debía consultar el caso con la Universidad. Pasaron cinco meses sin noticias, hasta que decidió acudir al sindicato para denunciar.

De manera unilateral, la UPV ya había determinado que no era adecuada para ocupar dicha plaza. De hecho, el informe médico que establece su condición de “NO APTA” alega varios motivos de riesgo, como el hecho que fuera a estar “expuesta a ruidos”, “carga física” o“riesgos psicosociales” asociados al estrés de trabajar con niños y padres.

No es el primer caso polémico. La Universidad ya mantuvo una confrontación anterior con una trabajadora embarazada, aunque en este caso ya estaba contratada. Tras descubrir su estado, la UPV se vio obligada a readaptar el puesto dado que la relación laboral ya había comenzado. A partir de este momento se determinó que los aspirantes de la bolsa pasaran un examen médico previo, en el que entre otras pruebas están las de embarazo.

Paradójicamente, la Escola d’Estiu es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación, donde se integra la Unidad de Igualdad. La titular del área es Rosa Puchades, a quien corresponde velar por las políticas “en favor de la mujer”.