La investigación al PP de València por blanqueo y delito electoral toca a su fin dos años después

VALÈNCIA  (EFE).- La investigación judicial al PP de València por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y delito electoral, enmarcada en el conocido como caso Imelsa, toca a su fin al cumplirse dos años del inicio de un proceso que ha eclipsado la acción política de esta formación en los ámbitos local y provincial.

Pendientes de las últimas diligencias e informes, los investigadores prevén concluir en el plazo de "pocos meses" la instrucción de dos de las seis piezas (la A y la D) en que actualmente está dividido el caso, y preparan la inminente apertura de otras dos (G y H), han informado a EFE fuentes del caso.

Donde más se ha avanzado es en la investigación por blanqueo de capitales y delito electoral (A) supuestamente cometido por concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP local en las municipales de 2011 y 2015.

También se ha progresado mucho en lo relativo a la adjudicación del servicio de atención telefónica de la Diputació de València a la empresa Servimun (D), controlada por Mariano López Sancho, exsuegro del autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent.

En las piezas B y F se investiga la presunta contratación fraudulenta de personal por parte de la Diputación y la empresa de la Generalitat dedicada a la construcción de centros educativos (CIEGSA), respectivamente; y en la C, el supuesto blanqueo de capitales provenientes de mordidas que pudo cometer el expresidente de la Diputación Alfonso Rus a través de la empresa Geneva.

En la E están bajo la lupa varios contratos en los que intervino María José Alcón -esposa del exvicealcalde de València Alfonso Grau, procesado en esta misma causa y en otras, por cohecho- desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, entonces gobernado por Rita Barberá.

Las dos nuevas piezas (G y H) cuya formación ultima el juez, la séptima y la octava, guardan relación con supuestas irregularidades cometidas por los responsables de CIEGSA en la adjudicación de contratos para la construcción de colegios y con los contratos que, desde la gerencia de Imelsa, pudo manipular Benavent.

Tras dos años de instrucción, la acumulación de documentación en la causa (tanto en formato digital como en papel) es considerable, con veinticinco tomos en la causa central (Imelsa), trece en la pieza de blanqueo de capitales y seis en la de los trabajadores "zombies" de la Diputación.

Dos tomos lleva ya la pieza del blanqueo atribuido a Rus y otros dos la del "call center" del suegro de Benavent, cuatro tomos la que investiga las adjudicaciones de Alcón y otros dos la de los "zombies" de CIEGSA.

Además, constan 31 piezas documentales diferentes, cada una de ella con varios tomos.

La estructura del caso apenas ha variado en los últimos doce meses, aunque la incorporación de nueva documentación sobre la forma en que el PP de València pudo pagar sus últimas campañas electorales -supuestamente vía empresas adjudicatarias de obras y servicios del Consistorio, muy similar a la que estos días se está revelando en el juicio del caso Gürtel- ha ralentizado la instrucción.

El caso tuvo su germen en el verano de 2014, cuando Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones efectuadas durante años por Benavent que su suegro desveló tras un conflicto familiar, pero no fue hasta el 26 de enero de 2016 cuando las detenciones evidenciaron la existencia de indicios de corrupción en una red mucho más extensa de lo sospechado inicialmente.

La causa judicial nació con la detención de Rus y varios de sus lugartenientes en la Diputación (Máximo Caturla, Juan José Medina y Emilio Llopis), junto con otros ex altos cargos del Consell, y derivó después en la imputación de prácticamente todo el equipo que sustentó a Barberá en la alcaldía durante más de dos décadas.

Con el paso de los meses acabó también por salpicar a la exalcaldesa, que falleció en Madrid dos días después de declarar ante el Supremo como investigada por un supuesto delito de blanqueo que fue detectado en la misma investigación y que ella había negado en varias ocasiones.

El Juzgado de Instrucción número 18 de València cuenta, desde marzo de 2016, con un juez de refuerzo en comisión de servicio pero sin relevación de funciones, es decir, un juez que lleva su juzgado pero que refuerza otro (Instrucción 18 en este caso) de forma voluntaria.

A pesar de las evidentes dificultades que entraña una macrocausa con tantas vertientes, procesados y tipos delictivos diferentes, el juez titular entiende más penosa la compleja organización de las declaraciones que la imposibilidad de dedicarse a tiempo completo a esta macrocausa.