VALÈNCIA (VP/EP). El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha levantado parcialmente el secreto de sumario del llamado caso Azud tras casi cinco años de investigación. En la causa se investigan posibles delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
La magistrada ha acordado el levantamiento parcial del secreto dado que considera que ya se han practicado las diligencias necesarias en la instrucción sin que haya podido resultar perjudicada. Por ello, ha citado desde el 26 de abril en grupos de ocho a diez investigados a sus representantes para hacerles entrega de la causa, que cuenta con 700 folios.
Esta causa, que debido a su dilatación se ha dividido mediáticamente en dos partes, estalló inicialmente en abril 2019 con la detención del abogado José Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, por posibles 'mordidas' a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. Sus tres hijas también se encuentran investigadas en la causa, al igual que Asunción Barberá, hermana de la histórica dirigente del PP, y deberán declarar en las próximas semanas.
En mayo de 2021, fue detenido también en el marco de esta investigación el exvicealcalde de València en la etapa de Barberá, Alfonso Grau; pero también el exconcejal y en ese momento subdelegado del Gobierno Rafa Rubio, del PSPV-PSOE, ambos presuntamente relacionados también con 'mordidas' a empresarios por adjudicaciones.
En esta línea, uno de los empresarios detenidos en aquel momento y considerado vital en la trama es Jaime Febrer, quien también está citado a declarar como investigado. En la causa también se encuentra imputado otro referente socialista como el exresponsable de Finanzas del partido, Pepe Cataluña, y el abogado José Luis Vera, con vínculos históricos también con el PSPV.
Permanecerán bajo secreto las piezas 2, 3, 4, 5 y 6, así como toda la documentación intervenida en soportes y dispositivos de almacenamiento masivo de información, en soportes informáticos, telemáticos y de telefonía móvil, es decir, toda la documentación que no fue incautada en el registro en soporte papel y que fue objeto de registro en mayo de hace un año. También, determinados folios de distintos tomos de la pieza principal.
En esta caso, la magistrada justifica el secreto parcial en relación a estas actuaciones porque parte de ellas tienen que ser objeto de comprobación e investigación por la Policía Judicial y en otra parte que afecta a la causa principal porque se están realizando "diligencias esenciales cuya publicidad perjudicaría de forma muy grave el buen fin de la instrucción".
La instructura ha citado desde el 26 de abril y en días sucesivos, en grupos de ocho a diez investigados a través de su representación, para hacerles la entrega de la causa en soporte informático, y en otras dos jornadas más a principios de mayo a otros ocho investigados, entre ellos empresarios, cuya imputación ha sido diferida hasta la fecha precisamente por razón del secreto de sumario.