La jueza de Tabacalera: de avalar el 'pelotazo' del PP a tumbar la recalificación en Penyaroja

VALÈNCIA. El embrollo urbanístico de Tabacalera sigue en el aire. Todo indica que el Ayuntamiento de València no podrá saldar la deuda con la Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa) mediante la entrega de suelo público en el barrio de Penyaroja. La última sentencia del TSJ valenciano, ahora en suspenso por error procedimental, impide la recalificación de dos terrenos municipales con los que el consistorio pretendía indemnizar a la constructora por la fallida operación de Tabacalera, aprobada por el anterior gobierno municipal y anulada por la justicia.

Aquella operación urbanística, acordada entre Igsa y el ejecutivo local de Rita Barberá en 2005, suponía que el Ayuntamiento recibía de la constructora el edificio central de la Antigua Fábrica de Tabacos y casi 14 millones de euros, a cambio de entregar a la promotora un edificio municipal en la Plaza América y permitir el derribo de las naves posteriores y laterales de Tabacalera -tras desprotegerlas- para que la compañía pudiera construir bloques de viviendas.

Una denuncia de la plataforma Salvem Tabacalera acabó con una sentencia del TSJ en 2016, ratificada por el Tribunal Supremo al año siguiente, que anulaba la operación, calificada desde entonces como un 'pelotazo' urbanístico. Ciertamente, aquel fallo era demoledor, pues aseguraba que el consistorio había desprotegido parte del patrimonio industrial de manera discrecional -se protegió sólo una parte de Tabacalera- "contraviniendo el interés público" y "con el único objetivo de generar suelo para una operación especulativa" que pretendía obtener "importantes plusvalías a costa de bienes protegibles y protegidos, produciendo suelo donde no podía producirse".

Así pues, las conclusiones estuvieron ratificadas por cuatro de los cinco magistrados de la sala del TSJ. No así una de las juezas que llevaron esta causa -Desamparados Iruela-, que emitió un voto particular avalando la operación y defendiendo, contra el criterio del resto de jueces, que la sentencia no debía anular el convenio urbanístico ni la validación de la Generalitat Valenciana a la operación debido a que, a su juicio, sí se permitía la desprotección de algunas naves y su demolición.

Sus compañeros sostenían que el Ayuntamiento había caído en "contradicciones internas" al proteger edificios de Tabacalera y permitir el derribo de otros que "son semejantes, cuando no idénticos", una discrecionalidad que -señalaban- no estaba debidamente justificada. Pero en cambio, la magistrada rechazó las consideraciones de sus compañeros sosteniendo los informes de la Conselleria de Cultura y de un catedrático de la UPV que permitían dichas modificaciones al entender que las naves demolidas no eran piezas originales del conjunto y que, a la postre, se mantuvieron sus cabeceras como elementos "más representativos".

Por contra, y según su análisis, los informes técnicos de la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, así como de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos carecían "de eficacia probatoria bastante". "Desde el punto de vista jurídico no existe, por otra parte, ningún obstáculo que impida la protección de La Tabacalera en la forma en que lo hace" el consistorio, sentenciaba al respecto.

Con todo, el fallo anuló el convenio y la recalificación de Tabacalera. Todo ello conllevó que la constructora se quedara sin construir un edificio de viviendas en la parte posterior de la Antigua Fábrica de Tabacos la mercantil reclama al Ayuntamiento, ahora dirigido por la izquierda, 45 millones de euros de indemnización. Si bien es cierto que la concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, explicó recientemente que parte de la deuda -unos 20 millones- ya habrían sido cubiertos al regularizar dos pastillas que estaban incluidas en la operación original.

Para saldar el resto de la deuda -25 millones de euros-, el Ayuntamiento tenía la intención de entregar a la constructora suelo público, y evitar así tener que hacer el pago en dinero de las arcas públicas y que el presupuesto consistorial se viera mermado de forma considerable. Así decidió recalificar dos terrenos del barrio de Penyaroja de uso dotacional y de zona verde a residencial, para trasladar allí la edificabilidad no materializada en Penyaroja y más tarde efectuar la indemnización. Una operación que enfadó sobremanera a los vecinos, que organizados en asociación, llevaron la cuestión a los tribunales.

El destino quiso que la misma magistrada que había avalado la operación inicial de Tabacalera, origen del conflicto, tuviera que volver a encontrarse con este embrollo en el Tribunal Superior de Justicia. Y en este caso, sin embargo, su postura como presidenta de la sala y la de otros dos jueces tumbaron la solución planteada por la concejalía de Urbanismo.

La sentencia, adelantada por Valencia Plaza, impide recalificar el suelo de Penyaroja porque "no cabe" trasladar aquella edificabilidad dado que la sentencia de 2016, a la que se opuso la magistrada, dejó sin efecto dicha edificabilidad. Por ello, dictamina ahora, "no cabe sumar edificabilidad" en los dos terrenos del Ayuntamiento en el barrio de Penyaroja "con el fin de obtener financiación" para indemnizar a Guadalmedina. A la postre, concluye que la solución del Ayuntamiento no era válida para ejecutar la resolución judicial de hace más un lustro.

Pago a la constructora

Técnicamente, la decisión del alto tribunal no impide pagar en suelo a la constructora, sino que prohíbe mover una edificabilidad 'fantasma'. Sin embargo, en el Ayuntamiento de València consideran improbable otra operación de recalificación similar al considerar la alta probabilidad de éxito ante un posible nuevo recurso judicial. Así pues, de acabar ratificándose la sentencia de este mes, el Ayuntamiento tendrá que indemnizar con 25 millones de euros a la compañía privada.

El dinero del que se puede tirar el consistorio es de los fondos de contingencia -imprevistos- que en los presupuestos municipales de este año ascienden a 18,3 millones de euros, siendo conscientes también que tal cuantía deberá servir también para otros menesteres no previstos por el consistorios.

Otra partida de la que con mayor probabilidad podría echar mano el gobierno es la de los ahorros municipales derivados de años anteriores -los llamados remanentes-, que este año son unos 139 millones de euros pero que tienen como finalidad en su mayor parte inversiones no ejecutadas. A lo que se sumaría la posibilidad de acudir al endeudamiento.