VALÈNCIA. La puesta en marcha de un centro tecnológico en la antigua Estación Marítima de la Marina de València tiene visos de seguir alargándose al menos unos meses más después del conflicto generado con la adjudicación y la anulación posterior. El pasado mes de mayo, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de València tumbaba a la compañía belga Fosbury & Sons como ganadora de concurso tras un recurso presentado por Valencia Innovation District, la candidatura respaldada por Startup Valencia -Asociación Valenciana de Startups- para poner en marcha un nuevo hub tech en la dársena.
Más de dos años después de adjudicarse, la compañía especializada en coworkings seguía sin poner en marcha el espacio tras ser elegida en noviembre de 2018 para gestionar el recinto por 25 años. Fue en mayo de 2019 cuando se daba a conocer el recurso de Valencia Innovation District al no estar conformes con la adjudicación y que, parece ser, hizo poner freno a la empresa belga en el desarrollo de un proyecto que a día de hoy sigue bloqueado.
Y es que, Fosbury & Sons ha recurrido el fallo judicial que da la razón a la oferta valenciana en la que participaban empresarios y emprendedores referentes del sector en la ciudad como Ángela Pérez, CEO de Imegen, Nacho Mas, CEO de Startup Valencia, Iker Marcaide, fundador de Zubi Labs o Enrique Calabuig, fundador de Kaiho Capital. Lo hacen como parte interesada, ya que el recurso está interpuesto contra el Consorcio Valencia 2007 -ente gestor de la Marina de València- que según confirman fuentes conocedoras del proceso ha decidido no recurrir a pesar de que sí justificaron durante el proceso de adjudicación el buen hacer de su gestión. No obstante, desde el ente gestor no han querido pronunciarse a pesar de la insistencia de este periódico por conocer su postura al respecto.
A juicio de la propuesta valenciana, los belgas incumplieron los pliegos al presentar un canon variable, cuando la exigencia de los pliegos era la de un canon fijo obligatorio. Pese a ello, la Mesa de contratación no solo dio por buena la propuesta, sino que la puntuó por encima de su rival, que había obtenido mejor calificación en la parte técnica.
En este sentido, el objeto principal de la demanda era cuestionar la legalidad de este canon escalonado ofrecido por Fosbury & Sons, que dividía en su propuesta la cuantía de los pagos en tres fases: del mes 7 al 12 un pago mensual fijo de 15.250 euros, el segundo año de concesión un importe mensual fijo de 20.950 euros y a partir del tercer año el importe mensual fijo ascenderá a 26.650.
A ésta sumaba un canon variable del 1% sobre los ingresos de Fosbury & Sons Valencia a partir del año fiscal 2020. Mientras, la oferta de Valencia Innovation District era de 15.833 euros mensuales durante toda la concesión. El recurso presentado por los impulsores de la oferta valenciana señalaba la imposibilidad de aplicar la fórmula matemática prevista en los pliegos para calcular el canon de su rival de forma directa.
Este argumento fue finalmente validado por la justicia, al coincidir con la parte demandante en que no es posible valorar la oferta económica planteada por la compañía belga mediante la fórmula prevista en los pliegos. "Infringe las previsiones del pliego, dando lugar a un trato discriminatorio", señalaba el magistrado. "Al amparo de estos criterios interpretativos en relación con los hechos expuestos, se coincide con la parte actora en el sentido de que la oferta de Fosbury ́s no podía ser valorada mediante la fórmula matemática transcrita, por lo que la Mesa tuvo que realizar otra operación económica matemática adicional no prevista e interpretar que lo que la entidad codemandada estaba ofreciendo era una media aritmética de los “tres cánones mensuales fijos” que había propuesto", recogía el documento.
A pesar de ahora opta no recurrir, el Consorcio Valencia 2007 -compuesto por el consistorio, la Generalitat y el Estado y por aquel entonces comandado por Vicent Llorens y Ramón Marrades- sí que realizó informes para desestimar los recursos administrativos de Valencia Innovation District. En este sentido, aportaba una explicación sobre el por qué consideraba que el canon presentado por Valencia Innovation Bay era fijo. "Lo que hace Fosbury's Mom NV es desglosar el canon mensual fijo ofertado, de modo que el importe del mismo se vaya incrementando en función de los periodos de tiempo que detalla en su propuesta", señalaba.
En el informe se argumentaba que el canon fijo recoge una doble condición: que no está vinculado a un hecho incierto y que la mesa de contratación pueda cuantificar y valorar el canon de forma objetiva y comparable con el resto de los licitadores concurrentes en la contratación. "No supone una alteración o modificación sustancial de las previsiones contenidas en el pliego sobre este extremo", concretaba, además de insistir en que no cabía apreciar subjetividad ni es un juicio de valor. "Simplemente es la realización de una operación de cálculo".
"Que Fosbury's MOM NV presentara una propuesta económica más detallada en la información sobre el canon fijo mensual ofertado no resulta contrario a las previsiones del pliego", insistía. Tampoco entendía que hubiera ningún problema con el porcentaje del canon variable. "El hecho de que el licitador que oferta el canon variable prevea la fecha de 2020, por el momento en el que concluya las reformas proyectadas, no puede considerarse contrario a las previsiones del pliego".
Mientras, la compañía belga también presentó por aquel entonces respuesta al recurso señalando que el canon fijo no estaba sujeto a ingresos, resultados o condiciones futuras. "No depende de la evolución de la explotación de la concesión, no está sujeto a variaciones o fluctuaciones de la economía en general, ni de la española ni de la europea, ni tampoco depende del grupo Fosbury en Bélgica", recalcaba.
La desintegración de Fosbury & Sons en València
Ahora, esta anulación judicial ha devuelto el proceso a la fase previa a la adjudicación lo que supone que, si sobre la mesa hay dos ofertas, debería valorarse aquella que quedó descartada y, en principio, única candidata a adjudicarse la gestión. No obstante, habrá que esperar a ver cómo se resuelve el recurso de Fosbury & Sons al fallo del tribunal.
Cabe recordar que, a día de hoy, poco es el equipo de dirección qie queda de la compañía belga en València. Era principios de 2021 cuando Violeta Garín, local manager de Fosbury & Sons en València, dejaba finalmente la compañía sin poder poner en marcha el coworking. Así lo apuntaba en una publicación en la red social LinkedIn, donde hacía un repaso por las dificultades que desde sus inicios había vivido con el espacio. También se desvinculaba de la misma Oliver Weichold, encargado de dirigir la parte inmobiliaria de Fosbury en España y quien formó parte del diseño del proyecto en València.
Además, en medio del clima generado por el recurso y la covid, la firma entró a negociar el pasado verano con la gestora de capitales valenciana especializada en promoción inmobiliaria White Investing la venta de la filial que se adjudicó la concesión y que no había acometido la reforma del espacio. Se abordó un preacuerdo entre la compañía belga y la gestora de capital valenciano por el que Fosbury vendería la sociedad que creó para optar al concurso a la firma de los inversores valencianos, pero se quedaría como gestor del activo. Una operación que quedó paralizada precisamente por el recurso judicial.
Desde la Marina de València continuaron en conversaciones con otras grandes compañías dispuestas a estudiar la cuestión ante la inacción de la compañía belga. Sin embargo, ninguna de las negociaciones prosperó en un camino que ha terminado por devolver el proceso a, prácticamente, el punto de partida.
