La muerte del opositor

En el magnífico Palacio de la Moncloa los políticos se hallaban departiendo las inaplazables reformas legislativas con los letrados de las Cortes. Abordaban complejas disposiciones de gran rigor técnico, para lo que fueron citados los representantes de los Cuerpos funcionariales de mayor prestigio: abogados del Estado, miembros del Cuerpo diplomático, incluso economistas y algún interventor para asegurar la viabilidad económica de las medidas.

Mientras los representantes de las comisiones parlamentarias escuchaban hieráticos, el economista debatía con el abogado del Estado el análisis coste-beneficio de uno de los apartados más polémicos y controvertidos del Decreto ley. En ese momento, interrumpió el acalorado debate uno de los conserjes para enseñarles un documento.

– ¡Señores! –dijo uno de los funcionarios del más alto nivel– ¡Las oposiciones han muerto!

– No es posible.

– Mire, léalo usted mismo –replicó al parlamentario, a la sazón profesional político desde su más tierna adolescencia, entregándole la nota de prensa.

Bajo el título: "Oposiciones breves, ágiles y con un modelo similar al MIR", el diario recogía el enésimo paso en la cruzada que pretendía destruir el sistema de oposiciones tal como era conocido y que llevaba funcionando desde antes del siglo pasado.

En esta ocasión, se perpetraba la reforma desde la Administración de la Comunidad Valenciana. Como en la mayoría de las comunidades autónomas, era preciso un relevo generacional dado el envejecimiento de los funcionarios.

Para ello, se encargó a un grupo de "expertos" el estudio y la propuesta de medidas para la innovación que se tradujera en procesos de selección "breves y ágiles que utilicen técnicas menos memorísticas y que realmente valoren la capacidad".

– ¿Ve? –dijo el político–. Simplemente se van a modernizar los procesos.

Este vichysoisse de adjetivos (breves, ágiles, no memorísticos), referidos a los procesos selectivos, habían sido emitidos por la consejera y formaban un 'mantra' que se venía repitiendo en las cargas contra el sistema de oposiciones.  

Llegados a este punto, convendría aclarar que el modelo MIR no es una oposición, sino un examen que habilita para formarse en una especialidad. Además, tampoco se podría decir que sea un sistema muy apreciado por los licenciados en Medicina.

Efectivamente, se necesita una reforma de la función pública y una renovación en la mayoría de las Administraciones públicas, dado el inevitable envejecimiento del sector público. Pero para ello, es imprescindible que se sigan garantizando los principios de mérito y capacidad reconocidos en la Constitución.

Los ciudadanos demandan mejores servicios y esto se consigue con la mayor formación y conocimientos posibles de los servidores públicos. Es necesaria una reforma en los programas de las distintas oposiciones que incluyan habilidades digitales, idiomas y se prioricen determinadas materias. Y para ello se debe contar con los altos funcionarios del Estado, con los miembros de los cuerpos superiores que garanticen la imparcialidad y la experiencia porque dejando las decisiones en manos de intereses partidistas estamos expuestos a que suceda lo que ha ocurrido en tantas ocasiones en nuestra historia.

En tiempos no tan lejanos, la entrada de un partido político en el poder conllevaba el cese de los funcionarios del anterior partido y el nombramiento de los nuevos. No es difícil imaginar el grado de arbitrariedad en las decisiones y el servilismo a los dictados del partido.

De hecho, el nombramiento de múltiples asesores cada vez que se produce un cambio en el panorama político, tanto a nivel estatal como autonómico o local, es algo cada vez más criticado por buena parte de la sociedad.

Escribo estas líneas desde la Costa del Sol, no tengo que ir muy lejos para recordar los inefables gobiernos de Marbella que cometieron tropelías todavía recordadas por los programas del corazón. Pese a todo ello, la población está razonablemente tranquila porque sabe que, bajo esos políticos que se van alternando, trabajan en la sombra funcionarios imparciales que han demostrado una excelente formación y preparación y que son los que, en realidad, llevan el peso de la Administración.

Los términos "memoria, esfuerzo, sacrificio" son desterrados en beneficio de vocablos más 'actuales' como "fácil, práctico, útil". Para el aprendizaje de cualquier profesión es necesaria la memoria, en cuanto es la base del conocimiento. Por supuesto que son necesarias otras habilidades, y la necesaria práctica que se va adquiriendo con el paso de los años.

Quizás para algunas necesarias tareas administrativas sean más relevantes cualidades como la rapidez en contestar a un test o la velocidad en el manejo de Microsoft Word pero, al menos en el ámbito en el que ejerzo mi profesión, la Inspección de Hacienda, para realizar las funciones de comprobación e investigación de empresas que, cada vez en mayor medida realizan operaciones de gran complejidad, es necesaria la comprensión de conceptos, la relación de diversas normativas, muchas de ellas en el ámbito internacional.

Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado hemos defendido la necesidad de una reforma en los procesos selectivos, pero la base de la reforma debe ser la búsqueda de la excelencia y mayor peso de los conocimientos prácticos. Para ello se debe tener en cuenta la opinión de los profesionales que llevan desempeñando esas funciones en la Administración Pública.

La introducción de la denominada "inteligencia artificial" puede ayudar al cumplimiento de nuestras funciones, pero no imagino a un inspector que haya accedido a la Agencia Tributaria aprobando un test y que necesite buscar el artículo correspondiente de la ley del Impuesto de Sociedades o que introduzca en Google el concepto de "inversión del sujeto pasivo" para resolver un expediente.

Uno de los éxitos literarios de 2021 ha sido el libro Feria de Ana Iris Simón. Su éxito ha radicado en sacudir las conciencias, reivindicando la tradición, la familia, el territorio. Hoy en día, resulta incluso provocadora la defensa de mantener las tradiciones que funcionan razonablemente bien.

Dejemos vivas las oposiciones y respetemos el esfuerzo de los opositores, universitarios que han decidido sacrificar unos años de su vida para formarse en las mejores condiciones y poder servir así al ciudadano a través de la Administración Pública.

Pablo Fernández Miser es Inspector de Hacienda del Estado