La oposición de Ribó se olvida de los sobresueldos de Compromís, PSPV y Podem del pasado mandato

VALÈNCIA. Cuatro meses han pasado desde que los sobresueldos alegales del gobierno de València del pasado mandato constituyeran uno de los principales temas de debate municipal. Entonces, en octubre, la comisión municipal y el pleno del Ayuntamiento de València daban carpetazo, por el momento, a la controversia sobre los complementos salariales fuera de ley que cobraron ocho concejales del gobierno de Joan Ribó entre 2015 y 2019, conformado por Compromís, PSPV y València en Comú -plataforma ligada a Podemos-. 

Sin embargo, la polémica parece haber arreciado y los partidos de la oposición -PP, Ciudadanos y Vox- mantienen el silencio y han dado pocos pasos, por no decir ninguno, para la exigencia de responsabilidades y la recuperación de los más de 770.000 euros que salieron de las arcas municipales de manera irregular, según ha confirmado la Agencia Valenciana Antifraude en dos informes.

El organismo que dirige Joan Llinares concluyó tras meses de investigación que el acuerdo salarial en 2015 aprobado por el pleno municipal -sin informe del secretario- a propuesta del gobierno local vulneró los principios de la 'ley Montoro', una normativa aprobada dos años antes por el Gobierno central para limitar el gasto. Algo que también reconocería el propio Ribó en dos ocasiones.

Según esta norma, ocho de los 33 ediles de València deben tener una dedicación parcial, y un sueldo menor que el resto de concejales, pero esto no ocurrió de facto. Así pues, al entrar a gobernar la izquierda que dirigía por primera vez Joan Ribó, en 2015, el ejecutivo local pactó con la oposición que las dedicaciones parciales recaerían sobre ediles del equipo de gobierno, miembros de la Junta de Gobierno Local, de manera que la oposición cobraría el 100% de su sueldo.

A los concejales de gobierno afectados por las dedicaciones parciales se les adjudicó el 75% del sueldo completo, pero el quiebro a la normativa se produjo al añadirles un "complemento de especial responsabilidad "hasta alcanzar el importe" total, como adelantó en exclusiva Valencia Plaza en 2019. De esta manera, según señaló Antifraude en sus conclusiones, "de facto su efecto práctico" fue que se pagó a todos los concejales "el mismo importe en términos cuantitativos que el fijado por el pleno para los regidores con dedicación exclusiva" al aprobar unos sobresueldos que no están contemplados en la ley. 

En total, los cálculos de la Agencia hablan de que en estos complementos alegales se abonaron aproximadamente 772.000 euros a lo largo de los cuatro años del pasado mandato. El sistema retributivo en 2019 se cambió y se adjudicaron las dedicaciones parciales a la oposición, a los que, no se le adjudicó ningún complemento más allá de la remuneración parcial. Pese a todo, la Agencia no exigía ninguna responsabilidad ni que se revisara el acuerdo de 2015 -como sí ha hecho en otros casos-, si bien pedía mejorar el procedimiento en el futuro sin aplicar sobresueldos.

Se trataba de unas recomendaciones que sólo miran al futuro y que el gobierno municipal aceptó al no incluir otras medidas sobre el dinero que según Antifraude se defraudó entre 2015 y 2019. En aquel momento, la portavoz adjunta del PP, María José Ferrer Sansegundo, instó al ejecutivo local, ahora conformado solo por Compromís y PSPV, a que revisara de oficio el acuerdo de 2015 donde se aprobaban los complementos salariales, a que se devolviera el dinero cobrado irregularmente y a que se asumieran responsabilidades.

Sin embargo, se hizo de palabra. Desde entonces, apenas se han conocido movimientos de la oposición para presionar al gobierno local. Ni por parte de los populares, que encabeza María José Català; ni por parte del grupo de Ciudadanos que lidera Fernando Giner; ni por el de Vox, que dirige Pepe Gosálbez. Fuentes del PP no descartaron seguir buscando otras vías alternativas de presión si bien aseguraron que el grupo sigue en un intenso trabajo de análisis para ver qué recorrido podría tener la cuestión en otras instancias. Labores que, por el momento, no han dado ningún fruto.

Una de las vías es pedir la revisión de oficio del acuerdo de 2015. La normativa permite iniciar este proceso al consistorio "por iniciativa propia o a solicitud de interesado". Debería ser el pleno municipal el que tomara esta decisión, que de ser favorable, obligaría intervenir al "órgano consultivo" de la Comunitat Valenciana, el Consell Jurídic Consultiu (CJC). Su dictamen sería determinante, pues de ser favorable, empujaría al Ayuntamiento a tener que anular el acuerdo de 2015 o los puntos que incumplieran la normativa.

El gobierno municipal no ha iniciado ningún proceso de este tipo, al considerar, pese a las consideraciones de Antifraude, que los complementos salariales fuera de ley aprobados en 2015 para ocho ediles del ejecutivo eran completamente legales.