José Roca, presidente de la CEC VALENCIA. Los problemas se le multiplican en la patronal de Castellón (CEC). A la investigación por fraude que acecha a sus dirigentes y la cascada de dimisiones que se han sucedido en los últimos días por discrepancias con la dirección se añaden los enormes problemas de tesorería que la sitúan al borde del concurso de acreedores.
Esas tensiones de caja han alterado el funcionamiento normal de la organización hasta el punto de que sus dirigentes están casi exclusivamente dedicados en encontrar vías para la supervivencia. De hecho, según admiten fuentes de la propia organización, ni siquiera puede disponer de sus cuentas auditadas de 2015 porque no pueden pagarle al auditor.
Los dirigentes críticos con la huida hacia adelante que han impuesto el presidente de la CEC, José Roca, y el secretario general, Rafael Montero, están pendientes de conocer la opinión de la firma Grant Thornton sobre los estados financieros de 2015 para valorar la gravedad de la situación y, sobre todo, las responsabilidades personales en las que podrían incurrir si la confederación no se acoge al preconcurso de acreedores.
La auditoría de las cuentas del año anterior (2014) también se retrasó unos meses por discrepancias con el auditor, según reconoció a este periódico el secretario general de la organización para explicar la no publicación de las mismas en su página web, tal y como la patronal está obligada a hacer en cumplimiento de la Ley de Transparencia.
La cúpula de la organización, investigada en un juzgado de Nules por la gestión presuntamente irregular del dinero para formación, sostiene que sus problemas de tesorería derivan de las provisiones que ha tenido que realizar para atender los contenciosos planteados por las discrepancias con la administración por las cantidades en disputa. Los dirigentes actuales, que aseguran tener retenidos 1,2 millones de euros, aún confía en que los tribunales le den la razón para recuperar esas cantidades.
Esta causa se inició a raíz de una denuncia presentada hace justo un año por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que actuó alertada por las deficiencias detectadas por el Servef, por un posible delito de fraude en subvenciones y otro continuado de falsedad documental.
El Servef había reclamado previamente la devolución de esos importes, pero fue Cierval la que tuvo que asumir la devolución de 418.000 euros en julio de 2014. La patronal castellonense, por su lado, defiende que pagó a las empresas de formación, por lo que presentó un contencioso. A principios de este año el Servef reclamó la devolución a la CEC de otros 120.000 euros por fallos en un expediente.
Por lo pronto, la cúpula de la organización, que recientemente ha aplicado un ERTE que ha reducido a la mitad la jornada de los nueve trabajadores que aún mantienen su empleo, continúa intentando sacar adelante un plan de viabilidad al que fía su futuro en medio del clima de desconfianza de algunos de los empresarios que forman parte de su comité.
La semana pasada dimitió el tesorero por discrepancias con los máximos responsables, el mismo motivo que alegó días atrás uno de los vicepresidentes -Miguel González, representante de la potente Ascer- para renunciar a su puesto.
Roca, que en recientes declaraciones a Europa Press aseguraba que la organización debe a los bancos 600.000 euros que devolverá cuando cobre el medio millón de euros que el empresario asegura que la administración le debe a la CEC, aseguró que está estudiando la posibilidad de presentar una moción de confianza ante la asamblea general de la entidad. "Estoy aquí para servir a los empresarios de la provincia y no para servirme", destacó el empresario, exigen lleva 29 años al frente de la CEC.
