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tribuna libre / OPINIÓN

La política como elemento transformador de la vida de las personas

Foto: RAFA MOLINA
16/07/2019 - 

Pudiese parecer que el espectáculo televisivo en el que se ha convertido la política desde hace algún tiempo confundiese la verdadera génesis de la misma. Que la distancia con los espectadores a quienes van dirigidas sus deliberaciones, profundizase en el desapego con una clase política que permanece errática ante la transformación de la sociedad, debido a los grandes retos que advierten que nada será igual a como lo conocemos. Y resulta que esta desazón se agudiza cuando, fruto del diálogo social y del posterior acuerdo elevado a les Corts, se logra la aprobación de una ley transformadora de las relaciones laborales de cientos de miles de personas y reequilibradora del poder negociador en miles de empresas adjudicatarias de la Administración, que competían en ver quién lo hacía más barato, en una especie de pelea al más puro lejano oeste.

Esta Ley de Fomento de Responsabilidad Social, que cumple ahora un año de su aprobación, establece garantías para el mantenimiento de los puestos de trabajo en caso de cambio de contrata, la aplicación del convenio sectorial de la actividad objeto del contrato y el número mínimo de personas y horas de trabajo necesarias para su ejecución. Hasta aquí todo un avance. Su impacto era de tal envergadura que, en condiciones normales, afectaría a alrededor de 11.000 contratos y decenas de miles de personas trabajadoras en nuestro territorio. Además, prevenía situaciones como las que se dieron en el Aeropuerto del Prat hace unos veranos (cuando fue tomado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) en las que el personal reclamaba unos salarios dignos, ya que la nueva empresa contratista había tirado los precios a su costa.

Como toda lucha sindical, por una parte, se conseguía revertir una situación muy gravosa y, por otra, exigía un esfuerzo por mantener una permanente supervisión y vigilancia. Sin embargo, la novedad no viene por la disputa de esos derechos con las empresas; sino porque una parte de la propia Administración no ha entendido, o no ha querido entender, que el dinero público ha de generar oportunidades y revertir entre los administrados. Y en estas estamos cuando un año después la ley en vigor carece de desarrollo reglamentario y muchos de los órganos contratadores afectados siguen orillando su cumplimiento.

Foto: PEPE OLIVARES

Sería recomendable mayor sensatez a la hora de velar por algo tan básico como que el cambio de contrata no conllevase una tensión por los puestos de trabajo existentes, pues resulta evidente que la actividad va a continuar. También nos evitaríamos que apareciesen lobbies de poder que bajo no sé qué promesa o abaratamiento de precios, obviasen que esos trabajos han de posibilitar una vida digna para las personas.

Pero más recomendable sería que las organizaciones empresariales se pronunciasen en un mensaje claro y preciso sobre el desarrollo sostenible de esas contratas, y el primer punto de sostenibilidad radica en el mantenimiento de puestos de trabajo en servicios que se prestan para la Administración. Ejemplos que van desde el alcantarillado y su mantenimiento, a la limpieza de dependencias de toda índole, hasta la recogida de residuos viarios o la alimentación de nuestras hijas e hijos, mayores o personas que coyunturalmente padecen alguna enfermedad.

Este Botànic II de reciente configuración tiene muchos nuevos retos. Que no guarde en un cajón los ya aprobados en el mandato anterior, porque solo en el cumplimiento en todos sus aspectos de lo publicado en el DOGV es como se transforma la sociedad y la vida de las personas. Hace un año ratificó una norma poderosa, transversal y con el suficiente desarrollo como para ponerla en valor y echar el resto en su cumplimiento. Una norma con un elevado grado de consenso, fruto del acuerdo con los agentes sociales, que buscaba el respeto de los derechos laborales de la mayoría social.

Exigiremos a los partidos firmantes del acuerdo: PSPV, Compromís y Podem, al Consell, a las administraciones locales y a las universidades, su cumplimiento. Y combatiremos las interpretaciones obtusas al margen de la norma.

Arturo León López es secretario general de CCOO PV.

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