La tele que no se ve, la radio que no se escucha

VALÈNCIA.-La suerte está echada. El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) recordó tras su última reunión, el pasado 3 de mayo, que los trabajos para evaluar la gestión de la directora general Empar Marco siguen adelante. Los resultados se conocerán en junio y son muchas las voces que apuntan a que el desenlace puede ser el cese de la responsable de la nueva radiotelevisión autonómica mucho antes de los seis años que debía durar su mandato (con una ‘revisión’ a los tres). 

Esta evaluación es mucho más importante para su futuro, en contra de lo que se ha dicho, que la de la Comisión Mixta de Seguimiento y Control del Contrato Programa, una entidad mixta en la que participa el Consell  Rector y la Generalitat. La Comisión podría no dejar en buen lugar a Marco, pero en este caso su responsabilidad sería compartida, ya que tiene como objetivo evaluar el Contrato Programa y al Consell Rector, entidad que preside Enrique Soriano, quien ha aprobado todas las medidas que Marco ha presentado. El Gobierno valenciano no puede actuar directamente contra ella —la ley blinda de injerencias externas al Consell Rector— pero si tiene ocasión, pondrá su granito de arena. En realidad, lo ha puesto ya.

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No obstante, se pongan como se pongan los partidos políticos o Presidencia, lo único que le puede costar el sillón a Marco es, según el artículo 24 de la ley 6/2016, un «acuerdo motivado», apoyado por una mayoría de dos tercios del Consell Rector —cuenta con diez miembros  y actualmente hay dos vacantes—, tras «la incoación de un expediente con procedimiento contradictorio» y todo a propuesta del presidente. A los consejeros pueden intentar influirles los partidos que los nombraron —algunos se dejarán, otros no— pero no necesariamente tienen que hacer lo que les digan.

Los consejeros

Que la gestión de Empar Marco tiene más sombras que luces —bastantes más—, es algo en lo que coinciden prácticamente todas las fuentes entrevistadas para este artículo. Cierto es que no todos están de acuerdo a la hora de señalar a la excorresponsal de TV3 en la Comunitat Valenciana como culpable, o al menos, como la única culpable de lo que ocurre en los medios públicos valencianos. En lo que sí hay bastante unanimidad es en que su carácter —lo mínimo que se escucha decir es que es «difícil» o « fuerte»—pesará mucho en la decisión que tome el Consell Rector. Tiene a un sector claramente en contra y a otro que no parece dispuesto a salir en su defensa. Evidentemente, no quieren librarse de ella por su carácter, pero son varias las voces que aseguran que es muy difícil comunicarse con Marco y que cualquier sugerencia que se le hace es percibida como un intento de intromisión en su trabajo.

El principal problema de Marco no es su gestión, criticable como todas, es que À Punt no cumple con los objetivos. A la hora de hablar, el más claro es el consejero Vicente Cutanda, que ha perdido la cuenta de las veces que ha pedido su dimisión. «Ha habido mala dirección, mala organización de las labores del personal, mala gestión económica y falta de penetración en la sociedad valenciana. Su programación provoca rechazo», afirma. El consejero nombrado por Les Corts a propuesta del PP lleva varios meses pidiendo que se ponga en marcha la evaluación de la directora mientras algunos de sus compañeros parecían no tener tanta prisa. Como ejemplo de descontrol cita la RTP (relación de puestos de trabajo) que ha sido modificada tres veces en menos de un año, «cuatro si contamos la externalización de la cobertura informativa en las comarcas».

Tampoco tiene problemas en dar su opinión el sociólogo Rafael Xambó, nombrado a propuesta de Compromís). Más diplomático, reconoce importantes carencias en la gestión de la directora general: «El objetivo fundamental no se ha cumplido, y eso no se puede negar. No hemos conseguido que los informativos sean un referente en el espacio comunicativo valenciano. Quizás es que no se han tomado las decisiones adecuadas, y luego cuesta mucho deshacer lo andado».

Entre uno y otro, Plaza ha hablado con otros tres consejeros que han preferido no ser citados. A grandes rasgos, todos valoran negativamente la labor de Marco, aunque con matices: algunos destacan que la presión mediática no favorece una solución a la situación de À Punt, que también hay logros positivos (los programas culturales o documentales) que hay factores exógenos que dificultan la labor de Marco (la propia ley de creación de À Punt) y que, por tanto, no se le puede considerar la única culpable. Lo que no niegan es que la relación con el Consell Rector no es buena —o, directamente, que es mala—, y que eso le puede perjudicar su continuidad.

Empar Marco se defiende: «En primer lugar, diría que desde el principio planteamos que es una plataforma multimedia. También es radio y redes multimedia y hemos mejorado. Poco a poco quizá, pero se ha mejorado y la prueba es que la audiencia va subiendo. Es cierto que tras unos años de sequía en la Comunitat Valenciana y de un cambio en los modelos de consumo de televisión, cuesta adaptarse. Incluso a los valencianos les cuesta reconocer que tienen una nueva televisión, pero pienso que vamos por buen camino». Y añade. «Todo es mejorable; poner esto en marcha es complicado, mucho, y además hemos tenido muchas dificultades que todo el mundo conoce».

Entre los problemas para poner en marcha À Punt, Marco señala la ley: «Modificarla sería el primer paso. Hay muchas cosas del trabajo de día a día que deberían poder hacerse de otro modo. Coincido con quienes dicen que tenemos una ley que parece hecha para una conselleria, pero que debe aplicarse a un medio de comunicación. Se ha de garantizar un control financiero, una gestión eficaz... pero necesitamos una flexibilidad y una inmediatez que seguramente otra entidad pública no requiere. En otras palabras, somos singulares y eso ha de tenerse en cuenta», concluye.

El Contrato Programa

Sobre el cumplimiento del Contrato Programa, que es lo que evaluará la comisión mixta con la Generalitat, Marco tampoco tiene tanto que temer. El citado acuerdo fue suscrito el 1 de junio de 2018 entre José María Vidal, secretario autonómico de Comunicación, y Enrique Soriano, presidente del Consell Rector, y en él se establece la creación de un mecanismo para verificar que la Corporació -no la directora general, aunque indirectamente también- está cumpliendo con los objetivos que el propio pacto establece.

Por supuesto, hay puntos que se cumplen razonablemente bien: se promueve la difusión y el uso de la lengua, la igualdad entre hombres y mujeres, se garantiza el acceso a los contenidos de las personas con diversidad funcional, se respetan los diferentes modelos de familia, la parrilla no se cambia una vez anunciada, el porcentaje de cada tipo de programa parece que se respeta, se apuesta por la producción audiovisual propia, se protege a la infancia de contenidos inadecuados... ¿Que los informativos son mejorables? Sin duda. ¿Son un referente de «credibilidad, rigor, veracidad, imparcialidad, neutralidad e independencia»? Seguramente no, ya que difícilmente pueden ser un referente de nada sin audiencia.

El problema es que los puntos que no se cumplen son los más importantes. Por ejemplo, el primer año los ingresos por publicidad deberían haber sido de cuatro millones y fueron de 800.000 euros. Para 2019 y 2020 la cifra indicada es un 50% superior: seis millones. Pinta mal. En febrero, À Punt anunciaba un intento de privatizar parte de la venta de su publicidad durante un año, y exigía una inversión mínima de 1,28 millones de euros. Ninguna empresa mostró interés, ya que nadie confía en alcanzar esas cifras aunque la Forta (la asociación de las televisiones autonómicas) salió al rescate y, desde mayo, se encarga de la gestión de la publicidad a nivel nacional.   

Sin audiencia no hay rock’n’roll

Pero si la publicidad no llega es porque la audiencia no funciona y, si no funciona, es porque la gente no la ve. Se puede debatir sobre el porqué: ¿es mala?, ¿los castellanohablantes le dan la espalda?, ¿han cambiado los hábitos de consumo?, ¿cabe esperar mejores resultados sin fútbol? ¿O sin poner una final europea del Valencia Basket sin que esté claro porqué?... pero la realidad es la que es: la radiotelevisión apenas se ve y lo que más tira del carro es lo que ya destacaba en Canal 9: inundaciones, fiestas populares... ¡y L’Alquería Blanca! La serie que Marco aseguró que no quería ha vuelto y los capítulos se emiten de dos en dos. Mientras, apuestas suyas como La forastera (humor costumbrista en la línea de la anterior) no han cuajado.

Para desacreditar la triste realidad del desapego de los valencianos por una radiotelevisión que parece querer contentar a todos y no ha contentado a nadie se ha extendido por la casa el mito de que las audiencias están mal medidas ya que los audímetros están en zonas castellanohablantes. Por supuesto, no es verdad.En la Comunitat Valenciana existen 380 hogares con audímetro de los 4.755 que hay repartidos por toda la geografía española (con más de 11.500 individuos que reportan diariamente sus datos).

«Incrementar el número de encuestas (de hogares con audímetros, en este caso) no tiene por qué cambiar el resultado (incluso podría ser algo menor que el actual)», explican los expertos consultados. «Lo que sí se tendrá es un menor error estadístico de la estimación. Si aumentáramos la muestra en, por ejemplo, cincuenta audímetros, para una cuota de 1,9%, que es la cifra que ha tenido À Punt en abril, el menor margen de error no modificaría significativamente su dato de audiencia».

 La relación entre el tamaño de la población y el de la muestra no es proporcional. En EEUU, con 115 millones de hogares y 347 millones de habitantes, estudian sus audiencias y el reparto de la tarta publicitaria con una muestra de un tamaño de cinco mil hogares con audímetros, cuando el territorio español, con casi 47 millones de personas, está realizando su medición de audiencias con una muestra casi idéntica. 

El pasado 2 de mayo se conoció que Soriano y Marco deberán declarar ante el juzgado de instrucción número 1 de Paterna por una causa abierta por un presunto delito de prevaricación tras una querella presentada por el diputado del Partido Popular en Les Corts Jorge Bellver. La citación llegó apenas una semana después de que el TSJCV anulara el presupuesto de la CVMC de 2017 por no haber sido aprobado por Les Corts. 

Según el pp, Soriano y Marco también incumplieron la ley al firmar un total de diez contratos a dedo, cada uno por un importe de 5.995 euros otras tantas personas que acabaron trabajando para la Corporació

En la querella, el PP les acusa de haber suscrito un contrato con la mercantil Mediterráneo de Media Entertainment SL por valor de 1,35 millones de euros para la producción de la serie La Vall (también conocida como La Tramuntana), «sin ninguna clase de procedimiento público abierto a la concurrencia competitiva (procedimiento abierto)».

Según Bellver, Soriano y Marco también incumplieron la ley al firmar un total de diez contratos a dedo, cada uno por un importe de 5.995 euros -cinco euros menos de la cantidad que hubiera obligado a pedir tres ofertas-, a otras tantas personas que acabaron trabajando para la Corporació. La querella apunta a que se hizo «obviando que la contratación de personal de la corporación, así como de sus sociedades, ha de respetar los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad».

Por supuesto, la oposición salió en bloque a pedir dimisiones pero, al día siguiente, el Consell Rector emitió una nota en la que respaldaba a Soriano y Marco, y justificaba que, tanto el contrato con la productora (contaba con el aval del Alt Consell Consultiu del Audiovisual) como los de los directivos (autorizados por Hacienda) son totalmente legales. En otras palabras, el Consell Rector salió en defensa de los querellados... por la cuenta que les trae. El presidente Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra también les dieron públicamente un voto de confianza.

Entre los citados en la querella como beneficiarios de los contratos irregulares hay miembros de la guardia de corps de Marco que llegaron al cargo tras un proceso de selección más que cuestionable. En ese grupo estaba una de sus mejores amigas, Esperança Camps, con la que coescribió un libro novelando los últimos días de Canal 9, quien pese a haber conseguido 22 puntos en la fase de méritos -muy por debajo de otros aspirantes que fueron eliminados-, sumó 62 puntos en la memoria y la entrevista que le catapultaron a la Dirección de Informativos No Diarios. Igualmente resultaron llamativas las remontadas, gracias a la memoria y a la entrevista personal, de Albert Vicent, expresidente del Comité de Empresa de Canal 9; Ernesto Sorrentino —penúltimo en los méritos pero acabó imponiéndose al resto de aspirantes—; Elena Villanova, o Anna Peña, exsecretaria de Comunicación de Esquerra Republicana del País Valencià.

Por cierto, aunque Marco caiga, ellos se quedan, ya que han pasado un proceso de selección, por cuestionable que sea. Y es que, además de lograr una alta puntuación en los apartados subjetivos del proceso, sus principales rivales por méritos fueron eliminados en la valoración de la memoria de manera un tanto arbitraria. Fue el caso de Benjamín Marín, Paula Meseguer -directora de Comunicación de Alberto Fabra cuando era presidente-, Clara Castelló o Jorge Carrascosa.

La opinión sindical

Aunque off the record el mantra sobre el carácter difícil de Empar Marco vuelve a salir —con menos insistencia— los sindicatos prefieren centrarse en opinar sobre lo suyo: la situación de los trabajadores. Desde Intersindical, por ejemplo, piensan que pese a las discrepancias en materia laboral el Comité de Empresa no está en conta de la actual dirección «porque se cree el proyecto de una televisión pública y de calidad y está claro que están trabajando en esa dirección». Sobre los resultados reconocen sombras, pero también valoran el esfuerzo que se ha realizado. 

Estas fuentes también lamentan que se esté cuestionando la televisión «permanentemente» y que, a veces, estas críticas parecen una reedición de las que se hacían a Canal 9 más que a la situación actual. Un tema que sentó mal es que se publicara recientemente que por cubrir la información electoral se ofrecieran 800 euros extra a todos los trabajadores. «Eso es falso. Se crearon unos equipos, con un total de 37 voluntarios, para cubrir la campaña electoral en jornadas de más de doce horas al días, incluyendo festivos. Las plazas se cubrieron con creces, lo que demuestra el nivel de implicación de los trabajadores, y esos 800 euros para compensar las horas extras y la disponibilidad absoluta durante los quince días de campaña, apuntan estas fuentes. Esta situación se debe, en parte, a la ausencia de un convenio colectivo que actualmente está en negociación -se espera que esté listo antes de final de año-, del que las centrales recalcan que fue la propia dirección la que dio el primer paso para iniciar las reuniones.

Otro dato que hace mirar con desconfianza a los trabajadores es que la plantilla supone uno de cada tres euros de presupuesto: en 2019, el gasto consolidado será de 57,4 millones y el coste del personal 23,2 millones. La ley establece que el máximo debe ser un tercio del total (18,3 millones), pero hay una prórroga que hará que no se cumpla hasta 2020. Luego, ¿despidos o más presupuesto? La corporación tiene poco futuro salvo que consiga otras fuentes de ingresos, pues ni Les Corts ni el Consell están por la labor de abrir el grifo. 

El papel de los trabajadores en À Punt es complicado, ya que el 80% viene de la antigua Canal 9 y Ràdio 9, lo que supone arrastrar el sambenito. Las pruebas de acceso estaban diseñadas expresamente para que recuperaran lo que ellos consideran «sus» puestos, lo que motivó una batalla legal con la Unió de Periodistes cuya vista se celebrará el próximo 21 de mayo.

«El 80% de la plantilla de À Punt viene de Canal 9 con el sambenito que eso conlleva. Un juzgado dirá si hay que rebaremar las pruebas de acceso»

Noa de la Torre, presidenta de la institución, recuerda cómo las dos asociaciones profesionales más importantes de la Comunitat Valenciana (van de la mano de la Asociación de la Prensa de Alicante) fueron excluidas de la negociación del baremo. «Nunca nos opusimos a que, como marca la ley, los ‘ex’ de Canal 9 tuvieran cierta preferencia, pero lo que se hizo es cerrar las puertas a todos los demás. No tiene sentido», pone como ejemplo, «que haber trabajado en Canal 9 o Ràdio 9 diera más puntos que en Antena 3, o Telecinco, la Ser, Onda Cero, la Cope...».

El resultado de esta batalla legal es incierto y es probable que, sea cual sea la sentencia, haya que esperar a los recursos. Incluso si, al final, gana la Unió será el juez quien determine cómo se debe aplicar la sentencia. Las cosas podrían quedar más o menos igual y que se modificaran los baremos para futuros accesos o, en el caso extremo, que se procediera al despido de gran parte de la actual plantilla (unos 490 trabajadores) y comenzar de nuevo la contratación. Las consecuencias políticas para el Botànic serían imprevisibles, y más cuando la televisión pública va a ser un tema de enfrentamiento constante con PP, Ciudadanos y Vox (como lo fue durante la pasada campaña electoral).

El laboral no es el único problema. También está la privatización o externalización de servicios, que ya llega incluso a los servicios informativos, algo prohibido expresamente por la ley, ya que se ha encargado a empresas externas la información comarcal. El problema gordo es el de los llamados ‘similares’, y que recuerda a una práctica que ya existía en Canal 9. Aunque los trabajadores de las productoras que trabajan con À Punt deben tener unas condiciones «similares» a los de los de la casa, lo cierto es que no se cumple: cobran bastante menos, algunos están en categorías que no les corresponden y trabajan bastante más (hacen horas extra que ni cobran ni recuperan). Además, sobre todo ocurre con las radios, empleados externos utilizan de manera gratuita las instalaciones de À Punt. En otras palabras, la televisión del Botànic, a falta de financiación, permite una evidente precarización del trabajo para ahorrar costes. Por si fuera poco, cada vez tarda más en pagar, por lo que puede llevar a la ruina a las productoras más pequeñas.

¿Qué pasará al final con Marco? Hacer predicciones es fácil, lo complicado es acertar. En Presidencia no la quieren en la tercera planta de las instalaciones de Burjassot, y ni Compromís ni Podemos parecen tener ninguna deuda con ella. No ha hecho caso al resultado de ese informe —tan exhaustivo como caro— encargado nada menos que a Cimop, la empresa que dirige el sociólogo Fernando Conde, que decía que la audiencia natural de la nueva tele es gente que ve la Sexta y TV3, es decir, votantes potenciales del Botànic que creen en el ente como servicio público. Lo que ha llegado es una radiotelevisión sin personalidad definida... y que no ayuda a ganar elecciones, que es para lo que están las televisiones autonómicas (entre otras cosas).

Lo que está claro es que su sucesor es un tema que se hablará en la negociación para reeditar el pacto del Botànic. Pero PP, Ciudadanos y Vox han convertido a À Punt en una pieza central de su discurso. Además, sus votos sigue siendo necesarios para nombrar a un hipotético sucesor. Un río revuelto que podría incluso beneficiar a la directora general.  

* Este artículo se publicó originalmente en el número de mayo de 2019 de la revista Plaza