El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y el de Divalterra, Ramiro Rivera.VALÈNCIA. La Fiscalía ha decidido archivar la investigación sobre los reiterados intentos de cargos del PSPV de anular el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos de Divalterra al no apreciar delito. Anticorrupción se ha pronunciado así un mes después de admitir una denuncia del PP en la que consideraban que los hechos podían ser constitutivos de tráfico de influencias –por la influencia ejercida por la autoridad sobre otro funcionario para beneficiar a terceros– y de prevaricación –por una resolución administrativa cuyo contenido es arbitrario a sabiendas de su injusticia–.
En ella aportaban lo ocurrido cronológicamente junto a diversa documentación: desde el inicio del proceso de selección de la que sería ganadora, Eugenia Fernández, a las maniobras para revocar su contratación tras la presentación del recurso del aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena, en el que trasladaba una serie de –a su juicio– irregularidades.
Así, el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, elaboró diversos informes en los que abogaba por anularlo todo siete meses después del inicio del procedimiento sin que nadie hubiera recurrido las bases. Documentos en los que se basó el presidente de la empresa, el diputado socialista Ramiro Rivera, para defender igualmente la revocación. Un proceso en el que algunos técnicos –miembros del tribunal de selección– denunciaron presiones por parte de algunos responsables como Rivera.
La Fiscalía, sin embargo, señala que los hechos no reúnen entidad penal puesto que no se advierte la existencia de resoluciones arbitrarias que pudieran tener acogida en el delito de prevaricación. Éstas, indica, exigen una resolución dictada por autoridad o funcionario público en asunto administrativo contraria a derecho que, de un lado, no puede ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable. Y, de otro, que ocasione un resultado injusto y que haga efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario. En el caso denunciado, indica Anticorrupción, no se cumple.
Lo mismo ocurre, en su opinión, respecto al tráfico de influencias, porque exigiría "una situación de prevalimiento, por razones de amistad o jerarquía, además de un acto de influencia como presión moral eficiente sobre la acción o decisión de otra persona que vulneraría los principios de objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública". En el caso de Recursos Humanos, la selección de la persona designada, comenta la Fiscalía, ya se había producido con arreglo al proceso de selección.
En el marco de las diligencias practicadas, acudieron a declarar como testigos tanto el exgerente de Divalterra, Antonio Mas, como el que fuera presidente del tribunal de selección, Vicente Domingo. Ambos denunciaron presiones. El primero precisó ataques hacia su reputación, profesionalidad y gestión, especialmente a través de la prensa. El segundo mencionó remisiones que información que, si no realizaba, iban acompañadas de la advertencia de que se atuviera a las responsabilidades derivadas de los perjuicios.
Al no apreciar delito, la Fiscalía expresa que el PP puede reproducir su denuncia ante el órgano judicial competente.
