Eduardo Zaplana, en el registro de su casa de Benidorm. Foto: EFE/MORELLVALÈNCIA. La Operación Erial contra el expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana y sus presuntos testaferros, comienza a tomar forma a través de las diferentes vías de indagación, tal y como se desprende de las primeras investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de las que ha tenido conocimiento Valencia Plaza.
Hasta ahora, y teniendo en cuenta que el caso se encuentra todavía en su fase inicial, existen tres patas en las que se están centrando los investigadores: la primera se centra en los papeles que dieron inicio a todo, es decir, un esquema con la operativa de la trama que aportó el confidente Marcos Benavent; la segunda son las adjudicaciones de las ITV y del parque eólico de donde presuntamente salieron las mordidas de más de diez millones de euros trasladadas al extranjero, y la tercera son las vías utilizadas por la trama para el blanqueo ese dinero.
Estas vías se dividían a su vez en, al menos, otras dos: las compras realizadas con dinero en metálico como por ejemplo la casa de cerca de dos millones de euros adquirida en marzo por Zaplana, los vehículos de alta gama o la reforma de esa casa que está bajo investigación, y una segunda, que es la investigación de todas las empresas de los presuntos testaferros, a través de las cuales se habrían blanqueado ingentes cantidades de dinero ya fuera con adquisición de patrimonio que quedaría oculto o con compraventas que permitirían que el dinero negro aflorara limpio como una patena.
Como publicó Valencia Plaza, los agentes de UCO registraban este miércoles el ayuntamiento de La Vila Joiosa en busca de documentación sobre un plan urbanístico que se aprobó y se desarrolló en la década anterior. A través de este plan, el considerado como testaferro de Zaplana, Joaquín Barceló (en la imagen, con Zaplana), y su mujer, Felisa López, supuestamente habrían blanqueado dinero ilícito del expresidente. Resulta muy llamativo el incremento de patrimonio y activos a través de las empresas desde que Barceló dejara de ser directivo de Terra Mítica y que superan los siete millones de euros.
Pero no son las únicas empresas relacionadas con el matrimonio Barceló que los agentes de la UCO han registrado en busca de información que acredite el blanqueo. Los policías también han registrado y se han llevado material para analizar de las empresas Ballors Investmen SL, Costera del Glorio SL, Gavina del Arenal SL, Gavina Puerto Edivil SL, Gesdesarrollos Integrales SL, Los altos de la Carrasqueta SL y Medlevante SL, así como de la asesoría fiscal de Francisco Grau Jornet, considerado como el contable de la trama.
También se ha requisado información de las empresas en las que aparece su mujer, Felisa López: Barcelo López SL, a medias con su esposo; Volp accesories & Others SL, y otra sociedad que tiene a medias con su marido, la anteriormente mencionada Costera del Glorio SL. La primera de las empresas de Felisa López, Barceló López SL tiene varias propiedades en el municipio de La Vila en el que se ha practicado el registro por un valor de 430.000 euros. Esta empresa se dedica al arrendamiento de apartamentos, una forma sencilla de lavar el dinero según entienden los investigadores. También se investiga a Gesdesarrollos Integrales SL, que tenía terrenos en el plan urbanístico de Les Puntes del Moro, donde Joaquín Barceló tiene una parcela residencial hotelera.
La operación policial realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y bautizada como Operación Erial, ha concluido con catorce personas entre detenidas e imputadas, entre las que destacan, además de la de Zaplana, las detenciones de Vicente Cotino y su hermano José, ambos sobrinos del exconseller Juan Cotino, quien ha sido citado a declarar el jueves ante la UCO; el exjefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco García; los considerados por la UCO como testaferros principales de Zaplana, Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López, y el exsecretario de la CAM, Francisco Grau, cuyas detenciones se produjeron en Barcelona, València y Alicante.
Todos ellos están imputados por delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, asociación ilícita, tráfico de influencias. Las diligencias previas se abrieron en 2015 en el Juzgado de Instrucción número 8 de València bajo la dirección de la magistrada María Isabel Rodríguez Guerola.
