Hoy es 15 de agosto
BRUSELAS.“Hemos aprendido de otras crisis, no podemos seguir con las economías cerradas”, declaró el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en referencia a la crisis financiera global de 2008, tras presentar las conclusiones del Semestre Europeo. La principal medida es garantizar a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) la aplicación continua de la “cláusula general de escape", que se activó con la pandemia para que puedan activar la economía con inversiones públicas incumpliendo los criterios de control de déficit y deuda. Esta medida favorecerá también a los gobiernos regionales, por lo que la Generalitat Valenciana podrá seguir apoyando al sector privado en la reapertura de la economía post-pandemia.
La Comisión Europea ha presentado hoy el Paquete de Primavera del Semestre Europeo, que se centra en proporcionar orientación fiscal a los Estados miembros a medida que continúan el proceso de reapertura gradual de sus economías. Gentiloni explicó que la cláusula general de escape, que supone una exención del control del déficit al menos hasta 2023, “se va a prolongar en el tiempo, haciendo que la coordinación sea gradual.” Y garantizó que “no se van a retirar de forma prematura las medidas de apoyo, ya hemos aprendido de otras crisis”.
La activación de la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en marzo de 2020, permitió a los Estados miembros reaccionar rápidamente, y adoptar medidas de emergencia para mitigar el impacto económico y social de la pandemia. No obstante, el reto temporal de 2023 para activar los controles de nuevo podría suponer un “peso permanente”, añadió el comisario.
Por ello, explicó “se están revisando las normas que se han suspendido durante la pandemia, en referencia al pacto fiscal de estabilidad y crecimiento. “No va a ser un proceso fácil, pero estamos aquí para alcanzar consensos en los próximos meses. Ya hemos lanzado una revisión de las normas prepandemia, con consulta pública, suspendidas durante la pandemia y vamos a reiniciarlas.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente Ejecutivo para una Economía que Funciona para las Personas, defendió este punto e insistió en que “estamos en un momento crucial, con nuestra recuperación a la vuelta de la esquina, pero con el camino por delante todavía pavimentado con incógnitas. Por lo tanto, seguiremos utilizando todas las herramientas, prorrogando la cláusula general de escape en 2022, con vistas a desactivarla en 2023. Estamos alentando a los Estados miembros a mantener políticas fiscales de apoyo este año y el próximo, preservando la inversión pública y aprovechando al máximo la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para impulsar el crecimiento.”
Como claros objetivos para la recuperación están aumentar los puestos de trabajo y salir de las medidas de preservación para ir a políticas más activas. Por ello, el Semestre recomienda a los Estados miembros fomentar la reconversión de las personas a nivel laboral, “porque las empresas también están en proceso de cambio.”, explicó el comisario Genitloni. “Hay que ayudar a los ciudadanos a pasar de un puesto de trabajo a otro, a hacer la transición. No podemos congelar durante mucho tiempo la economía”, recordó.
La guía del Semestre pretende ayudar a los Estados miembros a fortalecer sus recuperaciones económicas, haciendo el mejor uso posible del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), el instrumento clave en el corazón de NextGenerationEU. El Semestre Europeo se ha adaptado este año estableciendo las inversiones y reformas que el RRF financiará.
Hace tres meses la Comisión aclaró que la decisión de desactivar la cláusula de escape general debe tomarse sobre la base de una evaluación general del estado de la economía basada en criterios cuantitativos, con el nivel de actividad económica en la UE en comparación con los niveles anteriores a la crisis. Sobre esta base, las previsiones son que la cláusula general de escape seguirá aplicándose en 2022 y se espera que se desactive a partir de 2023.
En este sentido, la política fiscal debe seguir siendo de apoyo en 2021 y 2022. Los Estados miembros deben evitar una retirada prematura de la ayuda y hacer pleno uso de la financiación del FRR. La implementación de inversiones y reformas dentro del RRF ayudará a apoyar la recuperación económica, fomentar un mayor crecimiento potencial y empleo, reducir los desequilibrios y mejorar las finanzas públicas. En 2022, las políticas fiscales nacionales deberían diferenciarse cada vez más, mientras que todos los Estados miembros deberían preservar las inversiones para apoyar la recuperación. Una vez que las condiciones lo permitan, los Estados miembros deben aplicar políticas para garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo.
Para ello, la Comisión ha adoptado un informe de conformidad del artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la UE, con objeto de que lo adopten todos los Estados miembros, excepto Rumanía que ya está en el componente correctivo del Pacto. El propósito es evaluar el cumplimiento de los Estados miembros con los criterios de déficit y deuda del Tratado.
El análisis sugiere que Bulgaria, Dinamarca y Suecia cumplen el criterio de déficit y no los demás Estados miembros. El criterio de deuda no es cumplido por 13 Estados miembros (Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Hungría, Austria, Portugal, Eslovenia y Finlandia).
La Comisión considera que, en esta etapa, no se debe tomar una decisión sobre si colocar a los Estados miembros bajo el Procedimiento de Déficit Excesivo. En el caso de Rumanía, la Comisión recomienda actualizar su trayectoria de ajuste fiscal, con el objetivo de corregir su déficit excesivo en 2024.
La Comisión ha identificado vulnerabilidades macroeconómicas relacionadas con desequilibrios y desequilibrios excesivos para los 12 Estados miembros seleccionados para revisiones a fondo en el Informe del Mecanismo de Alerta 2021. Tres Estados miembros siguen experimentando desequilibrios excesivos (Chipre, Grecia e Italia) y otros nueve están experimentando desequilibrios (Croacia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Rumania, España y Suecia).
La Comisión ha adoptado el décimo Informe de vigilancia para Grecia. El informe concluye que, a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia COVID-19, Grecia ha tomado las medidas necesarias para lograr sus compromisos específicos. También ha adoptado los informes de vigilancia posteriores al programa para Irlanda, España, Chipre y Portugal. Todos concluyen que las capacidades de reembolso de cada uno de los Estados miembros afectados siguen siendo sólidas.
Las Directrices de Empleo establecen prioridades comunes para las políticas nacionales de empleo con el fin de hacerlas más inclusivas y justas. También abordaron las consecuencias de la crisis de la covid-19, proporcionando orientación específica destinada a mitigar el desempleo y el impacto social de la crisis.