La UE rechaza evaluar si la ampliación del Puerto exige otra DIA porque la competencia es de España

VALÈNCIA. El intento para exportar la polémica por la ampliación norte del Puerto de Valencia naufraga. La Comisión Europea ha rechazado asumir la responsabilidad de determinar si la construcción de la nueva terminal de contenedores, cuyo diseño es diferente del amparado por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se le concedió en 2007, obliga a superar un nuevo examen ambiental.

La Comisión, que no entra al fondo del asunto porque la competencia al respecto correspondería al Reino de España, contesta en ese sentido a una pregunta escrita de la eurodiputada danesa del grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea Margrete Auken y del vicepresidente de ese grupo, Ernest Urtasun, (Catalunya en Comú), quienes a finales de octubre presentaron una petición de respuesta escrita instando a la CE a garantizar el derecho ambiental de la Unión en este caso.

En concreto, los parlamentarios defendían que la "adjudicación" de la obra –un trámite que formalmente aún no se ha producido– "carece de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), a pesar de estar las obras estrechamente relacionadas con grandes afecciones de emisiones contaminantes, extracciones de fondos marinos, nuevas infraestructuras viarias y una alteración de la dinámica litoral que daña el Parc Natural de l'Albufera".

Además, llamaban la atención sobre el hecho de que las obras amparadas por la DIA de 2007 correspondían a un proyecto "sustancialmente diferente y más pequeño", por lo que instaban a la Comisión a velar por el cumplimiento de la legislación ambiental de la UE.

Pues bien, la respuesta escrita de Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, aclara que no ha lugar a ese pronunciamiento porque la directiva de la evaluación ambiental estratégica (EAE) a la que apelaban los parlamentarios "se aplica a una amplia gama de planes y programas públicos, pero no a proyectos específicos como la propuesta de ampliación del puerto.

Sí existiría, según se recoge en la misma respuesta fechada el pasado día 20, un supuesto que podría obligar a un Estado miembro a determinar "si es necesario proceder a una evaluación de impacto ambiental mediante un examen caso por caso o aplicando umbrales o criterios establecidos previamente" ante "cualquier cambio o ampliación" en proyectos ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución "que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente".

La CE no valora el impacto ambiental, pero no descarta que lo haga España por los cambios del Puerto en la obrA

En este caso, la directiva de aplicación sería la de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), pero determinar si la ampliación norte del Puerto de València encaja dentro de este supuesto corresponde a las autoridades españolas.

"De acuerdo con la información disponible, la Comisión no está en condiciones de determinar si hubiese sido necesaria una nueva evaluación medioambiental antes de conceder la autorización para la modificación del proyecto en cuestión", sostiene la CE.

En cualquier caso, Bruselas recuerda que la legislación española ya prevé "un sistema de revisión administrativa al alcance de cualquier ciudadano que desee impugnar la legalidad de las decisiones, actos u omisiones de las autoridades públicas, y concede acceso a una vía de recurso judicial".

No despeja las dudas sobre la DIA

Al dejar la decisión sobre si los cambios en la ampliación del Puerto exige una nueva evaluación ambiental en manos del Gobierno, la Comisión no despeja ninguna de las dudas que pudieran existir sobre si la DIA que se aprobó en 2007 sigue siendo válida o no.

El presidente del Puerto de València, Aurelio Martínez, defiende con vehemencia que esa DIA sigue vigente. Lo hace porque los cambios introducidos en el diseño de la obra, que cambia por completo la ubicación del muelle de la terminal de la futura contenedores, "no son sustanciales" y legalmente no se podría paralizar el concurso público en marcha para tramitar otra evaluación ambiental.

En concreto, Martínez asegura que ninguno de los cinco supuestos según los cuales existiría obligación de pedir una nueva DIA, se da en este caso: ni un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera, de los vertidos a cauces públicos o al litoral, de la generación de residuos, ni del consumo de recursos naturales.

Además, la reciente renuncia del Puerto a ejecutar las dos actuaciones más polémicas de la obra, el dragado del canal de acceso y la prolongación del dique de abrigo, hacen "aún menos necesaria" la tramitación de una nueva DIA que retrasaría varios años el proyecto. Por ello, Martínez continúa adelante con sus planes para adjudicar en marzo la construcción y explotación de la terminal a MSC por un periodo de 50 años.

Sin embargo, la Comissió Ciutat-Port ve en este cambio "repentino" del Puerto "una maniobra" para no tener que pasar por una nueva DIA "y anteponer a toda costa hacer el proyecto por encima del interés general y la prudencia". En la misma línea, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asumido en persona el rechazo de Compromís al proyecto, que a su juicio se realiza "para favorecer los intereses de una empresa privada" con una inversión pública de 400 millones.

La iniciativa del grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea a la que la Comisión Europea acaba de dar respuesta venía instada por la Comissió Ciutat-Port, el colectivo que encabeza la oposición a la ampliación del Puerto que está integrada por las organizaciones Per l'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret y la Plataforma El Litoral per al Poble.

La Comissió, que colaboró con los dos eurodiputados en la redacción de la pregunta, defiende la necesidad de aplicar una moratoria "por lo menos hasta asegurar la legalidad comunitaria de las obras".

Bruselas censura que se oculte información

Por otro lado, el comisario de Medio Ambiente se pronuncia sobre el supuesto incumplimiento por parte de la APV de la obligación de poner a disposición de las instituciones locales y cívicas la información del "proyecto detallado" de la ampliación denunciada por los europarlamentarios de los Verdes.

Al respecto, se limita a recordar que existe una directiva comunitaria que obliga a las autoridades públicas a poner la información medioambiental en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de todos los solicitantes, "sin que estos tengan que declarar un interés determinado".

Además, esta misma directiva ampara a cualquier interesado que considere que sus solicitudes de información han sido ignoradas, rechazadas sin fundamento o contestadas de forma inadecuada a recurrir a la vía del recurso administrativa o judicial.

Este será, con toda probabilidad a la vista de lo anunciado por los promotores de las alegaciones en contra de la ampliación norte sin una nueva DIA, el escenario que se abra cuando la APV desestime formalmente las mismas y siga adelante con el concurso.