VALÈNCIA. Ximo Puig ya tiene el gesto que esperaba de Aurelio Martínez. Tantas ganas tenía el presidente de la Generalitat de poder dar por fin una buena noticia sobre la polémica ampliación norte del Puerto que utilizó Les Corts para avanzar lo que este viernes tiene previsto exponer con detalle el presidente del Puerto de Valencia: que los aspectos más cuestionados de la obra, especialmente el dragado marino de 350 hectáreas frente a El Saler para aumentar el calado del canal de acceso, no se llevarán a cabo.
A la sazón, se trata del primer movimiento relevante que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) lleva a cabo para reducir la tensión que se ha creado en torno a este proyecto. Un movimiento con el que Aurelio Martínez complace en parte a Puig en la medida que le permite defender con mayor comodidad la ampliación frente al perfil duro de Compromís contra el proyecto, explicitado con el desembarco en el consejo de administración de la APV de Mónica Oltra a través de su mano derecha, Iván Castañón.
Sin embargo, el cambio confirmado por Puig –que en realidad no puede decidirse formalmente porque no está previsto en el orden del día del consejo de administración que la APV celebra este viernes– no implica desactivar automáticamente la controversia que existe sobre la necesidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) distinta a la que se concedió en 2007 para este proyecto.
Con todo, la renuncia a la extracción de cerca de 18 millones de metros cúbicos de arena del lecho marino o a la prolongación del dique de abrigo, resta fuerza a los argumentos de Compromís y los colectivos que encabezan la oposición al proyecto, con la Comissió Ciutat-Port a la cabeza. Tanto el dragado como el cambio del dique eran dos de las modificaciones principales respecto al proyecto para el que la APV obtuvo la DIA en la que los opositores a la ampliación han basado sus alegaciones contra la ampliación del Puerto.
Con la eliminación de esas dos actuaciones en el proyecto constructivo definitivo, adelantada por Valencia Plaza, Martínez busca atenuar el rechazo al proyecto y al mismo tiempo atiende al deseo manifestado expresamente por el conseller de Transportes, el socialista Arcadi España, para tener en cuenta las alegaciones planteadas y modificar el proyecto si fuera necesario.
Su línea roja, sin embargo, sigue siendo la DIA. El presidente del Puerto ha manifestado reiteradamente que las obras no se pueden retrasar para tramitar una nueva DIA que tardaría entre tres y cinco años. Recientemente aseguró incluso que antes que pedir la tramitación de una nueva declaración ambiental abandonaría el cargo para no ser acusado de "prevaricación". "Me lo pida quien me lo pida", advirtió.
El órdago de Martínez, lanzado poco antes de la misión comercial de tres días en Marruecos que el presidente de la APV ha compartido con el propio Ximo Puig y Arcadi España, habría servido pues para recabar el apoyo público y explícito del jefe del Consell a cambio de una cesión parcial en el proyecto.
El PSPV se afanó este jueves en destacar la relevancia de la concesión. Su portavoz en Les Corts, Manolo Mata, aplaudió lo que vino en llamar "la solución Puig" y su talante para "no sacrificar intereses que pueden ser compatibles". La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, opinó por su parte que es una "magnífica noticia" que demuestra que es posible "trabajar por el crecimiento económico de la mano de la sostenibilidad, del respeto y de la integración medioambiental".
Compromís, sin embargo, continúa reclamando otra DIA. Su diputada Papi Robles dijo que la de 2007 está "caducada". "El anuncio de Puig que querríamos es que se va hacer una nueva DIA", manifestó, porque a su juicio la cesión del Puerto con los dos aspectos más problemáticos "no es suficiente".
Menos claro fue Joan Ribó. El alcalde de València y consejero de la APV valoró el gesto porque supone "un paso muy importante" para reducir afecciones sobre las playas del sur de la capital valenciana, pero dijo que aún debe analizar si mantiene su reclamación de una nueva DIA. Ese fue el motivo, de hecho, por el que el pasado mes de septiembre votó por primera vez en contra de la ampliación en el consejo de la APV. Este periódico intentó contactar con sus portavoces para conocer si el alcalde mantendrá o cambiará su voto negativo en el consejo, pero no hubo respuesta.
Al margen de lo sorprendente que resulta que el presidente de la Generalitat asuma el protagonismo de una decisión que debe tomar el consejo del Puerto, el anuncio llega incluso antes de que la APV haya respondido formalmente y por escrito a las instituciones y colectivos que han presentado alegaciones basadas en los aspectos a los que ahora se renuncia.
A juicio del abogado de la Comissió Ciutat-Port, Antonio Montiel, el movimiento "está exento de cualquier rigor técnico y jurídico". "La administración tiene que pronunciarse por escrito", insiste. "Me parece mal que Aurelio Martínez instrumentalice al Consell y al presidente; nosotros vamos a seguir manteniendo una posición clara y firme", sostuvo Montiel en declaraciones a este periódico.
En su opinión, modificar el anteproyecto constructivo licitado el pasado julio "podría entenderse como un cambio de las reglas del juego de la licitación" y, por lo tanto, como una "vulneración" de las normas del concurso.
En un comunicado posterior, esta plataforma consideró que el cambio "repentino" del proyecto es "una maniobra" para no tener que pasar por una nueva DIA "y anteponer a toda costa hacer el proyecto por encima del interés general y la prudencia". Además, alertó de que ello deja también "en suspenso" la oferta de TIL (MSC) porque los aspectos técnicos del proyecto también han cambiado.
El presidente de la APV llega al consejo de administración de este viernes con el camino expedito para dar explicaciones. Por un lado, tanto el presidente de la Generalitat como el PSPV desde la administración y la local han aplaudido el gesto. Por otro, la empresa que ha presentado la única oferta para construir y explotar esa terminal, el grupo MSC, también ha acogido el cambio como una "buena noticia" que no altera sus planes de invertir 1.100 millones de euros en la nueva terminal.
Su director en España, Ignacio Ballester, aclaró que en realidad no es necesario ampliar en tres metros el calado actual hasta la cota de –22 metros, tal y como previó la APV en el anteproyecto constructivo para asegurar la navegabilidad de los mayores portacontenedores del mundo por el canal de acceso.
Según explicó el directivo en un almuerzo-coloquio de la Asociación Española de Directivos (AED), el barco mercante más grande que puede surcar los mares, de 23.756 TEU, puede acceder perfectamente sin necesidad de aumentar la profundidad del canal de acceso. "No necesitamos más calado; cuando se nos ha preguntado, lo hemos dicho. Las tecnologías evolucionan y llevamos más contenedores con el mismo calado", explicó.
Ballester opinó que la "preocupación" sobre el tema ambiental "queda subsanada" con los cambios que está dispuesta a aceptar la APV, por lo que se mostró optimista con que finalmente se cumplan los plazos actualmente previstos para la ejecución de la obra. De lo contrario, no ocultó el riesgo de que la inversión proyectada pueda no llevarse a cabo, una oportunidad que, subrayó, València no puede dejar pasar.
El director general de MSC confesó estar contrariado con el "ruido político" que ha desatado el proyecto. "Que un inversor privado ponga toda esa inversión sobre la mesa y solo reciba mensajes de que no es bienvenido, es complicado. No quiero pensar que exista un interés político oculto para que un proyecto de este tipo no salga adelante", zanjó.