Aurelio Martínez. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Aurelio Martínez abandonará el Puerto de València si no se aprueba la ampliación norte. Por primera vez desde que estalló la polémica sobre si esa obra debería ir o no precedida de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) vincula directamente su futuro a la continuidad del proyecto en los plazos actuales.
Martínez, que defiende la vigencia de la DIA que se concedió para este proyecto en 2007, cree que retrasar hasta cinco años la ampliación norte para tramitar una nueva evaluación ambiental para la que no existen razones objetivas podría acarrearle problemas jurídicos que no está dispuesto a asumir.
Así lo manifestó tras su conferencia inaugural en el foro de economía del Colegio de Economistas de Valencia (COEV), donde pronunció una conferencia sobre el rol del puerto en la economía valenciana y cómo la entrada en servicio de la nueva terminal de contenedores en 2030 supondrá la creación de 14.453 puestos de trabajo. De esa forma, el Puerto de Valencia generará el equivalente al 3% de todo el empleo de la Comunitat.
A preguntas de los asistentes sobre qué pasará con este proyecto, asociado a una inversión público privada de más de 1.400 millones de euros, Martínez se mostró confiado en que la ampliación norte saldrá adelante con la adjudicación definitiva a MSC para explotar esa terminal durante 50 años.
"Creo que la ampliación norte se va a aprobar, tardaremos más o menos y a lo mejor habrá que cambiar el anteproyecto, pero creo que sí porque en València no podemos permitirnos el lujo de perder esta oportunidad y no concurren razones objetivas para perderla", aseguró.
Sin embargo, en esta ocasión, el presidente del Puerto fue un poco más allá en su defensa del proyecto al destacar los problemas legales que pueden surgir si se frena el concurso que se convocó para la construcción y explotación de esa terminal, al que solo se presentó TIL, una filial de MSC.
En concreto, recordó que cuando la APV comenzó a preparar ese concurso hace ya dos años, lo hizo de acuerdo con "un marco legal concreto, con una DIA y una serie de responsabilidades". Los potenciales inversores estudiaron la oferta en base a esas condiciones "y se gastaron bastante dinero en preparar los proyectos", destacó Martínez.
El pasado mes de septiembre, el consejo de administración de la APV selección la oferta de TIL para la adjudicación provisional con el único voto en contra del alcalde de València. Joan Ribó. Desde entonces, la APV ha recibido más de 200 alegaciones al proyecto, algunas de las cuales proceden del propio Ayuntamiento de València, que exige una nueva evaluación ambiental antes de continuar con el concurso.
El Puerto de València debe decidir en las próximas semanas si acepta e incorpora algunas de esas alegaciones al proyecto constructivo definitivo, que también está en fase de redacción, ya que las alegaciones se han planteado sobre la base del anteproyecto constructivo que contiene los aspectos más controvertidos de la obra, en los que se han centrado el grueso de alegaciones contrarias.
"Cambiar las normas sería prevaricar y no voy a hacer eso, me lo diga quien me lo diga"
El propio Martínez ya reconoce que dos de los puntos más controvertidos recogidos en el anteproyecto constructivo de las obras que tiene que hacer la APV, el dragado marino de 350 hectáreas para ampliar el canal de acceso, o la prolongación del dique de abrigo en 500 metros "son perfectamente solubles". Es decir, tal y como publicó Valencia Plaza, la APV está dispuesta a no llevar esas dos obras al proyecto constructivo definitivo para reducir el rechazo al proyecto.
Sin embargo, a juzgar por lo que aseguró en el Colegio de Economistas, el margen que el Puerto está dispuesto a ceder acaba con la renuncia a esas modificaciones sobre la obra que se proyectó en 2007 y obtuvo una DIA favorable ese mismo año. Martínez, que advirtió que incluso si no hay retrasos el Puerto ya llega muy justo a tener la nueva terminal de contenedores, antes de quedarse sin espacio para más contenedores, insistió en que en ningún caso está dispuesto a solicitar una nueva DIA.
"Lo que no puedes hacer es cambiar las normas en mitad del proceso de elección. Y no me puedes decir a mí que yo autorice ese cambio porque eso es prevaricar. Y puedo asegurar que yo no voy a hacer eso, me lo diga quien me lo diga", sentenció el presidente de la APV, quien de esta manera deslizó que, si la ampliación se para por la necesidad de otra DIA, él abandonará la presidencia. "Tengo mucha frustración acumulada", lamentó.
Las explicaciones de Martínez van en la línea de las manifestadas recientemente por su mano derecha en el Puerto, Francesc Martínez, quien retó a los partidarios de paralizar al proyecto a que aporten los argumentos legales por los que, a su juicio, habría que suspender la ejecución de la obra.
La legalidad, destacó el director general de la APV, se aplica "en dos direcciones", por lo que "tan importante es que todo proyecto cumpla todos los requerimientos legales como que, si alguien propone paralizar un proceso abierto, argumente los motivos para porque, de lo contrario, si yo paralizo un proyecto se produce un incumplimiento de la legalidad".
Para argumentar su postura, Martínez explicó a los economistas colegiados que las modificaciones sobre proyecto que obtuvo la DIA en 2007 "no son sustanciales" por lo que legalmente no estaría amparada paralizar la obra para tramitar otra evaluación ambiental. "Creo que cuento con el apoyo de las personas que tienen que tomar estas decisiones", aseguró.
En ese sentido, recordó que la ley ambiental fija cinco supuestos según los cuales existiría obligación de pedir una nueva DIA, pero aseguró que en este caso no se da ninguno de ellos: ni un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera, de los vertidos a cauces públicos o al litoral, de la generación de residuos, ni del consumo de recursos naturales.
Tampoco existiría, a su juicio, una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000 –el quinto supuesto legal que haría necesaria una DIA, porque las actuaciones pendientes se realizan en aguas ya abrigadas por los diques que se finalizaron en 2012. Esto es, el relleno del muelle no tendría, según afirmó, ninguna afección adicional sobre las playas al sur del Puerto, Pinedo y El Saler.
El presidente de la APV lamentó la critica "tan fuerte y violenta" que ha recibido el Puerto porque está basada en dos aspectos –la prolongación de un dique y el dragado del canal de acceso– que son "perfectamente solubles" si no se reflejan finalmente en el proyecto constructivo.
"Era bueno que estuvieran (en el anteproyecto), pero ya veremos si están, en el proyecto constructivo, que estará pronto. Me da pena porque el puerto no es mío, haremos lo que razonablemente se tenga que hacer. ¿Alguien puede pensar que hacemos algo en perjuicio de nuestros hijos? Lo que queremos es generar empleos para que 100.000 de nuestros jóvenes no se tengan que ir a trabajar al extranjero porque aquí no hay empleos de calidad", lamentó Martínez.
"El dique no es absolutamente imprescindible según los estudios técnicos, pero lo razonable era incluirlo en el anteproyecto para abrigar los barcos ante posibles temporales", reconoció Aurelio Martínez. Respecto al dragado, justificó la iniciativa de bajar la cota del canal de acceso de los –19 metros actuales hasta –22 en previsión de que siga la tendencia actual de "gigantismo" en el tamaño de los portacontenedores y, por tanto, garantizar su navegabilidad en los próximos años.
"No tenemos ni idea de cómo serán los barcos en 20 años. En este momento no hace falta el dragado porque ahora ya entran los barcos más grandes, pero si hace mucho daño (el dragado) se deja como está y dentro de 20 años que lo resuelvan quienes nos sucedan", espetó el presidente de la APV.
"Si hace mucho daño (el dragado) se deja como está y dentro de 20 años que lo resuelvan quienes nos sucedan"
Lo cierto es que sobre estos dos asuntos existen muchas discrepancias, incluso de quienes no dudan de la necesidad de la ampliación. Es el caso, por ejemplo del catedrático de la UPV que ha dirigido el estudio encargado por las organizaciones empresariales para destacar los beneficios económicos y sociales de la ampliación del Puerto.
Vicent Esteban Chapapría, catedrático en Puertos y Costas de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPV, no consideró justificada la necesidad de dragar el canal de acceso al puerto para asegurar la navegabilidad de los grandes portacontenedores y opinó que, de hacerse, tendría que ser evaluado medioambientalmente.
Otro informe técnico incluido en las alegaciones que ha presentado el colectivo que encabeza la oposición a la ampliación norte, la Comissió Port-Ciutat, concluye que el dragado aumentaría la erosión sobre la costa de futuros temporales y supondría un riesgo añadido sobre las playas al sur del Puerto de Valencia. Su autor, el catedrático Pascual Pery opinó que esa actuación de debería estudiar "para cuantificarlo perfectamente en una DIA porque esto no estaba contemplado en la que está aprobada".
