Vista de la Cantera que explota Lafarge en Salt del LlopLa mercantil denuncia "la incertidumbre generada por los impedimentos del nuevo ejecutivo local y la falta de alternativas viables a la zona de ampliación"
VALENCIA. "Creemos poco prudente seguir invirtiendo en la fábrica de Sagunto a largo plazo". Son palabras de Miguel Ángel Urbano, director de la fábrica de Lafarge en Sagunto, que emplea a 400 trabajadores entre eventuales y fijos. La cementera ha anunciado este martes su decisión de "paralizar temporalmente los trámites necesarios para ampliar su actividad de extracción de caliza dentro de la concesión minera que mantiene en el término municipal de Sagunto", y lo hace "ante la incertidumbre generada por los impedimentos del nuevo ejecutivo local y la falta de alternativas viables a la zona de ampliación, conocida por el nombre de Margas”.
Se trata del lugar en el que la multinacional tenia previsto continuar extrayendo piedra tras agotar la zona de Salt del Llop, en la que se encuentra en la actualidad. La mercantil, según explica, cuenta "con todos los permisos y autorizaciones que habilitan la explotación de terrenos situados en los montes de utilidad pública y forestal, sobre los que tiene otorgada una concesión minera hasta 2042". El permiso minero determina tanto la cantidad de material a extraer, como la superficie de la cantera a explotar.
Pese a todo, según explica Urbano, las trabas del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sagunto, liderado por el alcalde de Compromís Francesc Fernández -que gobierna con el apoyo de ADN Morvedre y Esquerra Unida-, le han llevado a renunciar a la explotación de este espacio.
Según Lafarge, la empresa y el anterior pleno del consistorio, gobernado entonces por el PP, suscribieron un convenio en 2013 -tras seis años de reuniones- que buscaba conciliar el interés del consistorio de crear un paraje natural en los terrenos de la concesión de la empresa y la viabilidad de ésta. Por este acuerdo, la compañía aceptaba limitar el uso de su concesión y trasladarse a la única zona alternativa viable por la calidad de su caliza, situada en El Piñal.
Mientras esto se hacía posible, el consistorio debía apoyar a Lafarge en los dos trámites más inmediatos para la continuidad de su actividad: la renovación del permiso de ocupación de monte público sobre la zona de actividad actual, que vence en 2017, y la ampliación a la zona contigua, la zona de Margas, de unas 14 hectáreas.
No obstante, según Urbano, con el cambio de gobierno los acuerdos no se han cumplido. “El equipo de gobierno local ha presentado alegaciones a nuestros trámites administrativos ante la Generalitat sin base legal ni técnica y contrarias a los acuerdos aprobados por el pleno".
"Entendemos que estas alegaciones no dejan lugar a dudas sobre su oposición frontal a la continuidad de nuestra actividad. Aunque hemos ofrecido reiteradamente dialogar sobre alternativas que puedan satisfacer los intereses del nuevo equipo de gobierno, lo cierto es que lo único que sentimos avanzar es la amenaza hacia nuestra actividad”, lamenta.
Todas las zonas en las que se enmarca el permiso minero de Lafarge están dentro del perímetro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), físicamente demarcado. Este PGOU reconoce tolerancia extractiva en suelo no urbanizable y permite la explotación minera, según la sociedad.
LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) es el líder mundial del sector de materiales de construcción con una presencia equilibrada en 90 países y centrados en el cemento, áridos y hormigón. El grupo cuenta con 115.000 empleados en todo el planeta y una cifra de negocios neta combinada de 33.000 millones de francos suizos (27.000 millones de euros) en 2014.
En España, LafargeHolcim cuenta con cinco fábricas de cemento con una capacidad instalada superior a los 10 millones de toneladas anuales y una molienda, cuarenta plantas de hormigón, una planta de morteros, trece canteras, 5 terminales y 1 planta de residuos donde trabajan cerca de 1000 empleados.
