VALÈNCIA. El balance realizado sobre los compromisos cumplidos y en proceso de ejecución de las distintas consellerias del Gobierno del Botánico II que forman PSPV, Compromís y Unides Podem reflejó numéricamente que las carteras que lideran socialistas y morados tienen un mayor grado de efectividad en términos generales que las que gestiona Compromís.
Una conclusión que puede extraerse del balance ofrecido por el Ejecutivo valenciano tras el seminario de invierno celebrado este fin de semana en Xàbia y Dénia. Así, del total de 59 compromisos -cinco por conselleria, excepto Justicia que se fijó cuatro- puestos sobre la mesa en el seminari de Montanejos que dio inicio a la X legislatura, 39 de ellos se encuentran ya ejecutados y 20 todavía están por cumplir, lo que supone un 33% del total.
Así, según las cifras, los departamentos del Consell que podrían catalogarse como más eficientes son los liderados por Unides Podem. Si bien es cierto que es la formación que ocupa menos carteras en el Gobierno valenciano -dos de una docena- y por tanto la que menos compromisos debía ejecutar, también lo es que en términos porcentuales es quien presenta un menor número de deberes pendientes. Esto es, de los 10 objetivos marcados por la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que ocupa Rubén Martínez Dalmau, y la de Participación y Transparencia que lidera Rosa Pérez, tan solo tres se han quedado por hacer, es decir, un 30%.
En segundo lugar, se encuentran los socialistas, que de los 29 objetivos que tenían marcados sus departamentos -Presidencia, Hacienda, Justicia, Sanidad, Política Territorial e Innovación- les quedan por realizar nueve de ellos. O lo que es lo mismo, un 31% de los planes proyectados por sus carteras.
Compromís, sin embargo, que dirige cuatro departamentos en el Ejecutivo valenciano y que se marcó como objetivo cumplir una veintena de metas, le han quedado por ejecutar ocho de ellas. Esto es, el 40% de sus propósitos.
Un contraste que, no obstante, podría venir justificado por la dificultad y laboriosidad de los planes que incluyó la coalición valencianista para el primer semestre de gobierno. No en vano, las consellerias de Compromís sí incluyeron entre sus compromisos en el seminari de julio celebrado en Montanejos proyectos normativos, cuya ejecución es mucho más lenta dado que tienen que superar toda una serie de trámites burocráticos que dilatan su ejecución y retrasan su aprobación en el pleno del Consell.
Es el caso, por ejemplo, del decreto previsto por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para "regular la coordinación interadministrativa, la colaboración financiera en materia de servicios sociales y la coordinación con equipos profesionales de servicios sociales de atención primaria". Una normativa para la que se tuvo que dar audiencia a las tres diputaciones provinciales, los ayuntamientos de Castellón, València, Alicante y Elche, además de la FVMP. También se tuvo que formar la mesa técnica de coordinación, se trasladó al Comité Económico y Social y actualmente está a la espera de remitirse al Consell Jurídic Consultiu.
Este, de hecho, es el único objetivo que le queda por cumplir a la Conselleria que dirige Mónica Oltra, que ya ha cumplido los otros cuatro propósitos que se marcó en el primer seminari de la X legislatura cuyo nivel de ambición era menor: "Favorecer el asociacionismo y la iniciativa de gente joven en territorios que no tengan acceso a ayudas públicas"; "Impulsar la figura del asistente personal"; "Reforzar la colaboración con el Ministerio de Interior para cumplir con las penas de trabajo en beneficio de la comunidad"; o "Financiar entidades locales para realizar programas de igualdad".
También le ha ocurrido lo mismo a la Conselleria de Economía de Rafa Climent con el anteproyecto de ley de Comercio Sostenible. O a la Conselleria de Agricultura y Emergencia climática de Mireia Mollà con la tramitación de la Ley de Cambio Climático o el desarrollo de la Ley de Estructuras Agrarias.
En este sentido, cabe apuntar que la elaboración de leyes fue progresivamente desapareciendo de los compromisos de los seminarios durante la legislatura pasada porque continuamente derivaban en que el porcentaje de incumplimientos fuera sumamente elevado precisamente por la lentitud de su tramitación, que en numerosas ocasiones supera los seis meses de trabajo y con ello los plazos con los que se celebran los seminarios.
Con estos mimbres, y para no caer en los mismos errores de antaño, Unides Podem no se marcó ninguna ley entre sus metas ejecutables a corto plazo como por ejemplo la de "poner en marcha mecanismos de coordinación de políticas verdes del Consell" o "iniciar el procedimiento para llevar a cabo el primer Plan de Respuesta a las Emergencias Habitacionales". Dos fines cuya descripción es sencilla de acometer porque se basa primordialmente en "iniciar" cualquier trabajo.
Los socialistas, por su parte, solo incluyeron dos normativas entre sus objetivos: una en la Conselleria de Política Territorial y otra en Sanidad. El primero, es el decreto por el que se regula la Plataforma Urbanística Digital y está pendiente de ejecutarse, en pleno proceso de elaboración. El segundo, es el único que se ha aprobado en el semestre y lo hizo a punto de celebrarse el seminario: el pasado 24 de enero se aprobó el decreto de Central de Compras.
El resto de compromisos de las consellerias socialistas son objetivos más ágiles de ejecutar, como por ejemplo el nombramiento de los miembros del Consejo Rector de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria o el "impulso" de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio en la Conselleria de Política Territorial. En Innovación y Universidades, por ejemplo, también se ha cumplido por parte del PSPV la "creación de un grupo de trabajo para elaborar un documento inicial que define un nuevo plan de financiación para las universidades públicas de la Comunitat Valenciana". Y en Sanidad se ha creado ya "un Plan de Atención a la Epilepsia" y "un Banco de Córneas".
