Jorge Rodríguez, en el centro, el día que presentó su dimisión. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Las defensas del expresidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez y sus colaboradores consideran que la resolución de la Audiencia sobre el caso Alquería es "lo esperado" después de una instrucción del caso en la que ha primado "la indefensión" y un relato "tendencioso y parcial" de los hechos, en el que los acusados no han tenido la oportunidad de demostrar su inocencia.
La Audiencia, sostienen, se ha limitado a repetir los argumentos de la acusación, sin analizar la cuestión de fondo y tampoco ha tenido en cuenta ninguna de las pruebas aportadas a la causa por las defensas, dando por bueno el relato del fiscal y la UDEF. "Hasta tal punto es así que sigue repitiendo que existen informes favorables o contradictorios, cuando de los 11 informes sólo hay dos que se oponen claramente a las contrataciones", al tiempo que se omite que el principal informe interno, el del director de los servicios jurídicos José Luis Vera, de 14 de junio de 2016, era favorable a mantener las contrataciones hasta que se clasificara la empresa, como así se hizo en septiembre de ese mismo año.
Al mismo tiempo recuerdan que el citado informe se realizó a instancias de Rodríguez tras ser alertado por el entonces cogerente Víctor Sahuquillo de las dudas sobre la legalidad de dichos contratos de alta dirección. El informe de Vera dio luz verde a los contratos por "mero principio de prudencia", según consta en el informe.
Sorprende, asimismo, que en la resolución de la Audiencia se insista en que las personas fueron contratadas para puestos "ficticias" cuando las pruebas aportadas por los empleados de su trabajo efectivo y diario ocupan varios tomos del sumario.
Desde el entorno del expresidente de la Diputación recalcan que, como se ha visto tres años después, la alternativa a una estructura directiva para gestionar la empresa era su "liquidación y la incertidumbre de los trabajadores". Al mismo tiempo insisten que resulta "inaudito" que un fiscal y un juez se inmiscullan en decisiones de oportunidad política o empresarial y no se limiten a señalar la legalidad o no de los contratos, una cuestión meramente administrativa, y añaden que, después tanto sufrimiento, el interés público no se ha visto beneficiado en nada porque "desde la operación Alquería todo ha ido a peor en Divalterra".
Sobre la disolución de la empresa, Rodríguez comparte la decisión tomada por Toni Gaspar porque ya es algo que él mismo "intentó en su momento". "Teníamos que si queríamos reflotar la empresa después de años de saqueo necesitábamos un equipo directivo fuerte que respondiera a un criterio profesional pero estuviera alineado con nuestros objetivos", indica.
"Lo que se ha demostrado tres años después de la desaparición de los altos cargos es que la única alternativa a un equipo directivo era la disolución de la empresa, lo que nos reafirma en la necesidad de la existencia de ese equipo. Tampoco los técnicos han podido poner orden ahí dentro. Todo el problema viene de los enchufados del 'yonki del dinero' que nos denunciaron a nosotros y han acabado provocando esta situación", añade.
