La Audiencia de Valencia rechaza la última opción de Jorge Rodríguez de evitar el juicio 

VALÈNCIA. La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha confirmado el procesamiento del expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y otros cargos de PSPV y Compromís en el marco del caso Alquería. Desestima los recursos de apelación interpuestos por él y nueve de los quince encausados contra el auto de procedimiento abreviado al entender que está suficientemente motivado. De esta manera, todos ellos agotan la última vía para evitar sentarse en el banquillo, ya que el juez les abrió juicio oral el pasado febrero. El siguiente paso ya será señalarlo. 

En su resolución, el magistrado cifró en 1,12 millones de euros el dinero presuntamente malversado por colocar a personas afines a ambos partidos en la empresa pública Divalterra, cuya disolución fue anunciada el pasado martes. Los presuntos delitos que se atribuyen a los investigados son los de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El juez sostuvo que han "infringido la legalidad" en la "cabal y correcta aplicación de los fondos públicos" al haberse producido en Divalterra una contratación "simulada" de un total de nueve directivos entre noviembre de 2015 y febrero de 2018 sin que hubiera "motivos suficientes" y con hasta once informes jurídicos en contra. En ella, señaló, no se tuvieron en cuenta, "con conocimiento y voluntad de ello", los requisitos legales y estatutarios. Además, creía que las personas contratadas bajo esta modalidad no ejercieron "nunca como tales".

Esta forma de actuar conllevó, a su juicio, un posible desvío de más de un millón de euros de fondos públicos "en favor de unos particulares" y "por puros intereses de índole partidista" en ese reparto de cargos entre las dos formaciones en el poder: PSPV y Compromís. 

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Jorge Rodríguez, pena que también hace extensiva a su exjefe de Gabinete en la corporación, Ricard Gallego, a su exasesor Manuel Reguart, al exgerente de Divalterra José Ramón Tíller y a la excogerente Agustina Brines. 

La Audiencia ratifica ahora el criterio del juez y destaca que éste realiza un "relato fáctico suficiente a los efectos de determinar los posibles hechos que se consideran típicos", al tiempo que "identifica a las personas contra las que se dirige el procedimiento". Así, reconoce la existencia de indicios racionales de criminalidad y concluye que las alegaciones expuestas por los recurrentes han de ser dirimidas en la fase de juicio oral "conforme a los principios de oralidad, contradicción e inmediación". 

Presunto conocimiento de la irregularidad

La Sala señala que de las diligencias practicadas y de los once informes que constan en las actuaciones se desprenden indicios que apuntan hacia una presunta ilegalidad o incluso una falsa contratación. Menciona también el dato importante de que no interviniera el Consejo de Administración, que ostenta la facultad de nombrar al personal directivo, y recuerda que no constaba ningún informe técnico que justificara esos contratos. "De una estructura empresarial con un solo gerente se pasó a diez cargos directivos apenas comenzó su andadura", indica.

La Audiencia sostiene que existen datos que evidencian un presunto conocimiento por parte de Jorge Rodríguez de la posible ilegalidad de las contrataciones pese a ser alertado de ella. No sólo no las atendió, afirma, sino que realizó nuevos nombramientos ya en 2018. Lo mismo opina de su círculo más cercano (Gallego y Reguart), quienes, cree, sabían de la irregularidad y "participaron de manera activa". 

Respecto al resto de los investigados, los señala como presuntos beneficiarios al haber sido nombrados altos cargos que, en realidad, y según la Intervención, serían "ficticios y simulados", al no haber efectuado en la realidad labores de dirección.