Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. Hace un año aproximadamente de que el gobierno municipal de València se pusiera manos a la obra para regularizar el sector de motos compartidas -motosharing-. La concejalía de Espacio Público, que dirige la edil Lucía Beamud, inició entonces el proceso para otorgar las autorizaciones a las compañías que estuvieran interesadas en operar en la ciudad, algunas de las cuales están implantadas desde hace años sin un régimen de control municipal.
Pero no gusta el sistema que pretende articular el Ayuntamiento, fijando un máximo de motos de sharing y repartiendo el número de licencias entre los operadores que se presenten al proceso. El tope, marcado por la concejalía de Movilidad Sostenible, que dirige Giuseppe Grezzi, es de 2.000 motos en total, y un máximo de 500 vehículos por empresa. Un límite que el sector considera demasiado bajo como para hacer rentable el funcionamiento de las compañías en la ciudad.
Es por ello que empresas del sector han alegado ante el consistorio con el propósito de que el departamento que encabeza Grezzi aumente esa limitación, tal como han confirmado fuentes municipales a Valencia Plaza. Movilidad Sostenible debe responder a las consideraciones de las empresas, aunque ciertamente el edil se ha mostrado contrario a ceder en este aspecto.
De hecho, en una entrevista concedida a este diario, y preguntado sobre este asunto, el propio Grezzi respondió: "No creo que sea limitado porque está basado en lo que había. En este momento, sin tener autorización, había menos de 2.000 motos operando en la ciudad, que pueden operar pagando una tasa mientras se hace la concesión definitiva".
El edil de Movilidad, en ese sentido, instaba a esperar a que el servicio con autorizaciones entrara en funcionamiento para ver "qué tipo de servicios hay, qué tipo de uso" y entonces "hacer otro informe para ver si cabe la posibilidad de ampliarlo [el límite]". "Pero tal y como era la foto fija del momento antes de la pandemia, se reguló la autorización pagando una tasa y tampoco vinieron más empresas a pedir operar cuando no había un número de motos cerrado", sentenció al respecto.
Al proceso, tutelado desde Espacio Público, se han presentado 15 operadoras: algunas que ya estaban en la ciudad como Cooltra, Yego o Acciona, y otras como Lam, Bolt, Cargreen -que gestiona el único proyecto piloto de carsharing en la ciudad-, Spin Mobility, Cityscoot, Avant Fullstep, Tucycle Bike, Reby Rides, Working4ueverywhere, OIZ Ridesharing y Mobilitas Futurus. Al tener que repartirse las 2.000 motos entre ellas, se adjudicarían unas 133 por compañía.
Tras conocer la limitación, la asociación de empresas de movilidad sostenible y compartida Smart Mobility salió al paso para criticar la decisión consistorial. Decisión que, a su juicio, "solo limitará la oferta de motosharing disponible, situándola muy por debajo de la demanda actual, y pondrá en riesgo el correcto funcionamiento y la viabilidad de este modelo de movilidad". En ese sentido, la plataforma aseguraba que esta decisión "provocará graves perjuicios para los ciudadanos, que verán limitadas sus opciones de movilidad, y supondrá un freno a los objetivos de sostenibilidad de la ciudad".
Sobre ello, además, aseveró que el límite se ha aprobado "sin haber abierto un periodo de consulta y de diálogo previo con el sector", por lo que exigía "una vía de diálogo constructivo". "La cifra agregada de 2.000 licencias que propone el Ayuntamiento valenciano es muy inferior al número de motos existentes y, por tanto, a la demanda de los servicios de movilidad compartida que realiza el usuario valenciano", insistía, para criticar que el cálculo de Movilidad Sostenible "no refleja la creciente demanda del servicio por parte de los usuarios valencianos".
Hay que recordar que la ordenanza fiscal aprobada para 2020 fija que las empresas de alquiler de vehículos compartidos que operen en las calles de la ciudad deben pagar una tasa anual de 78 euros por ciclomotor eléctrico y 82 por motocicleta eléctrica. Por ello, el departamento de Inspección de Tributos de la concejalía de Hacienda, encabezada por el concejal Borja Sanjuán, ya ha hecho su trabajo y han informado sobre las empresas a las que han girado la tasa de manera previa a la autorización.
De esta manera el gravamen supone un ingreso en el Ayuntamiento de 297.000 euros, referente a la actividad de los años 2020 y 2021. Se ha liquidado la tasa para un total de 2.184 motos que han ocupado la vía pública en algún momento de 2020 y 2021, aunque según el mismo departamento consistorial, "luego, en el día a día, no todas circulan a la vez, dado que en muchos casos tienen motos de reserva que sólo circulan en caso de que otras no puedan".
