Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La polémica sobre las Paellas Universitarias de València celebradas en 2019 se sellará con menos espectacularidad que la que protagonizó su celebración. La Generalitat Valenciana tramitaba un expediente de sanción para los organizadores del evento por, supuestamente, el incumplimiento de la normativa autonómica de espectáculos. Pero finalmente el expediente se encamina a su archivo después de que, a principios de este año, la justicia diera la razón a la empresa promotora de la cita estudiantil frente al Ayuntamiento de València, como publicó Valencia Plaza.
Así figura en el informe de situación firmado por la subdirectora general de Espectáculos y Establecimientos Públicos de la Conselleria de Justicia, al que ha tenido acceso este diario y entre cuyas conclusiones recoge que "los hechos denunciados no son constitutivos de infracción administrativa". El motivo es que, para llevar a cabo el festival universitario no era necesaria una licencia administrativa, como sostenía el Ayuntamiento, sino una mera declaración ambiental, tal como recogen las consideraciones de la sentencia judicial.
Así pues, según la ley valenciana de espectáculos, la presunta infracción podía ser considerada grave o muy grave, y la multa correspondiente podía ascender así hasta 300.000 o 600.000 euros respectivamente. Sin embargo, a la postre, no habrá sanción porque no cabría ver infracción, en aplicación de la sentencia, según el departamento de Seguridad y Emergencias de la Generalitat, que dirige José María Ángel. Una resolución que llega más de dos años después de que sucedieran los controvertidos acontecimientos.
Todo ocurrió el 12 de abril de 2019, cuando el macroevento tenía prevista la asistencia de 25.000 jóvenes. No obstante, hasta el último momento mantuvo la incertidumbre sobre si abriría o no sus puertas, pues el consistorio le había denegado el permiso para su celebración al considerar que no cumplía con los requisitos legales para obtener la licencia que había solicitado un mes antes, el 12 de marzo. La concejalía de Actividades, que entonces dirigía Carlos Galiana, denegó la licencia un día antes del festival, pero los organizadores siguieron adelante con la cita, por lo que la Policía Local de València levantó acta de denuncia por presunta infracción de la ley de espectáculos.
La firma promotora, con todo, recurrió en los juzgados el rechazo de la licencia y la sentencia, avanzada por este diario, acabó dándole la razón por diferentes motivos. Uno de ellos es que el consistorio rechazó el permiso un día antes con informes desfavorables que no comunicó a los promotores, que sufrieron la "indefensión" ante la administración porque no tuvieron tiempo para corregir las deficiencias del proyecto, según el fallo.
Pero uno de los pilares fundamentales de la sentencia es que para la celebración del festival no era necesario solicitar una licencia, sino que bastaba con una declaración responsable, un procedimiento contemplado en la normativa que evita buena parte de la burocracia previa y permite el control del cumplimiento de la legalidad durante la celebración.
Lo cierto es que tras el rechazo de la licencia, el mismo día de la celebración del festival, el 12 de abril, la mercantil presentó en el Ayuntamiento una declaración responsable, que pasados varios días también fue rechazada por la administración municipal. La jueza asevera que en esta declaración ya se recogía el proyecto con las deficiencias corregidas, precisamente "para ejercer el trámite de subsanación que no se ha otorgado" previamente.
Así pues, según la justicia bastaba con una declaración responsable que sí habían presentado los promotores y que fue indebidamente rechazada por el Ayuntamiento de València. El consistorio no recurrió la sentencia al considerar, según fuentes de Actividades, que "era muy clara y el Ayuntamiento se exponía a tener que pagar indemnizaciones". Por todo ello, ahora la Generalitat Valenciana, que tramitaba la denuncia de la Policía Local, considera que no puede haber infracción de la normativa y por tanto archivará la denuncia.
Es el último capítulo de una historia marcada por el retraso en tomar la decisión sobre la multa, debido a la falta de acuerdo entre el departamento de Emergencias de la Generalitat, que dirige José María Ángel, y la concejalía de Procedimiento Sancionador de València, que encabeza Carlos Galiana, que han mantenido una pugna durante dos años por esclarecer quién es el responsable de imponer la sanción.
José María Ángel. Foto: EVA MAÑEZ
Carlos Galiana
El motivo: la apertura del expediente se dio en el impás en el que se estaba transfiriendo desde la administración autonómica a la municipal la potestad sancionadora para este tipo de sanciones. La Generalitat Valenciana sostenía que el Ayuntamiento debía encargarse de aquellos procedimientos que estaban en "fase de actuaciones previas" cuando se hizo el traslado de competencias, como es este caso.
En el consistorio rechazaban esa interpretación alegando que hay "dudas jurídicas" al respecto y que sería preciso una adenda al convenio suscrito entre ambas administraciones para la transferencia de competencias. Al final de todo, llegó la sentencia y la última decisión de la Generalitat se toma, según recoge el informe de Emergencias, "pese a referirse a hechos posteriores a la firma del convenio".
