VALÈNCIA. La vivienda se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta campaña electoral ante la grave emergencia habitacional en España. El alza de los alquileres y la falta de oferta están tensionando un mercado, al que muchos ya no pueden acceder. No solo colectivos vulnerables como los jóvenes tienen excluida su entrada, sino que el problema se ha agudizado de tal forma que ya afecta a muchas familias. Y, ante esta situación, se buscan soluciones.
Desde el sector promotor lo tienen claro: es necesario aumentar el presupuesto para las políticas de vivienda, ampliar la oferta vía colaboración público-privada, rebajar la carga impositiva de los inmuebles y recentralizar en manos del Estado las competencias en esta materia para generar un marco único que facilite la puesta en marcha de los proyectos de la iniciativa privada. Y, para ello, urgen a un Pacto de Estado que blinde un derecho constitucional como es la vivienda.
Así se puso de manifiesto en la primera edición del Foro Vivienda de Aprova Lab para debatir y buscar soluciones. Una cita que reunió a más de 150 expertos del sector inmobiliario y en la que también se evidenció el manifiesto rechazo que provoca la nueva Ley de la Vivienda. "Necesitamos una Ley de Vivienda, pero no esta. La norma está ideologizada y, lo peor de todo, es que no soluciona el problema actual", subrayó Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE).
Para el sector, una legislación que interviene el mercado con unos precios topados, únicamente provocará el efecto contrario al deseado y se acabará retirando producto del mercado. En este sentido, Gómez-Pintado señaló que en Cataluña tienen una ley similar y las consecuencias han sido "la desaparición de un 54% de las viviendas" y "subidas sin control de los precios".
Por ello, los expertos defendieron la necesidad de fomentar la colaboración público-privada para poner en marcha un gran número de viviendas de protección pública en el mercado como una medida básica para atajar la coyuntura actual. Estas fueron algunas de las propuestas que se plantearon en la jornada durante una mesa redonda en la que participaron, además, de Gómez-Pintado; Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia; Beatriz Toribio, directora general de Masteos en España; Begoña Serrano, directora Instituto Valenciano Edificación (IVE); y Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española.
En concreto, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España consideró que el Estado debe volver a recuperar las competencias en materia de vivienda, actualmente en manos de las autonomías, para generar "un marco normativo común y un paraguas que sea cumplido por todas las comunidades". "Esto no es un problema de Valencia, Madrid o Cataluña, sino que es a nivel nacional y quien tiene la capacidad de pensar en global y generar políticas en este ámbito es el Gobierno", defendió.
Pero, también, incidió en que para los promotores es muy complicado acometer proyectos con 17 diferentes normativas diferentes y sus respectivas ordenanzas municipales, en función de la autonomías. "Es un lío cada vez que promueves en una ciudad. Por ello, creo que hay que simplificar procesos para tener mejores resultados y devolver al Estado las competencias en vivienda", argumentó.
Por su parte, Cos-Gayón puso el acento en la cuestión impositiva y las numerosas cargas que gravan a la vivienda. "Si cuantificamos la cantidad de impuestos que tiene este bien no tiene sentido", señaló para defender la necesidad de rebajarlos para facilitar su acceso. Asimismo, abogó por la colaboración público-privada como la única alternativa para aumentar el stock en el mercado. Y, más teniendo en cuenta los suelos que hay parados en manos de las Administraciones, cuyos recursos son insuficientes para acometer proyectos de nueva planta. "Suelo hay, lo que demandamos es que se ponga en circulación ya", remarcó.
Una opinión compartida por Begoña Serrano, para quien hay que acabar con la "estigmatización" hacia el sector inmobiliario ya que son los promotores los que desarrollan viviendas. También, apeló a la necesidad de aumentar los presupuestos generales destinados para vivienda y los recursos en materia de personal, ya que "mientras en Europa se destina el 0,6% del PIB a esta cuestión, en España ni se llega ni al 0,1% del PIB", advirtió.
Una mirada a largo plazo con políticas "ambiciosas" y generar un Pacto de Estado con soluciones que vayan más allá y "no sean cortoplacistas" fue la receta de Beatriz Toribio. Además, animó al sector a poner en valor su trabajo y el derecho constitucional de la vivienda, además de obligar a las Administraciones a destinar más presupuesto.
"Hay un grave problema de oferta y para que el precio de la vivienda baje se necesita construir más, liberar suelo público y gravar la vivienda con menos impuestos", defendió Santos González, quien, asimismo, consideró que la cascada de normativas no favorece a la iniciativa privada y coincidió en que debe acometerse una recentralización de la gestión de las políticas de vivienda.
A su juicio, se debe fomentar la compra para que parte de la demanda del alquiler se desinfle y destensar este mercado. "Los jóvenes no están en el mercado inmobiliario ni se les espera y el problema está en el ahorro previo para la compra y en los altos precios y los salarios en el alquiler. Y, para que aumente la oferta, se debe de proteger y cuidar al propietario que es el que aporta su vivienda", subrayó.
Los expertos coincidieron en el diagnóstico de la situación actual propiciada por la falta de producto, especialmente de vivienda protegida para apoyar a los más vulnerables. Porque mientras la oferta ha ido a la baja, la demanda ha crecido estrangulando el mercado y disparando los precios. "La colisión entre la nula oferta y la alta demanda ha provocado esta emergencia habitacional", apostilló Serrano.
Por ello, incidieron en la necesidad de aumentar el parque público y promover vivienda de protección pública (VPP), anteriormente conocida como vivienda de protección oficial (VPO). Una tipología que, como se expuso, en la Comunitat Valenciana ha estado durante años paralizada. Así, mientras en los años noventa fueron 110.860 las viviendas que recibieron la calificación de VPO, entre 2010 y 2020 únicamente fueron 3.453 unidades y en los últimos dos ejercicios, ninguna.
"Hace muchos años que no se construye vivienda de protección pública y este el gran causante de la emergencia habitacional", lamentó Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Promotores de Valencia (Aproba). Una fotografía que esperan que cambie con la aprobación del nuevo decreto para regular y actualizar la vivienda protegida, que aprobó hace una semana el pleno del Consell, y que, de hecho, llevaba tiempo esperando el sector para poder movilizar suelo y sacar más producto al mercado con el objetivo de revertir el grave problema de la vivienda.
