VALÈNCIA. (EP) Les Corts han convalidado este miércoles el decreto-ley de la Generalitat para ampliar el parque de vivienda pública mediante el tanteo y retracto, con el triple objetivo de "frenar los movimientos especulativos", proteger a las familias de ser desahuciadas y contener la subida del alquiler en la medida de lo posible, sin limitar la transmisión de inmuebles heredados.
El Decreto 6/2020, del 5 de junio, ha salido finalmente adelante con el apoyo de los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) frente al rechazo en bloque de la oposición. PP, Cs y Vox han pedido que sea un proyecto y no un decreto que ven inconstitucional, sectario y usurpador de competencias, respectivamente, pero no han sumado mayoría.
Como impulsor, el vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha sacado pecho de un decreto que "nunca se había hecho antes" en la Comunitat, que replica a los de comunidades como Euskadi y Baleares y a los de otros países y que es más necesario en la crisis del coronavirus, además de garantizar que es "plenamente efectivo e inmediatamente aplicable".
"El Botànic tiene claras sus prioridades. No podemos renunciar a este imperativo social, un derecho recogido en la Constitución y en el Estatut d'Autonomia", ha aseverado contra la "virulencia de las críticas de la derecha, por desconocimiento o por afán de oportunismo". Ha recordado otras normas valencianas de adquisición preferente como la ley de patrimonio de 1998 o la de espacios protegidos de cuatro años antes. Y ha retado a la oposición a posicionarse al lado de los valencianos o de los poderes económicos.
Dalmau ha remarcado que la intervención de la Generalitat debe ser "la mínima e imprescindible", limitando este ejercicio a las zonas donde hay necesidad de vivienda que serán declaradas por la administración en base a informes técnicos, junto a otras novedades como que los municipios puedan crear o ampliar su parque de vivienda pública.
Entre la oposición, el PP cree que sería posible tramitarlo como proyecto para introducir modificaciones sin "paralizar nada", ya que lo ve inconstitucional, "una chapuza en forma y fondo, mal redactado y con vacíos legales, una oportunidad perdida", y se pregunta si va contra los fondos buitre o contra las personas.
"Dalmau se cree Robin Hood pero es más bien Pepe Botella", ha ilustrado el 'popular' Alfredo Castelló ante un decreto "lleno de agujeros y que no exige como en Barcelona que las viviendas estén vacías para adquirirlas".
Cs, en la misma línea, urge al Botànic a "volver al sentido común tras este decretazo mordaza y sectario", leer bien la Constitución y dejar de "politizar" la vivienda. "Ni es valiente ni va a ser histórico: solo habla de cómo Podemos quiere gestionarlas", ha alertado la diputada 'naranja' Mamen Peris.
Y Vox lo tacha de panfleto comunista con el que cree que la Generalitat quiere "quedarse con el esfuerzo de generaciones" y "usurpar vivienda", por lo que avisa que lo recurrirá y que este recurso tiene "todos los visos de prosperar". "Solo saben chupar la sangre a los valencianos", ha exclamado el presidente del grupo, José María Llanos, para poner en duda las competencias autonómicas en materia de vivienda.
Por parte del Botànic, el PSPV defiende que este "gran avance" parte de la Ley de función social de la vivienda de 2017 y lo ve mejorable en "pinceladas" del tanteo porque "se podría excluir en viviendas cedidas a ONG o consellerias" o en edificios en construcción, sin creer que suponga ningún problema grave ni que "invente la pólvora".
"Hay que mejorarlo sin ir contra las expectativas" de cada partido, ha sostenido el síndic socialista, Manolo Mata, destacando la lealtad entre los tres socios aunque "todos tienen opinión". Como posibilidades para mejorarlo ha apuntado la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos. Y ha remachado: "El mejor decreto del Consell es que nunca gobierne el PP".
Compromís cree que era imprescindible ante "un derecho convertido en mercadería pura" y que "todos ganamos" si las viviendas se incorporan al parque público, pero también insta al Gobierno a seguir los "pasos valientes" del Consell. "Nadie cuestiona que era necesario", ha argumentado la diputada Belén Bachero, "hay un consenso social por la vivienda digna", .
Y Podem insiste en que el decreto es histórico y no está alejado del escenario post-Covid, además de aludir a las presiones que denunció Dalmau. "¿Dónde están los fondos buitre? Intentando comprar viviendas en Algemesí por 1.500 euros", ha espetado al PP la síndica 'morada', Naiara Davó, cargando contra su gestión al frente del Consell. A Vox le ha replicado que "su modelo es el de Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio".
