El conseller Dalmau. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Y se cumplió el guión según lo previsto. Les Corts convalidaron este miércoles el decreto ley de la Conselleria de Vivienda que amplía los derechos de tanteo y retracto en la Comunitat Valenciana. Una norma, no exenta de polémica, que consiguió el apoyo mayoritario de los grupos del Botànic -PSPV, Compromís y Podem- y el rechazo en bloque de los partidos de la oposición. No hubo ninguna sorpresa, aunque desde las filas socialistas no perdieran la oportunidad de volver a incidir en que el texto era mejorable y había que redefinir algunas de sus partes para clarificar ciertas lagunas de su contenido. Pero, la hoja de ruta del conseller Rubén Martínez Dalmau era clara y pasaba por dar luz verde a su norma sin ningún cambio.
Un texto que en las últimas semanas ha sido objeto de críticas. Entre sus novedades se incluyen nuevos casos en los que la administración podrá ejercer estos dos derechos de adquisición preferente como son las viviendas transmitidas en ejecución hipotecaria o venta extrajudicial en sede notarial y para las transmitidas mediante dación en pago de deuda con garantía hipotecaria, cuyos adquirientes son principalmente las entidades financieras. También edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados. Hasta ahora, de acuerdo con la ley de 2004, solo lo podía ejercer la administración en vivienda con régimen de protección.
"Inseguridad jurídica, intervencionismo en el libre mercado", así como vacíos legales y ambigüedad son algunas de las dudas y reproches que el texto ha recibido no solo de los partidos de la oposición, que este miércoles en Les Corts volvieron a escenificar su desacuerdo, sino también por parte de notarios, profesores de Derecho Constitucional y el sector inmobiliario. Una oposición que, sin embargo, no alteró los planes de Vivienda que antes de la celebración del pleno de este miércoles reiteró en varias ocasiones que su propuesta no era susceptible de modificaciones. Y así ha sido.
No obstante y ante el revuelo generado, en su comparecencia en Les Corts, el conseller exhibía un nuevo tono. Un discurso marcado por la defensa incondicional del que es uno de los planes estrella de su departamento, pero que también contenía un claro mensaje de tranquilidad hacia el sector inmobiliario. Y es que Martínez Dalmau quiso dejar claro que la intervención de la administración valenciana con el tanteo y retracto será "mínima e imprescindible" y se limitará únicamente a aquellas viviendas situadas en las áreas de necesidad de vivienda (Anhai) declaradas por la Generalitat. "Una delimitación de áreas donde la Generalitat no dispone de medios suficientes para satisfacer las necesidades habitacionales", remarcó.
De hecho, el decreto ley establece que únicamente ejercerá estos derechos la administración en zonas donde haya un déficit de vivienda y sean Áreas de Necesidad de la Vivienda. Para reconocer estas zonas, creará en seis meses un catálogo que determine esos puntos, pero mientras se apruebe se considerará 'zona de necesidad' casi toda la Comunitat Valenciana, al incluirse los municipios beneficiarios de la línea del Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento y los incluidos en el Informe de Necesidad de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2020 realizado por el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana. Un punto recogido en la norma, pero al que el conseller quiso dar énfasis en su intervención para calmar la tormenta.
Un pequeño guiño a los agentes del mercado e incluso a particulares que en estos días ya han visto cómo la aplicación del decreto ley ralentizaba algunas operaciones ante la posibilidad de intervención de la administración. En este sentido, este pasado lunes la presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), Nora García, advertía sobre el retraso que está ocasionando la norma en "operaciones acordadas antes de la entrada en vigor de la declaración de Estado de Alarma".
"Todo esto ya está ocasionando que la recuperación de la actividad en el sector de las agencias inmobiliarias sea mucho más lenta que la de otros sectores comerciales y de servicios", lamentaba. Tampoco gusta a los promotores que ven "intervencionismo" e "inseguridad jurídica", un binomio nada favorable en el actual contexto de crisis, porque advierten de que lastra la actividad económica y la recuperación.
También se vio obligado a tener que hacer algunas aclaraciones ante el revuelo ocasionado. Así, recalcó que la Generalitat en ningún caso ejercerá el derecho de tanteo ni retracto en herencias y donaciones entre parientes. "Todas las herencias y las donaciones entre
ascendentes y descendentes están totalmente excluidas del ejercicio del derecho de tanteo y retracto. No habrá ninguna posibilidad de ejercerlos cuando un padre le transmita a su hija la casa donde han vivido
siempre. Ni tampoco cuando una madre decida dar a su hijo una casa para que se emancipe definitivamente. No hay ninguna posibilidad de que se pueda actuar en este sentido, que quede claro", subrayó Dalmau.
El conseller defendió el triple objetivo de su propuesta: frenar los movimientos especulativos, proteger a las familias de ser desahuciadas y contener la subida del alquiler en la medida de lo posible, a la vez que achacó a la emergencia sanitaria por la covid-19 la urgencia de su entrada en vigor y, en consecuencia, que haya sido tramitado como decreto ley, sin presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios o los informes del Comité Económico y Social (CES) y del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
"La aprobación de la norma era indispensable y que, sin ningún tipo de duda, concurren los motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad para de implementar los mecanismos para ampliar la red pública
de vivienda sin más dilación. Tenemos, por tanto, un mandato normativo y un imperativo social de actuación que hemos traducido en este Decreto Ley", insistió. Unos argumentos que no convencieron a la bancada 'popular', cuyo diputado Alfredo Castelló recordó que se trabaja en el texto desde noviembre del pasado año cuando "ni los chinos sabían lo que era el coronavirus".
Nada más conocerse la validación de esta norma, el secretario general de la asociación de promotoras alicantinas (Provia), Jesualdo Ros, afirmaba que el texto "supondrá el desvío de inversiones inmobiliarias hacia otras comunidades, limitará la capacidad de la promotora valenciana pyme para desarrollar promociones para su venta y alquiler, y restringirá la oferta". "Se impone una limitación al tráfico mercantil que reducirá a medio plazo la oferta de vivienda en alquiler y a precios asequibles. Los perjudicados serán precisamente los colectivos de gente a las que pretenden proteger. Para proteger a las personas de los fondos buitres van a quemar el bosque", lamentaba.
También, Asicval pedía hace unos días una moratoria por parte de la Generalitat del derecho de tanteo y retracto para la adquisición de viviendas en transmisiones singulares entre particulares. "Proponemos que la Generalitat renuncie hasta final de 2020 a su derecho de tanteo y retracto y a su cesión a los ayuntamientos", solicitaba García. Ahora habrá que ver si Vivienda decide atender las demandas del sector y de sus propios socios de gobierno y finalmente "mejora" y da luz a las sombras del texto a través de la Ley de Acompañamiento.
