Les Corts Valencianes. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Este año será el último en el que los actuales 99 diputados en Les Corts puedan dejarse deberes para septiembre. A finales de marzo de 2019 la actual cámara valenciana se disolverá para que los partidos comiencen a preparar la campaña electoral de los comicios de mayo. En estos escasos diez meses, que incluyen tres inhábiles –julio, agosto y enero–, los diputados trabajarán en una veintena de proyectos de ley, algunos de los cuales es probable que no lleguen a aprobarse si se atiende al calendario y a la fase embrionaria en que se encuentran.
Para de finalizar el actual período de sesiones –febrero-junio–, a sus señorías les queda un último pleno el 4 y 5 de julio antes de las vacaciones estivales, aunque no se descarta habilitar un "pleno escoba" que sirva para aprobar asuntos de última hora. Después, tendrán que esperar hasta que se celebre el Debate de Política General en septiembre y, a partir de entonces, el calendario no dará tregua a los diputados para llegar a validar la veintena de leyes que están pendientes en el parlamento valenciano.
No en vano, contarán con aproximadamente mes y medio antes de que termine el año. Esto es: el periodo comprendido entre el Debate de Política General a mediados de septiembre hasta finales de octubre, cuando el Consell presente el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2019 y la ley de Acompañamiento, que tienen prioridad sobre cualquier otro proyecto de ley ya que deben estar aprobados antes de fin de año.
Unos meses en los que los grupos tradicionalmente se vuelcan en la elaboración de las enmiendas a las cuentas autonómicas del próximo ejercicio. Tras el descanso navideño, los parlamentarios también contarán con escasas semanas de trabajo; enero es inhábil y el periodo laboral de marzo se acorta por la festividad de las fallas. Por lo que el tiempo se reduce considerablemente hasta que se disuelvan Les Corts a dos meses de las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo.
De las veinte leyes que quedan por aprobarse algunas ni siquiera han llegado a la fase en comisión de presentación de enmiendas. Y todo pese a que en el último año la actividad parlamentaria se ha centrado en las leyes y se han dejado de lado las proposiciones no legislativas para desatascar el embudo existente. Con este escenario, y con el reloj corriendo en su contra, las leyes que se encuentran en fases de tramitación más prematuras podrían quedar sin validar y todo el trabajo previo a esta última fase habrá sido vano.
Entre las normas que parten de la cámara valenciana que más en pañales se encuentran está la de Uniones de Hecho que busca introducir el derecho a la adopción y acogimiento. La fase de participación ciudadana de esta ley propuesta por Compromís finalizó en julio del año pasado y, desde entonces, no se han retomado los trabajos.
Tampoco se ha comenzado a presentar enmiendas a la ley de Comarcalización. Para complementar la ley de Mancomunidades impulsada por Presidencia de la Generalitat, Compromís propuso esta norma que pretendía establecer la comarca como la unidad de división de la Comunitat Valenciana. Con su contenido negociado con la dirección de administraciones locales que dirige el socialista Antoni Such, en el PSPV aceptan la propuesta mientras solo sea un reconocimiento de la división comarcal. La precipitación para debatir esta ley, no obstante, provocó que Compromís la retirara el año pasado al no contar con el respaldo de Podemos.
A pesar de que en las últimas semanas se han aprobado leyes importantes como la de Publicidad Institucional que prohíbe a la Generalitat poner publicidad en medios que anuncien prostitución, todavía espera su turno la que pretende eliminar los aforamientos (planteada por Ciudadanos); la reforma de la ley de Participación Institucional para hacerla accesible a los sindicatos minoritarios y que estos puedan optar a ayudas de la Generalitat; la reforma de la Ley Electoral Valenciana –aunque todo apunta a que no saldrá adelante esta legislatura por la negativa de Ciudadanos a apoyar la bajada de la barrera al 3% si no se modifica el Estatut–; o la modificación del Estatuto de Expresidentes presentado por Podemos.
A estas seis se suman la Ley de Consumo; la de Contratos Agrarios; y la de Préstamos Hipotecarios ideada por el partido que lidera Antonio Estañ que quiere obligar a las entidades financieras a que informen a sus consumidores –aquellos a los que se les haya cedido un crédito hipotecario u otro tipo de créditos– si esta prestación ha pasado a ser gestionada por un tercero –fondo de inversión–.
Algunos de los proyectos de ley que llevan más tiempo en el cajón son las de Mancomunidades y la que pretende regular la actividad de los lobbies y la relación de estos grupos de presión con la Administración. Unos proyectos legislativos que parten de Presidencia de la Generalitat y de la Conselleria de Transparencia respectivamente y que fueron plasmadas como objetivos en seminarios de Gobierno.
Tampoco han salido adelante el Proyecto de Ley de Estructuras Agrarias, la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), o la Ley de Mediación de la Conselleria de Justicia. Por el contrario, sí podrían hacerlo en el próximo pleno otras tres leyes si se incluyeran en el orden del día en la Junta de Síndics del martes porque solo queda que se aprueben los dictámenes de cada una de ellas, última fase para validar un proyecto normativo. Serían leyes de tres consellerias de Compromís -Transparencia, Economía y Cultura-: Ley de Responsabilidad Social, la Ley de Puntos de Atención a la Inversión y la Ley de Mecenazgo.
