Hemiciclo de Les Corts Valencianes. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Tanto el Ejecutivo valenciano como los grupos parlamentarios que lo sustentan -PSPV, Compromís y Podemos-, se han quejado en numerosas ocasiones a lo largo de esta legislatura de la excesiva burocracia que trae aparejado cualquier trámite en la administración. Las leyes no son una excepción. De hecho, para ver nacer una norma del Consell, por ejemplo, la media es de 405 días desde que el Botànic la fija como un compromiso del Gobierno en uno de sus seminarios hasta que se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Un promedio que derivó en que el bipartito comenzara a marcar planes y no proyectos normativos entre sus objetivos en su anterior retiro en Ademuz, ya que trabajar en leyes podría resultar vano y no llegar a aprobarse.
A poco más de un año de que se celebren las próximas elecciones autonómicas, el reloj comienza a correr en contra de normativas que todavía estén por entrar en Les Corts para iniciar su trámite parlamentario. Con esta premisa, los partidos se han dedicado en lo que va de año -dos meses- a introducir en el orden del día de los plenos de la Cámara valenciana las leyes que estaban en cola. Así, en las últimas sesiones plenarias se han aprobado la ley de Espectáculos Públicos, el Pacto de horarios comerciales, o se ha admitido a trámite la ley del Consell del Audiovisual, la de Seguridad Ferroviaria o la de Turismo, que ya ha finalizado su fase de enmiendas.
Una situación que tiene una cara B: las Proposiciones No de Ley que presentan las formaciones políticas con representación en el parlamento quedan a la espera de ser debatidas porque son los proyectos o proposiciones de ley los que tienen prioridad para ser discutidas según el Reglamento de Les Corts. No en vano, según la web de la institución, desde enero los grupos acumulan un total de 99 PNLs. No obstante, la cantidad es "ficticia", ya que en realidad cuando finaliza el período de sesiones -diciembre-, todas las propuestas acumuladas que no se han tramitado decaen y deben volver a registrarse para el siguiente periodo. Es decir, de enero a junio. Por lo que a la cifra de casi un centenar de proyectos no normativos paralizados se deben todavía de sumar las que aún no se han actualizado.
Con esta premisa, desde que empezó 2018 el grupo parlamentario Podemos acumula un total de 11 iniciativas en la recámara. Entre ellas se encuentran textos como el que solicita que se dé cumplimiento del dictamen del comité de derechos humanos sobre el derecho a la vivienda; el que insta al Consell a que inste al Gobierno a regular el consumo del cannabis con fines terapéuticos que presentó junto a PSPV y Compromís -una iniciativa que ya ha sido aprobada en otras autonomías como Cantabria o La Rioja-; o la que pide que se ponga solución a la "precaria situación" de los profesores asociados.
El grupo que lidera Mari Carmen Sánchez en la Cámara valenciana suma un total de 21 PNL. Entre las últimas registradas están la de exigir la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en caso de corrupción -es decir, que las formaciones políticas se hagan cargo o devuelvan el dinero robado por alguno de sus miembros-; o el cómputo de los hijos para acceder al título de familia numerosa en los supuestos de custodia compartida, ya que actualmente la legislación estatal solo permite que los menores estén inscritos en una unidad familiar, por lo que se insta al Consell a que inste al Gobierno central a que modifique la ley.
Compromís y PSPV, que reúnen 20 y 23 iniciativas respectivamente, registraron hace unas semanas junto a Podemos y el diputado no adscrito David de Miguel una propuesta sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. En ella, solicitan al Ejecutivo valenciano que inste al Gobierno de Mariano Rajoy a derogar todos los cambios legales introducidos entre los años 2011 y 2015; garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC; o "mejorar la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del fondo de reserva a través de su regulación, recuperando progresivamente el dinero destinado a otras finalidades del pago de pensiones e imposibilitando la utilización de dicho fondo para finalidades políticas distintas del pago de las pensiones", entre otras.
La coalición valencianista también acumula en solitario la propuesta sobre la tasa al azúcar que despertó ya en junio del año pasado un enfrentamiento con los empresarios del sector. Y los del puño y la rosa, todavía se encuentran a la espera de ver tramitada su petición de que la Sindicatura de Comptes solicite al Tribunal de Cuentas la delegación de los procedimientos jurisdiccionales que afectan al sector público valenciano.
El PP, que es el grupo parlamentario que más proposiciones no de ley amontona con un total de 24, pidió a través de una PNL la reprobación del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, por unas declaraciones en su Twitter sobre la diputada del PPCV Eva Ortiz. Además, con la reversión del hospital de Alzira que se consumará el próximo 1 de abril, los populares también solicitaron el mantenimiento de prórroga del contrato de gestión a Ribera Salud.
