Llinares cree que el Ayuntamiento se expone a responsabilidades si no recupera los sobresueldos

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València podría incurrir en responsabilidades contables si no hace por recuperar los más de 700.000 euros en complementos salariales no contemplados en la ley que cobraron ocho concejales durante el pasado mandato, a juicio del director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, quien insistió en que el organismo que dirige no tiene competencias en dicha materia sino que debe ser el Tribunal de Cuentas el que estudie los casos en esta situación.

La Agencia presentó esta semana su memoria anual y en ella consideraba "recuperables" unos 23 millones de euros de todas las irregularidades halladas en la Comunitat, de los cuales 1,4 millones correspondían a dos casos del Ayuntamiento de València: los sobresueldos y los sobrecostes en el servicio de la grúa.

Así, en su intervención de este jueves en el programa 'Amanece Valencia' de Plaza Radio, Llinares señaló que "las administraciones que aparecen" en la memoria "tienen la obligación de liquidar esas obligaciones". "Si no lo hacen -sentenció el director de Antifraude-, pueden incurrir en responsabilidades". En ese sentido, recordó que la memoria anual se remite al Tribunal de Cuentas que es "quien tiene las competencias en el ámbito administrativo para poder exigir las responsabilidades de esta naturaleza".

Hay que recordar que el gobierno municipal de València, dirigido por Joan Ribó y conformado por Compromís y PSPV, ya ha anunciado que los concejales en cuestión no van a devolver los complementos salariales cobrados entre 2015 y 2019 que vulneraban los principios de la Ley Montoro, según la Agencia Valenciana Antifraude y según llegó a reconocer el propio alcalde de la ciudad.

Esa norma obliga a que ocho ediles del Ayuntamiento tengan una dedicación parcial y un sueldo sensiblemente menor. Pero al acceder la izquierda al gobierno municipal, para asegurar que la oposición cobraba el 100% del sueldo, acordó con ella que las dedicaciones parciales quedarían en el equipo de gobierno.

Una generosidad que, sin embargo, se pudo llevar a cabo con un 'truco' jurídico: se aprobaron unos complementos alegales a los ocho concejales de gobierno que se habían quedado con las dedicaciones parciales, hasta cobrar así el 100% del salario. De manera que, en la práctica, todos los concejales de la corporación cobraban el total del sueldo, algo que la Ley Montoro buscaba evitar.

Todo ello es lo que concluyó Antifraude, que cifró en 772.000 euros el dinero que salió en concepto de estos complementos. Sin embargo, la Agencia no pidió al consistorio revisar estos pagos -como si ha hecho en otros casos-. "Nuestra ley no nos da potestad para ejercer una acción de resarcimiento o de recuperación, pero lo señalamos", aseguró este jueves Llinares sobre esta cuestión. "El trabajo de nuestros funcionarios es determinar cuándo hay obligaciones que no se han liquidado, o derechos que no se están ejerciendo. Y si es cuantificable, lo cuantificamos como hemos hecho este año por primera vez", subrayó el director de la Agencia.

Sobre este caso, Antifraude emitió unas recomendaciones que sólo miran al futuro y que el gobierno municipal aceptó al no incluir otras medidas sobre el dinero que según Antifraude se defraudó entre 2015 y 2019. Y desde la oposición no se ha dado ningún paso para exigir estas responsabilidades en el gobierno municipal. Probablemente porque aquel acuerdo de 2015 salió por unanimidad, al permitir a la oposición gozar del 100% del sueldo.

Hace cinco meses, cuando la cuestión estaba sobre la mesa, la portavoz adjunta del PP, María José Ferrer Sansegundo, instó al ejecutivo local a que revisara de oficio el acuerdo de 2015 donde se aprobaban los complementos salariales, a que se devolviera el dinero cobrado irregularmente y a que se asumieran responsabilidades. Sin embargo, lo hizo de palabra.

Desde entonces, apenas se han conocido movimientos de la oposición para presionar al gobierno local. Ni por parte de los populares, que encabeza María José Català; ni por parte del grupo de Ciudadanos que lidera Fernando Giner; ni por el de Vox, que dirige Pepe Gosálbez, que si bien ha anunciado que estudia posibles acciones legales, tampoco ha materializado ninguna.