Foto: JCFVALÈNCIA. Otro año más, las auditorías municipales resaltan incumplimientos, deficiencias o irregularidades en organismos públicos, dependientes del Ayuntamiento de València. Las auditorías, que pasan esta semana por la comisión de Hacienda, analizan el funcionamiento interno de los entes, en este caso en referencia al año 2023, año en que se produjo el cambio de gobierno. Además de organismos como Mercavalència, el Palacio de Congresos, Valencia Activa o Las Naves, se ha hecho pública la fiscalización de otros entes.
Uno de ellos, la Junta Central Fallera, sobre la que el auditor destaca, entre otras cuestiones, una falta de control en los gastos de combustible y taxis que utilizan los voluntarios del ente. Este problema ya ha sido objeto de críticas en años anteriores. Según recoge el documento "la reposición de estos gastos se realiza a solicitud" del voluntario que haya hecho un desplazamiento, en muchas ocasiones para llevar a miembros de la corte de falleras mayores, "sin que exista un mandato o encargo previo por parte de la entidad".
La deficiencia se da porque, una vez solicitada la compensación a la Junta Central Fallera, no se efectúa "ningún tipo de comprobación por parte de ésta". Una circunstancia que ocurre no sólo en gastos por combustible, que ascendieron en total a 21.500 euros en 2023, sino también en otros relativos a tickets de taxi, que en total sumaron más de 87.300 euros.
"En los gastos de restauración no se identifica en el ticket o factura el motivo de la comida, la identidad, y el número de comensales. Igualmente, en los gastos de desplazamiento en taxi no se acredita el motivo del viaje", señala el auditor. Con todo, fuentes de la JCF, que ahora preside Santiago Ballester, señalaron que ya se está implantando un protocolo para que los voluntarios justifiquen mediante un formulario los gastos realizados en este campo.
Asimismo, la auditoría ha detectado contratos sin concurso para "prestaciones de carácter recurrente" como suministro de material informático, el montaje y desmontaje de la Virgen o la organización de talleres de Expojove, lo que supondría "fraccionamiento del contrato" dado que los contratos menores están restringidos para contrataciones excepcionales.
A ello se suman críticas por el stand que una entidad privada convenió con la JCF en la Plaza del Ayuntamiento pero que "debería haberse otorgado en régimen de concurrencia o sorteo y no de forma directa". Al igual que en otras entidades, la auditoría señala que buena parte de los pagos a proveedores revisados -en este caso, el 70%- se hicieron sin que conste el certificado de titularidad bancaria. Y afea que no se hagan "arqueos periódicos del efectivo existente" en la caja.
Sobre el Organismo municipal de Parques y Jardines, la auditoría ha hallado más de 22.000 euros gastados indebidamente sin seguir el procedimiento legal así como gastos sin justificación por el objeto social del organismo como un patrocinio, la asistencia técnica a un evento o la publicidad de la Capitalidad Verde en la EMT. En este caso, los auditores detectan también pagos sin que conste el certificado de titularidad bancaria del proveedor y que el organismo tiene más de 26.000 euros pendientes de cobrar por una multa a un contratista sin que se haya "iniciado ningún procedimiento administrativo o judicial para su reclamación y posterior cobro".
En materia laboral, también afean que haya trabajadores que están ocupando puestos de trabajo de categoría superior "sine die" al "no haber iniciado la entidad las actuaciones para la cobertura" de estas plazas que están vacantes. "Esta situación da lugar a la adquisición de derechos de consolidación de los trabajadores afectados aunque vuelvan a ocupar los puestos de inferior categoría, lo que implicaría un mayor gasto para el Organismo", señala el documento, que destaca la falta de armonización en cuanto al plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad que cobra la plantilla, puesto que hay personal del Ayuntamiento que no disfruta de este complemento pese a desempeñar tareas "similares".
También en la Universitat Popular los auditores han encontrado más de 18.600 euros en gastos "indebidamente adquiridos" por incumplir el procedimiento legal además de otros 31.200 euros en suministro de electricidad en la misma situación. A ello se suma el cuestionamiento de dos contratos de informática que se adjudicaron sin concurso -con contratos menores- y que se considerarían "fraccionamiento" al existir "unidad funcional" entre ellos y no haberse licitado juntos.
Por otra parte, el documento señala que "el personal laboral de la Universidad ha recibido en concepto de complemento de antigüedad un importe de 315.947 euros, sin que dicha percepción esté contemplada en el convenio colectivo de aplicación al personal de la Entidad o en los respectivos contratos de trabajo". E insiste en que en este organismo, como en otros, tampoco se llevan a cabo "arqueos periódicos del efectivo existente" en la caja.
En cuanto a la Fundación Deportiva Municipal (FDM), la auditoría señala entre otras cosas casi 830.000 euros en gastos "indebidamente adquiridos" sin haber seguido el procedimiento legal para ejecutarlos, y deficiencias en la publicidad a entidades privadas que aparecen en la web de la Fundación pese a que sus convenios están vencidos desde 2020, por lo que la entidad "no está percibiendo ingresos" por esta publicidad. Además de que el aumento de la masa salarial registrada en 2023 es "superior al límite previsto" en los Presupuestos Generales del Estado.
