José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Choque entre los contratistas de obra pública y el Consell a cuenta de las cláusulas sociales para rehabilitar tres barrios de acción preferente de la Comunitat: La Coma (Paterna), San Lorenzo (Castellón) y Bajo Vías (Sagunto). ¿La razón? La patronal Fecoval, presidida por el empresario José Luis Santa Isabel, considera excesivas las cláusulas sociales introducidas en los pliegos, que obligan a las empresas a contratar a la mitad de su plantilla entre los vecinos de dichos lugares.
El recurso fue presentado el pasado 26 de junio. Se trata de un recurso de reposición al pliego de las cláusulas administrativas de las obras de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de los tres enclaves, todo con el objetivo de impugnar los procedimientos de contratación de estas obras.
En concreto, según detalla Fecoval a este diario, los contratistas consideran excesiva una de las cláusulas, que impone a las empresas "contratar al menos un 50% de los trabajadores necesarios para la ejecución de las obras entre personas de la localidad en situación de desempleo de larga duración, con prioridad a los residentes del barrio objeto de actuación".
"Consideramos que es un abuso para las empresas por dos razones. En primer lugar, porque puede que se trate de una condición imposible de cumplir por el perfil de trabajadores que se requiera; y en segundo lugar porque obligaría a la empresa a prescindir de su propia plantilla para dichos trabajos, con la dificultad que ha supuesto durante la crisis mantener los empleos", argumenta al respecto Fecoval.
La federación considera esta cláusula "abusiva" y advierte de que, en caso de lo lograr que se elimine, contempla iniciar un procedimiento contencioso administrativo contra los pliegos elaborados por la Generalitat.
Y de momento el choque entre ambas posturas se encamina precisamente a ese destino, porque la Entidad Valenciana d'Habitatge i Sól (EVha) -el antiguo Eige, firma de la que dependen estas actuaciones-, considera que su pliego es correcto. De hecho ya ha resuelto el recurso de reposición, negando a Fecoval su petición.
"Desde EVha se considera que no puede admitirse el recurso de Fecoval porque las nuevas tendencias en el marco normativo europeo están dirigidas claramente al impulso de la economía, especialmente en áreas en las que la crisis ha afectado con mayor virulencia (es el caso de los grupos de vivienda pública de la Generalitat). Por ello, desde este ámbito se ha impulsado la 'contratación pública socialmente responsable' que persigue, entre sus objetivos, el fomento del empleo en áreas con un alto índice de desocupación", afirma la entidad a este diario.
La EVha agrega al respecto que, "lejos de vulnerar derechos fundamentales, tal y como han asegurado desde la federación, la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública es una práctica cada vez más extendida en las administraciones territoriales y fomentada por las instituciones de la Unión Europea". "No en vano, la directiva europea en materia de contratación pública obligó a incorporarlas el pasado año al ordenamiento jurídico español", afirman.
"De hecho, este aspecto ha sido recogido por la vigente Ley de Contratos del Sector Público, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 9 de marzo, y que ha establecido la obligatoriedad de incorporar en los Pliegos de Condiciones, condiciones especiales de ejecución, en las que se impulse, entre otros, la lucha frente al paro, especialmente en el ámbito juvenil, así como el que afecta a las mujeres y el de larga duración", prosigue el organismo.
Por este motivo, según agrega el Consell, "las diferentes administraciones públicas están potenciando desde su ámbito de contratación la adjudicación de contratos a empresas que apuesten por la contratación de desempleados con dificultades para su acceso". "La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 o la Estrategia Europa 2020, así lo han contemplado", defienden.
