Los partidos abandonan a la Agencia Antifraude

VALÈNCIA. "Es un rejón de muerte a la Agencia Antifraude". Así se pronunciaba hace apenas dos semanas el síndic socialista, Manolo Mata, tras conocer que el Tribunal Supremo había inadmitido el recurso de la Agencia Antifraude contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que le obligaba a entregar al PP los expedientes abiertos sobre las subvenciones otorgadas al hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig. 

Un pronunciamiento apoyado, grosso modo, en que el Reglamento de Les Corts Valencianes que ampara a los diputados está por encima de la ley de creación del organismo que dirige Joan Llinares y que este martes los servicios jurídicos del Parlamento volvieron a reproducir en otro informe, para alegría del PPCV. Mientras, los socialistas por su parte volvían a cuestionar a los populares por "querer cargarse la Agencia Antifraude" e instaban a reformar la norma de la Cámara para proteger su labor y que el Partido Popular no pueda hacer "un uso perverso de la ley para reventar esta institución". 

Una defensa en público que, más allá de poner sobre la mesa por primera vez en semanas una posible alternativa para salvar el funcionamiento de este ente creado en 2016, viene precedida de la inacción por parte de los grupos parlamentarios, incluido aquel que en su día impulsó la Agencia Antifraude, Podemos, que desde que estalló toda la polémica ni siquiera se ha pronunciado sobre esta cuestión.  

En este sentido, diferentes fuentes parlamentarias criticaban a preguntas de este diario este martes que las propias Corts -a través del informe de los letrados- no hubieran entrado a defender la labor de la Agencia. Sin embargo, conviene apuntar que ni la Presidencia de la Cámara ni tampoco los servicios jurídicos pueden plantear cambios que impliquen una limitación de los derechos de los diputados, sino que los grupos son los únicos capaces de realizar cualquier acción que pueda hacer compatible en cierto modo tanto la actividad de la Agencia como la de los parlamentarios. 

El documento, elaborado en respuesta a una petición de amparo de Antifraude, concluye, así, que impera el reglamento del Parlamento autonómico y que la Presidencia que ostenta Enric Morera no puede negarse a tramitar solicitudes de documentación de los diputados porque no cuenta con una cobertura normativa suficiente. Los letrados se niegan, igualmente, a dictar una resolución general para limitar la tramitación de las peticiones de información. 

El informe rechaza el argumento de que la ley que regula la agencia desplace a la de Les Corts y evita asumir la responsabilidad de pronunciarse sobre si las peticiones de información de expedientes en investigación suponen una vulneración de la presunción de inocencia y de los derechos al honor y la intimidad sobre los datos de carácter personal como alega la entidad.   

Inacción y malestar ante resoluciones

Por último, recuerda que si existe voluntad de modificar el reglamento de la Cámara para que no entre en confrontación con la ley de Antifraude, corresponde a los grupos impulsarlo. El interés por hacerlo, sin embargo, no parece que se haya despertado entre los partidos por el momento. Su pasividad, especialmente y paradójicamente entre los del Botànic –que fueron las que en su día apoyaron la creación de la agencia–, no es baladí. Menos aún en un contexto en el que la actividad de este organismo ha sido cuestionada por varios frentes; el último, por parte del director de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, que arremetió contra la institución que dirige Llinares de forma abrupta en un informe sobre "irregularidades" en el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos de la empresa pública Divalterra. 

A pesar de que este sería el último enfrentamiento contra la Agencia, no obstante, no ha sido el único. Las resoluciones de este organismo también han incomodado al Ayuntamiento de València, que directamente ha hecho oídos sordos al veredicto de Antifraude sobre las ayudas directas de 25.000 euros que concedió a Escola Valenciana para la promoción del valenciano. Unas subvenciones que la institución advirtió que no podían concederse de este modo, sino que no existía motivo para no hacer una convocatoria pública que al consistorio le ha entrado por un oído y le ha salido por otro, puesto que este año volverá a concederlas de la misma manera. 

Un telón de fondo que exhibe, por una parte, el descontento que ha generado en los últimos meses sus conclusiones -también para las formaciones del tripartito, que gobiernan tanto en la Diputación de Valencia como en el Ayuntamiento-. Y, por otra, que pone en evidencia el malestar botánico por las resoluciones judiciales por permitir el acceso parlamentario a las investigaciones en curso ante las que hasta este martes decidieron no implicarse en la defensa de este órgano adscrito a Les Corts para hacer viable su ejercicio con el de los parlamentarios.