Los planes de Aumsa en obra nueva: 49 viviendas terminadas este año y 233 entre 2025 y 2026

VALÈNCIA. La falta de vivienda se ha convertido en unos de los principales problemas de la mayoría de ciudades españolas. Y València no es una excepción, con una demanda que va al alza y un producto que escasea por la rápida absorción del stock nuevo que sale al mercado. Por ello, desde el sector privado alzan la voz exigiendo ayuda a la Administración para resolver el problema de forma conjunta. Su solución pasa por el desarrollo de vivienda pública de protección, conocida como VPO, tanto a través de promociones privadas como públicas. Y en ello está trabajando la empresa municipal Aumsa a través del desarrollo de varias iniciativas de obras nueva.

Se trata de seis proyectos heredados de la anterior corporación municipal, formada por Compromís y PSPV, pero que en algunos casos no se llegaron a iniciar. Ahora, la intención es ponerlos todos en marcha, por lo que cada uno se encuentran en un estado diferente de construcción. No obstante, los recursos públicos son limitados, de modo que la gestión directa es solo una de las líneas de actuación del Ayuntamiento de València para revertir esta situación y cumplir con su gran reto en esta legislatura de levantar 1.000 nuevas viviendas en el 'cap i casal'.

En cualquier caso, la promoción pública es un eje prioritario para la Concejalía de Urbanismo, que encabeza Juan Giner. De ahí, que la empresa pública iniciara el año con el objetivo de construir 213 viviendas públicas de alquiler asequible. Para ello, aprobó un presupuesto para este ejercicio de 26,5 millones de euros, de los cuales el 65% van a esa ampliación del parque público. En cualquier caso, ello no significa que este año estén todos los proyectos culminados, dado que los tiempos administrativos y constructivos que requiere una promoción no lo permiten, pero sí iniciados.

De hecho, la empresa municipal ya ha activado los primeros 10 millones de euros del préstamos de 27 millones que le preconcedió el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2020 para financiar la construcción de estas viviendas. Una cuantía en base al coste y las certificaciones de los proyectos que actualmente desarrolla Aumsa y que irá aumentando en función de sus necesidades de financiación. A ello, se suma los fondos propios de la empresa pública. Todos los residenciales irán destinados a alquiler asequible.

Con todo, dentro de las seis actuaciones programadas, para este año la previsión es que culminen tres de ellas, que supondrán 49 nuevas viviendas para incorporar al parque público municipal. En concreto, para este 2024 se finalizarán dos edificios en la calle Sogueros, antes conocida como Ripalda. Ambos constan de planta baja y cuatro viviendas y, aunque recibieron la licencia en 2020, el proceso se ha demorado dado que la licitación para la adjudicación de las obras quedó en una primera instancia desierta. 

No obstante, uno de estos edificios ya está prácticamente desarrollado y la idea es que esté culminado en el segundo trimestre de 2024, mientras que otro lo hará unos meses más tarde, en el cuarto trimestre del ejercicio. Además, Aumsa ha culminado dos proyectos pequeños: uno de tres viviendas en Tapinería 22 y otro de 22 unidades en Moreras.

También, para este 2024 estará terminado un complejo de 41 inmuebles en la zona de Moreras. El solar cuenta con una edificabilidad de 4.416,50 metros cuadrados de techo, lo que permitirá levantar un residencial de 12 plantas con zonas comunitarias y de ocio, además de un local comercial. Aumsa tramitó en 2018 la licitación para la redacción del proyecto, pero no fue hasta 2019 cuando se concedió la licencia de obra. A finales de 2021 se aprobó la licitación de las obras, que en este momento se encuentran en una fase muy avanzada con los remates finales para finalizar este segundo trimestre.

El grueso de los proyectos, entre 2025 y 2026

Ya para el primer trimestre de 2025 se prevé que esté terminado el edificio Hortolanes número 1 con 68 unidades. En este caso, se levanta un edificio sobre un solar con una edificabilidad de 7.321 metros cuadrados de techo, que permitirá construir un bloque residencial de 12 alturas y un local comercial.

Finalmente, para el cuarto trimestre de 2026 estarán listas las 75 viviendas de un nuevo edificio de siete alturas en la Avenida de los Naranjos 9, que aun se encuentra en una fase de construcción de su estructura; así como otras 90 viviendas en Moreras 21, el proyecto más grande, y que por ahora solo cuenta con la licencia de obra concedida. Estas tres suman 233 unidades nuevas y el conjunto total de la inversión asciende a 72,9 millones de euros.

Según explicó hace meses el concejal responsable del área Urbanismo en el consistorio valenciano, estos proyectos estaban "estancados" y ahora lo que se busca es "duplicar los esfuerzos para que se diseñen nuevas actuaciones o se impulsen aquellas que estaban ralentizadas". "Queremos que Aumsa cambie su ritmo de trabajo y haga realidad los nuevos proyectos que ponemos sobre la mesa", subrayó.

Permutas y derechos de superficie

De forma paralela, otras dos líneas de trabajo para ampliar el parque público son las permutas de suelo por obra y la cesión de solares públicos a promotores para la construcción de vivienda en régimen de alquiler asequible. Por un lado, la primera línea consiste en la entrega de suelo por parte del Ayuntamiento a un promotor a cambio de un edificio construido con calificación VPO. De esta forma, se consigue, por un lado, obra nueva finalizada, al tiempo que se dinamiza la actividad promotora en la ciudad. 

En cualquier caso, esta opción será minoritaria porque la corporación municipal no quiere perder la titularidad de los suelos. El equipo de gobierno municipal ya negocia esta fórmula con promotores que tengan en estado muy avanzado promociones de VPO para conseguir producto de forma más ágil.

Por otro lado, la cesión del derecho de superficie se articulará a través de un concurso de suelo para el que ya se han identificado las primeras parcelas. Este modelo conlleva que las empresas privadas construyen en suelo público un edificio y lo explotan durante un periodo de tiempo determinado, generalmente de 50 a 70 años. Una vez finalizado ese plazo, los inmuebles pasan a ser gestionados por la Administración, que en todo momento es propietaria de los activos. 

Esta es la forma a la que recurrió el pasado gobierno autonómico, formado por PSPV, Compromís y Podem, en su concurso para construir 1.100 viviendas y que adjudicó en su totalidad a la UTE formada por Urbania y Visoren, ya que fue la única que se presentó a los tres lotes. También, la Comunidad de Madrid eligió la cesión del derecho de superficie en su plan de colaboración público-privada con el sector. Por tanto, la intención es replicar esos ejemplos y que el concurso pivote sobre esta alternativa.