VALÈNCIA. Según a quién se pregunte, es generalizado o puntual. Pero en todo caso ocurre. La implantación por parte de la Generalitat de la nueva plataforma económico financiera Nefis está dando tantos problemas como algunos vaticinaban desde el principio. Según las fuentes consultadas por Valencia Plaza, ha provocado –y sigue provocando– retrasos en el pago a los proveedores del Gobierno valenciano. Se trata de numerosas entidades, muchas de ellas sociales.
Los que tildaban Nefis del primer gran 'marrón' heredado por el nuevo Consell del PP y Vox seguramente no se equivocaban. Pero eso no evita las críticas al actual Ejecutivo por no haber realizado una transición bien planificada. Primero hubo que adaptar la elaboración de los Presupuestos de 2024 a esta plataforma. Luego llegaron los problemas con las nóminas de trabajadores sustitutos de la Generalitat de los que informó este periódico. Y ahora alcanza a los pagos a proveedores.
El llamado programa Nefis (New Economical Financial Information System) fue anunciado por el exconseller de Hacienda Vicent Soler (PSPV) en numerosas ocasiones como aquel que venía a suponer la transformación digital de la administración ante el atraso que padecía. A través de él se iba a gestionar el sistema económico y financiero del Gobierno valenciano y sus organismos autónomos. Y se preveía incluir, por ejemplo, las aplicaciones para la gestión de cuestiones de tanta importancia como las nóminas de la Generalitat, los contratos públicos, las subvenciones o los impuestos.
Adjudicado en 2019 al grupo Inetum –que adquirió Informática El Corte Inglés–, el contrato fue de 16,5 millones de euros con IVA por un periodo de tres años. Finalizaba en diciembre de 2022 y estaba cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fondos Feder. Debido a los retrasos para su puesta en marcha, el Consell tuvo que modificarlo. En junio de 2021, el plazo de ejecución se amplió a diciembre de 2023, con el consiguiente incremento del coste (en un 25%), que pasó a los 20,7 millones de euros (sin IVA) y en la actualidad se sitúa en 24,5 millones la inversión realizada.
Después de posponerse año tras año por multitud de causas (pandemia, problemas, falta de formación y reticencias de los funcionarios, riesgo en año electoral…), la Sindicatura de Comptes emitió el pasado septiembre un informe con tirón de orejas al anterior Consell del Botànic. Recordó que Nefis era el proyecto de transformación digital de la gestión económica más importante puesto en marcha en los últimos 20 años por la Generalitat y que había que seguir adelante con él pese a todo. Sus objetivos, indicó, habían sido "muy ambiciosos", acordes con la urgencia, pero "poco realistas". Lo cual derivó en un sobrecoste del 48% y un retraso en los plazos de ejecución previstos inicialmente (que pasaron de 36 a 60 meses).
Con esta recomendación de ponerlo en marcha igualmente, el nuevo Consell decidió que ya se aplicaría en 2024. El problema, según algunas fuentes, es que a la hora de la verdad los funcionarios no saben usarlo para cuestiones como, precisamente, la tramitación de facturas. De hecho, en su momento ya mostraron malestar y preocupación porque consideraban insuficiente la formación recibida.
En este momento se están tramitando facturas correspondientes a finales de 2023 más las de 2024 y se acumulan los retrasos. Algunas fuentes apuntan a fallos en el volcado de los datos en el inicio del año, lo que provoca que no se esté pudiendo abonar la factura cuando toca. De hecho, indican que hay funcionarios picando a mano los citados datos y que mientras tanto reciben formación sobre cómo usar el sistema para el pago de facturas.
Lo primero que se volcaron fueron todas las obligaciones adquiridas del año pasado. Lo que se conoce como el pago mediante resarcimiento por enriquecimiento injusto. Se trata de facturas pendientes por obligaciones comprometidas en 2023 sin que existiera crédito adecuado y suficiente y las cuales se tienen que asumir ahora con el Presupuesto de 2024. Desde la Conselleria de Hacienda trasladan que algunos de los retrasos se deben al recurso a este tipo de pago.
El departamento que dirige Ruth Merino admite también atrasos por el programa Nefis. Niega, eso sí, que sean generalizados y asegura que son "puntuales". "La implantación de la plataforma, por el cambio metodológico que implica un proyecto de digitalización de tal envergadura, requiere de un periodo de adaptación que puede causar incidencias puntuales. Entendemos el perjuicio que los eventuales retrasos puedan causar a las entidades afectadas y agradecemos el esfuerzo que todo el personal de la Generalitat que está implicado en resolverlas cuanto antes", señalan.
El problema afecta a entidades sociales. Algunas de ellas, que gestionan ayudas a familias u ofrecen servicios de atención a colectivos vulnerables, comentan a este periódico que la Generalitat les comunicó los problemas para los pagos a causa de Nefis y que tratarían de solucionarlos lo antes posible. La situación tampoco es excesivamente nueva para ellos porque remarcan que el anterior Consell también se retrasaba algunos meses por otros motivos. Sin embargo, sí muestran su preocupación por si la situación se dilata en el tiempo y perjudica al mantenimiento de los servicios.
De hecho, en algunos casos han de recurrir a que los bancos les adelanten préstamos presentando un reconocimiento de deuda por parte de la Generalitat. Algunas fuentes apuntan a que estas solicitudes incluso están llegando al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Desde la Conselleria de Hacienda únicamente subrayan que la línea de financiación del banco público dirigida a entidades sociales mediante el anticipo de los derechos de crédito derivados de acciones concertadas y de subvenciones otorgadas por la Generalitat lleva varios ejercicios a disposición de estas entidades y que la línea de 2024 está dotada con 75 millones y se ofrece en mejores condiciones que en años anteriores.
Las dificultades alcanzan igualmente a la gestión de otros organismos, como el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia), que ya ha protestado por lo que califica de una "completa paralización económico administrativa" derivada de la implantación de Nefis, tal como publicó Levante-EMV.