Los promotores de la residencia de la Saïdia van a la justicia: cifran el proyecto en 15 millones de euros

VALÈNCIA. Lo habían anunciado y así ha sido. Los promotores de la residencia proyectada en el barrio valenciano de la Saïdia han ido a los tribunales contra la suspensión de licencias aprobada por el Ayuntamiento de València el pasado mes de julio. Una moratoria que pretende impedir la construcción, en las conocidas como naves de Guala, del complejo hotelero y residencia de 575 habitaciones.

La compañía promotora, Inversiones Gran Valencia 2005, presentó ante los juzgados un recurso contra la suspensión después de que el Ayuntamiento de València ya rechazara sus alegaciones el pasado mes de septiembre. Un recurso que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 ya ha admitido a trámite, según informó la propia firma la pasada semana.

La sala ha de reclamar al Ayuntamiento, tras la admisión a trámite del recurso, el expediente municipal de la suspensión de licencias antes de la formalización de la demanda por parte de la compañía. Los promotores han cuantificado el coste del proyecto del complejo en 15 millones de euros, según ha podido saber este diario. A este montante, habría que sumar otros 33 millones de euros que ya anunció la compañía que reclamaría en concepto de daños y perjuicios a causa de la paralización de la iniciativa, si bien esta compensación sería objeto de otro proceso.

El Ayuntamiento de València aprobó en el pleno de julio la suspensión de licencias para llevar a cabo una modificación puntual del planeamiento urbanístico con el que convertir estas parcelas en dotacionales e imposibilitar así el desarrollo del proyecto, que cabe recordar, fue presentado al Ayuntamiento hace cuatro años, en 2020. Desde entonces, la iniciativa -adelantada por Valencia Plaza en su momento- ha discurrido por el camino administrativo pero se topó el pasado mandato con un fuerte rechazo vecinal.

La presión de las asociaciones hizo que tanto el anterior gobierno (Compromís-PSPV), dirigido por Joan Ribó, como la candidata y más tarde alcaldesa, María José Catalá, rechazaran el proyecto y se comprometieran a frenarlo. Hasta el punto de que justo hace un año, el pleno aprobó una moción para iniciar los cambios urbanísticos requeridos para ubicar dotaciones públicas donde se había proyectado la residencia.

Tras el cambio urbanístico, el consistorio deberá expropiar los terrenos, indemnización mediante que, si se alcanzara un acuerdo entre Ayuntamiento y propiedad, podría ejecutarse con una permuta de suelo para evitar un desembolso de las arcas municipales. Ya cuando anunció el recurso, la firma ya advertía de que la modificación de planeamiento debería "ir acompañada de una previsión presupuestaria para indemnizar las pérdidas y perjuicios, así como el coste evidente por la expropiación de derechos que ello implica, en detrimento evidente de las arcas públicas por el alto coste que le va a suponer tal decisión".

Un acuerdo, en ese sentido, se antoja lejano, muy lejano, pues las conversaciones entre ambas partes parecen inexistentes, según la propia firma, quien la pasada semana afeó públicamente que ni la alcaldesa ni el edil de Urbanismo, Juan Giner, se hubieran puesto en contacto con la entidad tras aprobar la suspensión de licencias y el anuncio del recurso por parte de la empresa. Por lo que criticó que el consistorio pretenda "hacer y deshacer al antojo municipal" sin contar con los propietarios: "Ni una sola llamada hemos recibido, ni un mensaje de respeto y consideración", afearon.

En ese sentido, los promotores lamentaron que según el consistorio sus derechos no son "merecedores de protección". "Después de varios años de trabajo profesional en un expediente" por parte, "tanto los promotores como de los propios funcionarios municipales, ahora por las razones que se les antoja, se suspende la tramitación", destacó la afirma, que insistió en que así se deja "un proyecto digno y beneficioso para la ciudad en la estacada" para "contentar los deseos subjetivos del vecindario y no de la ciudad".

A su juicio, es una "decisión arbitraria sujeta exclusivamente a un compromiso político inexplicable", pero señala que "en la actualidad sí que existe un interés social" por el proyecto "muy superior" pero "ajeno a las oscuras lentes de los dirigentes municipales", dado que "subyace una necesidad social galopante de vivienda, de inmuebles que acojan a la ingente cantidad de estudiantes que escogen" València "para formarse en sus universidades".