Los 'zombies' de Engloba reconocen que nunca trabajaron en Imelsa

VALENCIA. Dos de las personas investigadas como presuntos trabajadores zombies de Imelsa han reconocido que nunca trabajaron para la empresa pública Imelsa. Ambos eran de la plantilla de una de las empresas del grupo Engloba Comunicación.

Los dos, en su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ratificaron las sospechas de los investigadores de la Operación Taula. Ahora falta que ambos ratifiquen lo dicho en presencia de los agentes ante el magistrado instructor Víctor Gómez y el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce.

Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, los dos acusados reconocieron “que nunca habían trabajado para Imelsa pues en realidad pertenecían a una empresa de gráficas del grupo empresarial de José Adolfo Vedri pero que, sin embargo, su sueldo sí que lo pagaba dicha empresa”.

Las confesiones de ambos investigados no han sido las primeras, ni serán las últimas dentro del macroproceso que investiga la presunta trama corrupta liderada supuestamente por el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, y por los también investigados Marcos Benavent, Máximo Caturla y Emilio Llopis.

Nueva pieza

El magistrado Víctor Gómez Saval ha imputado en esta nueva pieza a 28 personas “entre las que hay 15 que presuntamente cobraban de la empresa Imelsa sin acudir a trabajar y otras ocho personas que percibieron indemnizaciones innecesarias y arbitrarias a costa del erario público”, tal y como consta en el auto al que tuvo acceso Valencia Plaza y que se envió a las partes el pasado viernes tras levantar el magistrado el secreto de sumario de la pieza  de los zombies.

El juez les acusa de prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental. Además de los presuntos trabajadores zombies, en esta parte de la causa también están siendo investigado Alfonso Rus, Marcos Benavent, la jefa de recursos humanos de imelsa, el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, el exdirector financiero de la sociedad, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y el empresario José Aldolfo Vedri. El grupo Engloba Comunicación, así como el club de fútbol Olimpic de Xàtiva figuran como posibles responsables civiles a título lucrativo.

Rechazo del archivo del pitufeo

Por otro lado, este lunes el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto delito de blanqueo de capitales en la pieza separada del “Caso Imelsa”, ha rechazado la petición de archivo planteada por dos concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital, Alfonso Novo y Beatriz Simón, y por tres exasesores. Todos ellos seguirán teniendo la condición de investigados en esta pieza separada del “Caso Imelsa”.

Según consta en el auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza “en la instrucción de una causa penal, salvo que aparezcan hechos que evidencien de modo patente, la exclusión de una persona en la participación de los hechos investigados, la decisión sobre el sobreseimiento o la continuación del proceso para la preparación de enjuiciamiento es deseable que se tome al fin de la instrucción, no antes, porque es entonces cuando se puede valorar a tal efecto el resultado conjunto de las pruebas practicadas”.

El magistrado también recuerda a los investigados que “en este caso, pese a lo alegado, la instrucción no está concluida. Al margen de nuevas diligencias que puedan acordarse, está pendiente el análisis de documentación por la U.C.O. relativa a los hechos investigados (dispositivos móviles y documentación intervenida en la sede del Grupo municipal). Pende la elaboración y recepción de informe policial al respecto. Y también está pendiente la contestación del Partido Popular acerca de la normativa o instrucciones de control interno relacionadas con el funcionamiento económico del Grupo y la cuanta investigada”.

El instructor considera prematura la petición de sobreseimiento, solicitud a la que se había opuesto el fiscal; recuerda que la instrucción no está concluida y que faltan diligencias por practicar.

En su auto, el magistrado también considera conveniente esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana respecto a los aforados Rita Barbera (exalcaldesa de Valencia) y Miquel Domínguez (exconcejal y diputado autonómico) para evitar pronunciamientos contradictorios.