Ximo Puig y Joan Ribó en una comparecencia institucionalEl presidente de la Generalitat asegura que en el caso del viaje a Galicia de Ribó no ve "corrupción por ninguna parte" y critica que pueda caerse en "una caza de brujas absurda"
VALENCIA. El eco de las declaraciones pronunciadas el pasado martes por el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), todavía resuena en la cabeza de un buen número de cargos del Gobierno valenciano y de otras instituciones, especialmente dentro de los que militan en la formación socialista. El máximo responsable municipal, preguntado por la apertura de diligencias sobre su viaje junto a diez personas a Galicia para el acto 'alcaldes por el cambio' que costó más de 7.000 euros al Ayuntamiento, aseguró que dimitiría si resultaba investigado (término que ahora sustituye al de imputado).
"No es que estoy dispuesto a dimitir, es que estoy obligado a dimitir. Yo soy coherente", subrayó el alcalde de Valencia. Una afirmación que muchos podrían considerar valiente pero que otros, altos cargos en concreto, ven "imprudente" e incluso "populista".
El propio presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, quitaba hierro ayer a la situación de Ribó. "No veo por ninguna parte un caso de corrupción. Por lo que sé, ese viaje es un servicio al debate público donde no existe ninguna malversación y no veo en absoluto ningún tipo de implicación de carácter que pueda ser equiparable a un caso de corrupción", defendió Puig, quien también añadió: "Creo que en estos momentos tiene haber mucha transparencia y honradez pero lo que no puede haber es una especie de caza de brujas absurda", subrayó, para criticar a continuación que el objetivo del PP valenciano es, a su juicio, intentar "manchar a todo el mundo".
En privado, algunos altos cargos del Consell así como otros concejales se mostraban más críticos por el "listón demasiado bajo" en el que situaba la dimisión el alcalde de Valencia. Así, desde el segundo escalón de la Generalitat, fuentes socialistas consultadas por este diario apuntaban como posibles consecuencias "la ralentización o estancamiento de la gestión" por temor a incurrir en cualquier irregularidad administrativa. "Ya estamos teniendo dificultades en la Administración para agilizar trámites porque nadie quiere firmar", señalaba este miércoles un alto cargo del Consell.
Por otro lado, tal y como deslizaba el propio Puig, algunos cargos socialistas ven en las declaraciones de Ribó un reclamo perfecto para incentivar la judicialización de la política por parte del PP e incluso de Ciudadanos en un futuro. Es decir, fomentar la estrategia de buscar la imputación de los cargos del gobierno local o autonómico.
