VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València dio luz verde esta semana a una de las medidas más contundentes contra los apartamentos turísticos en el Cap i Casal: una moratoria de licencias en edificios residenciales y bajos en la mayoría de la ciudad. Una medida que durará un año mientras la concejalía de Urbanismo aprueba restricciones permanentes. De esta manera, las licencias que se hayan presentado desde el pasado jueves, cuando entró en vigor la moratoria, ya no se tramitarán. Y las que se hubieran presentado antes, deben seguir tramitarse y concederse si cumplen la normativa vigente. Excepto una parte: unas 430 licencias que se encuentran en una suerte de limbo.
Se trata de todas aquellas solicitudes que entraron en la concejalía de Urbanismo en los meses de abril y mayo, 20 y 411 respectivamente. Como publicó Valencia Plaza, fueron semanas de un auténtico 'boom' de peticiones, especialmente la última semana de mayo, justo antes de aprobarse la moratoria. Para este grupo de permisos todavía no ha finalizado el plazo que legalmente tiene el Ayuntamiento para resolver una licencia, que es de dos meses. Así que estas también quedarán paralizadas, pero desde la patronal de pisos turísticos alertan de que la ley prevé indemnizaciones si finalmente no salen adelante.
Hay que acudir a una de las aclaraciones que recoge el acuerdo del Ayuntamiento, donde explica expresamente que la suspensión de licencias "no afectará a aquellas" que "sean autorizables" y "haya transcurrido su respectivo plazo de resolución y notificación". Esto es, que aquellas que todavía estén en el plazo de respuesta (dos meses), sí quedarán paralizadas y no se tramitarán por los técnicos municipales, lo cual puede conllevar que más adelante, cuando se levante la suspensión de licencias, el consistorio tenga que atender reclamaciones administrativas si se rechaza la concesión de estos permisos.
La Ley valenciana urbanística tiene un artículo que aborda precisamente el momento en el que expira la suspensión de licencias, que se da, o en el plazo de dos años como máximo, o cuando el Ayuntamiento haya aprobado las nuevas normas. Unas normas más restrictivas que las actuales. Y por eso la ley recoge que "serán indemnizables" aquellos casos en los que, con el nuevo planeamiento en la mano, se denieguen licencias que quedaron paralizadas y que se tendrían que haber concedido "de no haber mediado cambio de ordenación".
En román paladino: los 430 permisos que se presentaron en abril y mayo y que quedarán en el limbo, si cumplen la actual normativa pero no la que se apruebe dentro de un año, y se acaban rechazando por ello, podrán ser objeto de compensación. Y en ese caso, la administración debería indemnizar "el coste del proyecto" así como devolver "los tributos y cargas que se hubieran devengado". Desde el gobierno local rechazaron valorar esta posibilidad y emplazaron a esperar a dicho momento, pero desde la asociación de viviendas turísticas auguran reclamaciones por este motivo.
"El Ayuntamiento de Valencia se enfrenta a tener que afrontar indemnizaciones cuantiosas" en el caso de que los promotores acudan con reclamaciones al consistorio, advierte el abogado Rafa Encarnación, quien ostenta la secretaría de la Asociación Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia (Avaec), para citar expresamente el artículo de la ley valenciana urbanística precisamente porque este grupo de permisos suspendidos se presentó antes de aprobarse la moratoria.
Ciertamente, la literalidad de la ley no diferencia entre aquellos permisos con el plazo de respuesta cumplido de aquellos para los que todavía no se había rebasado este plazo. Diferenciación que sí fija el Ayuntamiento para determinar qué expedientes se paralizan y cuáles no. En tal caso, no se descarta que, si hubiera reclamaciones, tuvieran que ser los tribunales los que finalmente hicieran la interpretación de la norma.
Los informes redactados por los técnicos municipales que han servido para dar sustento jurídico a la moratoria constatan un "alarmante crecimiento" de las solicitudes de permisos para nuevos usos terciarios de vivienda turística, "muy particularmente de las ubicadas en planta baja", precisa el informe del departamento de Licencias. Los registros se han disparado durante el último año pero "especialmente en los meses transcurridos del año en curso y todavía más en las últimas semanas".
En concreto, en casi cinco meses que llevamos de 2024 se han registrado 733 títulos habilitantes, de los cuales casi 500 son licencias y el resto declaraciones responsables. Para poner en contexto: en todo el año pasado fueron 456, lo cual ya era en sí mismo un incremento respecto a la tendencia anterior, con una media anual de 92. Pero es destacable que la gran mayoría de los permisos solicitados este 2024 se concentran muy especialmente en el mes de mayo. Mientras que en los meses anteriores se registraban entre 50 y 60 peticiones, el mes de mayo disparó todos los registros anotando un récord de 506 solicitudes, la mayoría, cabe resaltar, en la última semana de mayo, justo antes del anuncio de la alcaldesa del pasado viernes.