VALÈNCIA. El abogado y exportavoz del PSPV en Les Corts Valencianes Manolo Mata ha pedido a la jueza encargada del caso Azud la nulidad del registro de los correos electrónicos de José María Corbín, cuñado de Rita Barberá e investigado en la causa. Una diligencia que ha sustentado parte importante de la instrucción, centrada en el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
El que fuera 'número dos' de los socialistas valencianos ejerce la defensa del empresario Jaime Febrer, uno de los considerados cabecillas de la trama, pero en sus escritos suele aludir a las actuaciones referentes a otros acusados. Mata se refiere al auto dictado por la magistrada en 2017 en el que acordaba el acceso a estas comunicaciones de Corbín y a toda la información albergada en servidores, copias de seguridad, nubes y cualquier otro soporte informático relacionada con su despacho de abogados. "Tan extravagante solicitud, acceder al contenido íntegro de todos los correos electrónicos de una o varias personas durante décadas, no sólo no está permitido sino que está expresamente prohibido por nuestra ley", indica el letrado.
La diligencia, afirma Mata en su recurso, es "ilegal, inconstitucional, invasiva de derechos fundamentales, prospectiva y permite vulnerar la intimidad del investigado y de todos y cada uno de sus contactos sin la más mínima cobertura legal". Ésta, prosigue, ha servido para "investigar a una sesentena de personas, varias decenas de empresas, en secreto, durante más de cinco años, tratándose de una diligencia radicalmente nula, que vicia de nulidad a todas las actuaciones practicadas a partir de ella".
Por ello, opina que la única solución es sobreseer las actuaciones "respecto de todos y cada uno de los investigados" al entender este registro de los correos lesivo en base al derecho europeo y al no haber "ley habilitante alguna para extraer contenidos a través de prestadores de servicios". Así, menciona la vulneración de derechos fundamentales (en concreto, derecho a la intimidad personal y familiar), del derecho al secreto de las comunicaciones, del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías y del derecho a conocer la acusación y la defensa.
El abogado cita diversa jurisprudencia, como una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado abril, sobre la intervención de comunicaciones. Y expresa que sólo se puede hacer entre el último y los dos últimos años. Lo que se pretende con Corbín, señala, es "averiguar quiénes son todas y cada una de las personas con las que ha hablado, todo lo que se han escrito mutuamente y todos los archivos intercambiados". "La legislación europea y española es taxativa: se puede obtener de los proveedores de servicios datos relativos al tráfico y a la localización de los últimos doce meses, jamás en cuanto al contenido", añade.
Mata comenta igualmente que "en el estadio inicial de un procedimiento abierto en base a meras presunciones por delitos que luego se han desestimado, como el de malversación de caudales públicos, se ha producido una grave vulneración de los derechos fundamentales de los investigados que nunca habrían pasado a serlo sin la vulneración".