VALÈNCIA. El gobierno municipal de València cerró en verano el primer curso político de un mandato en el que la alcaldesa de València, María José Catalá, buscaba desbloquear deberes pendientes que consideraba claves en el Cap i Casal. Por lo que encomendó a uno de sus ediles, José Marí Olano, la nueva concejalía de Grandes Proyectos para llevar a buen puerto las negociaciones pertinentes. Doce meses después, se puede decir que, al menos, el gobierno local afronta el segundo curso con las tareas ya encarriladas.
No ha resultado del todo sencillo, hasta el punto de que los logros para dejar en vías de resolución los principales embrollos del consistorio no se pudieron dar por cumplidos hasta llegada la temporada estival, doce meses después del aterrizaje de los populares al ejecutivo local. Hasta entonces, todavía no se veía la luz al final del túnel para la reactivación de las obras del Nou Mestalla, la concreción para la nueva gestión de La Marina de València o el futuro soterramiento de las vías ferroviarias de Serrería.
Durante ese tiempo, la falta de acuerdo político primero en el gobierno -PP y Vox- y después con la oposición -Compromís y PSPV- lastró, junto a la batalla judicial planteada por el Valencia CF, la solución urbanística para el futuro estadio, que se resolvió en julio. Los trabajos administrativos para la constitución de un nuevo órgano de cooperación entre el Ayuntamiento y el Puerto para La Marina ya ha cumplido sus últimos trámites. Y el disenso con el Ministerio de Transportes, que no se empezó a superar hasta el mes de julio, retrasó un pacto para sacar adelante una infraestructura clave para el gobierno local, el soterramiento de Serrería.
Quizá el conflicto más mediático, por su envergadura, su historia y su componente futbolístico, ha sido el del Nou Mestalla. La anulación del plan urbanístico aprobado hace una década por los incumplimientos del Valencia CF con la construcción del nuevo estadio acabó en los tribunales y no fue hasta marzo cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) avaló dicha decisión. El fallo, recurrido por el club, dejaba el camino libre para aprobar los nuevos condicionantes urbanísticos.
El gobierno local, con el edil Juan Giner a la cabeza de la concejalía de Urbanismo, buscaba sacar adelante las fichas urbanísticas antes del 3 de agosto, cuando finalizaba la suspensión de licencias vigente. En ellas, se condiciona la disposición de los suelos terciarios y residenciales del entorno del Nou Mestalla y del antiguo estadio a que el club construya el polideportivo de Benicalap y reactive las obras del nuevo coliseo.
La negativa de los socios de gobierno, el grupo municipal de Vox, dirigido por Juanma Badenas, reacio a aprobar ningún beneficio para el Valencia CF, dificultó las negociaciones y la posibilidad de desbloquear el panorama urbanístico del Nou Mestalla hasta última hora. Lo que obligó a los populares a buscar el acuerdo con la oposición, que llegó el último pleno del curso, justo antes de agosto. Esto, junto con la reciente concesión de la licencia de obras para reactivar el Nou Mestalla, dejan el trabajo político encarrilado. A falta de ver si el club che cumple con el compromiso de empezar las obras antes de enero.
El departamento de Grandes Proyectos también está detrás de los trabajos para la constitución del nuevo órgano de cooperación con el Puerto para La Marina de València. Mientras se ultima la liquidación del Consorcio Valencia 2007, hasta ahora gestor del espacio, la alcaldesa anunció en diciembre la creación de un nuevo órgano con la Autoridad Portuaria, por lo que ambas partes han estado trabajando en un convenio que lo alumbre. Antes de verano se estaba ultimando el borrador del texto, y la pasada semana el gobierno municipal ha dado el visto bueno al texto, que suscribirán ambas instituciones.
Con su creación, se culminará el trabajo de más de nueve meses para desbloquear el futuro de La Marina. El nuevo organismo en realidad no será un ente de gestión conjunta como lo fue el antiguo consorcio, al que se cedieron los inmuebles del enclave, sino que tanto Ayuntamiento como el Puerto se encargarán de sus propios bienes, que ya han recuperado. En ese sentido, servirá para poner en común proyectos y tomar decisiones de una manera coordinada para los diferentes espacios que componen La Marina.
La materialización del soterramiento de las vías de Serrería no se prevé a corto plazo. Pero el acuerdo político, imprescindible para desarrollar el proyecto, parece ya un poco más avanzado de lo que se esperaba hace apenas tres meses. En junio, tras una reunión entre el propio Olano y la secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio, Marta Serrano, el choque entre ambas partes acerca de la solución a implementar para la infraestructura auguraba un largo proceso de negociación.
Había tres alternativas: la integración 'blanda' sin soterramiento, un soterramiento intermedio hasta superar el barrio de Moreras (un kilómetro de túnel) o la que contemplaba un soterramiento total de las vías, hasta alcanzar la V-30 (1,6 kilómetros). Mientras que el Ayuntamiento exigía la obra de mayor envergadura y la más cara (200 millones de euros), el Ministerio de Óscar Puente sólo se abría a estudiar la segunda, valorada en unos 150 millones, dado que, según sus técnicos, la opción consistorial estrangularía los accesos ferroviarios al Puerto porque las pendientes para el tráfico de mercancías no serían las adecuadas.
Habría que esperar hasta a finales de julio para que la alcaldesa anunciara que Ayuntamiento y Gobierno habían alcanzado un principio de acuerdo respecto al soterramiento parcial, la solución intermedia que permitiría liberar las vías a los barrios de Penyarroja, Natzaret, Moreras y toda la zona del PAI del Grao, cuyo desarrollo óptimo dependía de esta actuación. Pese al rechazo de la Federación de Vecinos, la idea, así pues, es elaborar un protocolo de actuación antes de acabar el año, y negociar la financiación de las obras, el otro gran aspecto a aclarar.
Desde el consistorio reclaman una inversión similar a las obras del Parque Central, cuya participación cuenta con el 50% del apoyo económico del Gobierno mientras que la Generalitat y el Ayuntamiento se reparten el resto a razón del 25%. El Gobierno ya ha señalado que busca acogerse a la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que prevé la financiación de las obras por parte de Adif de hasta el 30%, al ser una actuación de "integración urbana".
